Emilio Pradilla Cobos
Al leer las noticias observamos que hay dos ritmos distintos en las “reformas” constitucionales aprobadas por la “cuarta transformación”: hay unas que se validan para su aplicación inmediata, y hay otras que se votan o se anuncian para que se vuelvan ley solo hasta 2030, cuando el actual gobierno federal concluya su periodo y el responsable de su aplicación sea el que decidan los electores ese año y que podría no ser de Morena si la democracia liberal sigue vigente. El “futuro lejano” en la política partidista permitirá aún muchas maniobras en estos años.
Esta extraña manera de aplicar el tiempo en las “reformas” tendría una sola explicación: si afectan el ejercicio inmediato del poder o el control ejercido sobre los votos y los votantes, entonces se aplican YA. Es el caso de la militarización de la seguridad pública; de los múltiples apoyos económicos a diversos sectores hechos constitucionales, que no afectan directamente a la pobreza, pero sí las decisiones de voto; o la Reforma Judicial que, a pesar de poner patas arriba todo el funcionamiento del tercer componente “autónomo” del Estado Liberal —autónomo solo de palabra—, lleva a una elección que hasta ahora no está garantizada en su funcionalidad.
Si ellas afectan al futuro inmediato del ejercicio de la política a la manera morenista, donde dominan ya las formas tradicionales de practicarla heredadas del PRI y el PAN a través de los saltamontes que fueron de esos partidos y ahora están actuando como morenistas de hueso colorado en la dirección de ese partido, o si afectan particularmente a la práctica de los eternos dueños de la economía y la política: los grandes empresarios, entonces tienen fecha para 2030.
La prohibición de la participación de familiares de actuales gobernantes en las elecciones para un cargo, ante la segura e inmediata postulación de familiares muy cercanos, se aprobó para operar desde 2030 para no afectar sus intereses. Pero no se prohíben los nombramientos habituales de familiares en otras instituciones de gobierno, que es parte de las múltiples caras de la corrupción mediante el nepotismo. La débil opinión de la presidenta no afectó la decisión partidista.
Otra “reforma” que se aplazó hasta 2030, cuando concluya el actual periodo de gobierno federal, que modifica la práctica de los empresarios públicos y privados, es la de reducir la jornada laboral a 40 horas. El capitalismo se basa en la acumulación del sobretrabajo —tiempo de trabajo no pagado al trabajador y en el cual se genera la plusvalía—, por lo cual toda reducción de la jornada laboral es una demanda fundamental de los obreros organizados que modifica la operación del sistema si no viene acompañada de una reducción salarial o de medidas que la anulen; la reducción del tiempo de trabajo implicaría un aumento del tiempo libre, si este no fuera anulado por el gastado en transporte para ir al trabajo, en construir una vivienda precaria, o en actividades promovidas por el Estado y que benefician a otros capitales como los espectáculos, la bebida o el turismo. Los empresarios decidirán. Dedicaremos otros artículos a este importante tema.
Integrante de Por México Hoy
