Desarrollo urbano equitativo

La desigualdad social en campos y ciudades de México debida al desarrollo histórico del capitalismo, se amplía al seguir vigente la acumulación de capital; en 2023 el crecimiento económico llegó al 3.2%, celebrándose como dudoso logro de la 4T. A pesar de las declaraciones, impera el neoliberal “menos estado, más mercado”. Se busca un utópico “capitalismo sin corrupción”, sin instituciones autónomas ni intermediarios entre el ejecutivo y el pueblo al cual se dan recursos gigantescos pero insuficientes para salir de la pobreza individual, aunque garanticen la subsistencia.

La pobreza afecta a parte importante de la población: a fines de 2023, el 37.0% estaba en pobreza laboral; 37 de cada 100 personas no tenían ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria para cada miembro del hogar (Coneval, 27-II-2024).

La desigualdad territorial se observa en las diferencias entre el hábitat de los sectores medios y altos, y los asentamientos de campesinos y trabajadores urbanos, y su carencias de vivienda digna, espacios públicos equipados, servicios suficientes y de calidad, vialidad y transporte adecuado, etc.

Para superarla se propone:

Un desarrollo social, económico y territorial equitativo, con participación comunitaria en su definición y vinculatoria en la elaboración y aplicación de políticas públicas. Un nuevo pacto social, una reforma que se sustente en derechos económicos, sociales y culturales; que reconozca los emergentes en las ciudades y el campo. La convivencia en democracia implica combatir la discriminación, la violencia, la desigualdad, la exclusión y la pobreza.

Para lograrlo hay que:

Redefinir las políticas urbanas a partir de otra forma de gestión de la ciudad, que articule a los gobiernos con la participación ciudadana, consciente y organizada.

Disponer de tierra para el crecimiento urbano, con oferta legal al alcance de los pobladores y vigilar que las dependencias públicas y los particulares cumplan las normas que regulan el mercado y el uso del suelo.

El Estado debe operar la infraestructura vial y los servicios públicos de agua, drenaje, disposición de desechos sólidos y energía eléctrica, y garantizar el acceso equitativo de toda la población a ellos. Sus tarifas deben ser progresivas según la magnitud y el tipo de consumo y tener subsidios cruzados para lograr la equidad.

Densificar las áreas urbanizadas, usar baldíos, mejorar colonias populares, procurar el arraigo de la población y evitar su desplazamiento por razones económicas.

Promover el desplazamiento peatonal y en vehículos no motorizados; priorizar el transporte público y aplicar medidas fiscales para desestimular el automóvil privado.

Revalorizar el patrimonio desde la memoria histórica y lo cultural, no desde lo mercantil y el espectáculo.

Crear una justicia territorial para garantizar derechos y la solución de conflictos entre individuos, comunidades y gobiernos.

Mejorar el hábitat social con políticas para resolver las causas de la violencia y del deterioro social.

Estas estrategias y políticas deben garantizar a todos los habitantes el derecho a otro territorio y a otra ciudad, que sea democrática, equitativa, humana y habitable.