El sueño de Benito Juárez y el de Andrés Manuel López Obrador, de contar con un órgano jurisdiccional que otorgue y medie justicia para los más vulnerables, está a punto de lograrse.
Las reformas constitucionales impulsadas por López Obrador en febrero 5 del 2024 alcanzan ahora un golpe cristalizador de realidad.
Un indígena mixteco será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en su momento histórico Juárez, un indígena zapoteca, dando pasos y giros profundos a nuestra realidad histórica.
La ascendencia de un indígena con conciencia de reivindicaciones sociales nacionales en la Suprema Corte ofrece nuevas certezas de gobernabilidad constitucional del país y de conducción republicana de la división de poderes.
Esto es importante porque han sido parte de las objeciones de buena y mala fe contra la reforma del poder judicial federal popular, pero sobre todo, por la difícil circunstancia que sigue representando desde hace años para México, la agenda de prioridades del gobierno de Washington y ahora, la de la Presidencia de Donald Trump.
En este sentido, como en la era de Juárez y sus destacados juaristas internacionalistas en el poder (Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Matías Romero Avendaño), las piedras angulares del republicanismo liberal -la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos, la igualdad ante la ley-, se confirman ahora como parte integral del proyecto del cambio de régimen que impulsa el segundo piso de la 4T.
Asimismo, desde la Corte podrán emanar criterios jurisprudenciales liberales modernos que impulsen legislaciones secundarias orientadas a defender los derechos indígenas y afromexicanos, los más pobres de entre los pobres.
Acaso, otra circunstancia coyuntural interna asoma en el horizonte de crisis que ha implicado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Si su resistencia, movimiento y protesta se sostienen y alcanzan un nivel de duración mayor y cobran vitalidad en fuerzas intergremiales e inter universitarias, se orillará a la nueva Suprema Corte a revisar el tema de las pensiones del país como eje de renovación de la política social educativa y del sistema de justicia laboral en retro y prospectiva, para las viejas y nuevas generaciones de maestras y maestros pensionados.
Así, estamos ante un paso gigante que daremos los mexicanos para alcanzar justicia y desarrollo, circunstancia imposible de avizorar sin el proceso judicial popular que hemos vivido.
A pesar del inmenso desafío personal que significó acudir a las urnas y descifrar laberintos y trayectorias en elegibles, más de 13 millones de mexicanos marcaron su decisión de avanzar hacia la construcción de un poder institucional más justo y cercano a la gente.
Es un primer adiós de país a los formalismos fatuos, lejos deberá quedar el dispendio insultante, atrás quedará la simulación y la pompa fastuosa de los viejos juzgadores enriquecidos hasta la saciedad, quienes obstaculizaron permanentemente el cambio democrático.
Las y los juzgadores electos tendrán compromiso y responsabilidad frente a sus electores, a todos se les deberá atender, no solo a los privilegiados.
Con la elección de 2027 de elegibles judiciales populares, deberá consumarse este ciclo de cambio profundo, innegable, en favor de un México más igualitario y justo.
Tuvieron que pasar muchos años desde ese febrero de 1858 cuando Juárez dirigió la Corte para que otro indígena firme y decidido dirija los trabajos jurisdiccionales del máximo tribunal del país.
Como con el zapoteca Juárez, el futuro titular de la Suprema Corte, el también de origen oaxaqueño Hugo Aguilar Ortíz, ya es fuente de ataques vituperantes racistas, madeja celular (exacerbada con la era de las redes sociales digitales) inscrita en la costumbre de nuestra convivencia debida a la idiosincrasia, la cotidianidad y la mezquindad inherentes a una parte del sistema político mexicano.
Como citó Noël Salomon sobre la Revue des Deux Mondes de la época, se llegó a describir a Juárez Presidente por las élites europeas como "un indio bajito, agitado y testarudo, de mente estrecha, sin talento y violento" (1975, Juárez en la consciencia francesa 1851-1867, SRE).
Debemos estar satisfechos de nuestros logros tal y como festejamos la Constitución de 1917, criticada en su época.
Veamos cómo funcionarán y los resultados que la sociedad mexicana se ofrecerá así misma a través de las nuevas instituciones de la judicatura popular federal.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.