Por Emilio Pradilla Cobos
Una transformación real del país exige cambiar al Estado Liberal vigente por otro de democracia representativa, participativa y directa. El Estado democrático debe orientar y regular actividades económicas justas y equitativas, proteger los intereses colectivos y la vida digna de las personas, respetar, promover y garantizar los derechos humanos, con perspectiva de género; un régimen al servicio de la sociedad plural y diversa, con poderes integrados democráticamente, y funcionarios sujetos a control social.
Impulsar un gobierno que represente el interés de las mayorías, con participación social en todos los ámbitos, y que tenga como instrumentos rectores la planeación del desarrollo, la rendición de cuentas de su ejercicio y la participación ciudadana.
Redefinir el pacto federal, fortalecer a los municipios y democratizar todos los órganos de operación de la justicia. El sistema de partidos debe renovarse y revisar los procesos electorales, para racionalizar su funcionamiento e incorporarle control social.
Hay que aplicar otra concepción del desarrollo, que involucre lo económico, político, social, cultural, ambiental y territorial, integrado y participativo, reconociendo diversidad y pluriculturalidad.
Los bienes comunes, los recursos naturales y su aprovechamiento, así como las actividades estratégicas, deben estar bajo control del Estado para lo cual hay que revertir las reformas constitucionales y las leyes que los regulan, con la participación de comunidades y organizaciones sociales.
Una reforma fiscal redistributiva, generar empleos dignos, reforma laboral que proteja al trabajo, distribución equitativa de riqueza e ingresos y renta básica universal, son parte del proyecto alternativo de desarrollo cuyo objetivo es una vida digna para todos, respeto de la naturaleza y el cuidado de los bienes comunes.
Alcanzar derechos sociales igualitarios y universales es parte de un nuevo pacto social, con otra relación entre Estado, comunidad, familia e individuo. Se trata de impulsar una reforma social basada en derechos económicos, sociales y culturales: alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, deportes, seguridad social, trabajo. Que reconozca los derechos de la vida en las ciudades y los ámbitos rurales; responda a las necesidades de los diversos grupos poblacionales (niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres, personas mayores, indígenas, migrantes y población LGBTTTI), incluidas las víctimas de las violencias; asuma la pluriculturalidad de la sociedad y la diversidad regional; articule territorialmente los programas sociales actuales y desarrolle el sistema de servicios de cuidado y de apoyo a los grupos familiares.
La convivencia en democracia implica combatir la discriminación, la violencia, la desigualdad, la exclusión y la pobreza; recuperar la convivencia pacífica y reconstruir el tejido social. Es necesario un profundo cambio cultural que recobre la solidaridad, la cooperación y la corresponsabilidad social, elimine la cultura patriarcal, la misoginia, la homofobia y todo estereotipo asociado a comportamientos discriminatorios y maltrato.
(Texto basado en Por México Hoy, 2018, 210 propuestas por un México igualitario).
Integrante de Por México Hoy
