Por CARLOS LAVORE
Las intervenciones extractivistas en el territorio casi siempre detonan procesos de denuncia y resistencia organizada, ya sean de pueblos, comunidades, colectivos sociales, especialistas o medios que velan por los intereses populares y de la nación. Abundan los ejemplos en todo el país, como el rechazo a la minería en la Sierra Norte de Puebla, contra la deforestación en Michoacán (Cherán), la defensa del agua en Baja California Sur y en la región Yaqui o en Yucatán y Veracruz por las grandes factorías porcícolas.
Los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico (analizados en sendos artículos) son parte de esta dinámica y paradigmáticos de lo que ocurre en el país, de cómo se ocupa el territorio desde una visión dependiente y cómo se contiene o reprime a quienes se oponen.
El Tren Maya, a cargo del Ejército, ha sido calificado como un proyecto ecocida y etnocida por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, tiene decenas de amparos judiciales por afectaciones al medio ambiente, la biodiversidad y los derechos indígenas y comunitarios. Se oponen, entre otros:
Colectivo Selvame del Tren, Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xiinbal, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Colectivo Voces Unidas por la Selva Maya, Consejo de Comunidades Indígenas y Campesinas de los Chenes, Comunidades de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Bacalar, Colectivo Guardianes del Manglar, Centro Comunitario “U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on”, Consejo Popular Indígena de Calakmul; Consejo Regional Maya de Bacalar, Colectivo de Semillas Much´Kanan I´naj, CEMDA, así como numerosos espacios académicos, investigadores y especialistas.
El Corredor Interoceánico, a cargo de la Marina, genera similares respuestas por parte de diversas organizaciones, algunas de las cuales son:
En Oaxaca, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Juchitán; Unión de las Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Asociación Civil Maderas del Pueblo, Los Chimalapas; Asamblea Comunitaria de Puente Madera; Movimiento Sindical Ferrocarrilero Demetrio Vallejo Martinez, Matías Romero; Monakapuy Organización Comunitaria, San Mateo del Mar; Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Ranchu Gubiña; Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida, Unión Hidalgo; Red de Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM), Matías Romero; Colectivo Gulucheño por la Vida, Santo Domingo Zanatepec; Asamblea de la Comunidad Benito Juárez, San Miguel Chimalapa; Resistencia Civil Mixtequillense. En Veracruz, Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, Coatzacoalcos; Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Martha. San Juan Volador. En conjunto, Organizaciones de la Misión Civil de Observación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (ver informe mayo 2021-mayo 2024); Colectivo Popular El Sur Resiste.
Con este recuento preliminar e incompleto se intenta poner de manifiesto que “un gobierno que se dice del pueblo no incorpora los elementos básicos de la apropiación social del desarrollo: diálogo e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias, que favorecen la creación de espacios de confianza, equidad e inclusión propicios para fomentar transformaciones sociales” (Carlos Heredia). Se opta por la imposición desde una lógica extractivista.
Por su naturaleza los megaproyectos en general son profundamente disruptivos de las relaciones socioculturales, productivas y ambientales, por lo que su consideración debe inscribirse en un proyecto nacional de desarrollo con amplio consenso y su diseño y ejecución debe efectuarse con participación plena y organizada de la población.
Un desarrollo soberano debe partir de las regiones con sus habitantes, no de lo global; sustentarse en los pueblos, comunidades y productores que impulsan en el territorio sólidas iniciativas de economías colectivas y solidarias; reconocer como interlocutoras a las diversas organizaciones desplegadas en todo el país en defensa de lo propio (ambientales, productivas, laborales, sociales). En conjunto son un referente para la reconstrucción nacional, partícipes ineludibles en la definición de políticas públicas. Ese conjunto, hoy disperso y fragmentado debe transitar hacia una articulación de esfuerzos en torno a una agenda común elaborada entre todos e impulsada como mayoría social y política. Desde el campo, las sierras, las ciudades, los pueblos y las costas.
Un país independiente debe tener una institucionalidad democrática e incluyente, desmilitarizada y descriminalizada, que exprese los intereses de toda la población, y con capacidades suficientes para: desplegar una política industrial autónoma no subordinada a la maquila (nearshoring) y que integre cadenas de valor propias; regular y controlar la explotación de bienes naturales (minería, agua, bosques); impulsar la autosuficiencia alimentaria; aplicar una reforma fiscal progresiva; responder al desafío criminal de manera integral (territorio, finanzas, economía, política, cultura); apoyar los ejemplos de desarrollos autónomos, con comunidades organizadas y solidarias; restituir el tejido social y las instituciones desde lo local.
Es necesario reformular la relación entre gobierno y sociedad, a partir de un proyecto de país igualitario, con justicia, libertad y soberanía, formulado desde abajo. Con una planeación integral de ocupación del territorio elaborada con participación social en todos los órdenes, que promueva actividades productivas en armonía con la naturaleza y capitalice racionalmente las potencialidades del país. Por la vida y la soberanía.
Integrante de Por México Hoy
