Félix Hernández Gamundi y Pola Grijalva
En Por México Hoy estamos preguntándonos qué sigue en la construcción de un nuevo aparato de Justicia en México, ahora que se ha concretado la elección de los 9 ministros para la Suprema Corte, 2 Magistrados y los 870 jueces en este primer ejercicio (falta la otra mitad que serán electos en 2027, en fecha aún desconocida).
Quedó claro que este proceso electoral no fue capaz de atraer la participación masiva de los ciudadanos, ya sea porque no se entendió el mecanismo, no se entendió la importancia del hecho, o porque la integración de las listas no fue el resultado de un proceso democrático y más bien repitió el mismo método vertical de los partidos para integrar plantillas de candidaturas, a pesar de que se insistiera que esta no es una elección partidista.
El método puesto en marcha para elegir juzgadores tiene que ser rediseñado, no podemos repetir un ejercicio (que puso en jaque al INE y a los tribunales electorales) en el que 13 millones de votantes tuvieron que emitir cientos de millones de votos, para elegir a 890 funcionarios judiciales, y todo esto a pesar de los “acordeones” que, aunque se insiste que no son ilegales, en realidad son ilegítimos y violentan los principios de un proceso justo, transparente y democrático.
Por decir lo menos, la necesidad de legitimar a los miembros de este nuevo poder judicial debe pasar por un plan claro de construcción institucional interna, que le dé cuerpo y forma a una capacidad renovada de impartición de justicia... y esto va mucho más allá del uso de los símbolos de los pueblos indígenas.
Pasado de moda aquél dicho de que “la forma es fondo”, hoy la forma parece hueca, pues no expresa con claridad el mensaje de si estamos ante una DECISIÓN DE ESTADO PARA AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA.
Sin duda esto es necesario y urgente. Hemos estado llamando y denunciando el brutal atraso en el desahogo de expedientes de los más pobres que se encuentran en prisión sin ser juzgados, destinados a que en años y hasta décadas después, se les emita una sentencia que difícilmente se basará en el debido proceso. Según datos de Inegi, en 2024 había 85,547 reos en prisión preventiva, por la ineficiencia del aparato de justicia y la falta de recursos de la familia para contratar defensoría privada, que se hace indispensable ante la ineficacia del Sistema de Público de Defensoría de oficio.
Se criminaliza al pobre porque en realidad, al depender los abogados de oficio de las fiscalías están realmente respondiendo al acusador y no al defendido y peor aún si los presos son activistas, campesinos en lucha, indígenas que defienden sus tierras, mujeres y jóvenes acosados. Este tema, debería ocupar la más alta prioridad en términos del constructo institucional.
El perfil del Lic. Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte electo, entendemos, se explica por la necesidad de poner el asunto de los pueblos indígenas en un lugar preeminente. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hemos conocido cuál es su postura, su plan de acción, su visión y sus prioridades. Sr. Ministro, tiene usted la palabra, lo escuchamos.
En futuras entregas abordaremos en detalle varios de los temas aquí apuntados, pero es claro que urge diseñar un nuevo modelo de justicia que incluya todo el aparato de procuración, es decir, ministerio público, fiscalías, Fiscalía General de la República, sistema penitenciario y defensoría de oficio; de forma que garanticen FIN DE LA IMPUNIDAD Y JUSTICIA PLENA PARA TODAS LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONDICIÓN ECONÓMICA Y/O SOCIAL.
Necesitamos un modelo, para que 130 millones de mexicanos accedamos a un estado de derecho. Sin esta garantía NO SE PUEDE HABLAR DE TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA.
Miembros de Por México Hoy
