Con las ejecuciones de Ximena Guzmán y José Muñóz se colapsa parte de la esfera íntima de la Jefa de Gobierno.
Ahora ella y parte estructural del Gobierno capitalino y federal, toman súbitamente conciencia de los hechos, reaccionan solidariamente pero se vuelcan en acciones que pueden llevar, en medio de una crisis, a las mismas conclusiones y formas de actuar predecibles.
Ya señalaba Juan J. Linz en su famoso ensayo “El factor tiempo en un cambio de régimen”, que los gobernantes pueden oscilar entre acciones prematuras, diferidas, tempestivas, de última hora, superadas por los acontecimientos, intentos de ganar tiempo, cadencia o ritmo.
Veamos dos lecciones.
Primera lección. La importancia de renovar a fondo las fiscalías y de evaluar el modelo de justicia y seguridad.
En medio de la investigación criminal sobre el móvil, responsables materiales y autoría intelectual de los atentados, se cuestiona el círculo de lealtades en el que descansa el gobierno de Clara Brugada y especialmente, la funcionalidad real del sistema de inteligencia, civil y militar, político - policial de la Ciudad de México y por ende, del Estado mexicano.
La propia Presidenta Sheinbaum mostró su perplejidad al recibir la noticia del Secretario Harfuch sobre ambos atentados, mientras simbólicamente su gabinete federal de seguridad quedó simbólicamente estupefacto -y por eternos segundos y minutos- en el pasmo y la irresolución a los ojos de la nación.
Podemos dirigir la mirada ahora hacia cómo ese tiempo político suspendido abruptamente por una violencia criminal sofisticada y eficaz, nos debe conducir nuevamente a la imperiosa necesidad de una nueva Fiscalía General de la República con su propia policía ministerial.
Si la reforma se centra en recuperar la esfera de control y centralización presidencial anulando las autonomías de las fiscalías estatales y la federal, se esquiva el problema central: la necesidad de ampliación de sus facultades, presupuestos, capacidades institucionales, de renovación generacional de sus cuadros y titulares, instancias desmanteladas desde hace décadas en un proceso profundizado por la “guerra contra el narcotráfico”.
Por lo tanto, si bien este golpe brutal criminal cimbró los nervios gubernamentales no solo de la capital del país y directamente pega en la línea de liderazgo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal -por su ascendencia directa con el control de la seguridad de la Ciudad de México- ante un crimen perpetrado con milimétrica paciencia, planificación y sangre fría, queda en tela de cuestión la naturaleza y magnitud de las vulnerabilidades del sistema de gobernabilidad de la seguridad en México.
Segunda lección. El gobierno de Washington avanza en su estrategia de posicionar sus intereses, agenda y prioridades sobre México.
El contexto en el que sucedió el episodio criminal de la capital sobre la secretaria privada y el asesor clave de la Jefa de Gobierno, actualiza las dificultades de la negociación del Gobierno federal con la Presidencia de Donald Trump, en particular porque el uso político de esta tragedia ya se incorporó al guión de la planificada campaña mediática de desprestigio, presión política, diplomática y proto militar contra el gobierno y la Presidencia de la Dra. Sheinbaum.
La estrategia estadounidense de debilitar y exhibir al sistema político mexicano y ahora a los gobiernos de la 4T, anida en la especie de maxiproceso narco político mexicano que se procesa en el sistema judicial estadounidense (Chapo y familia Guzmán, “Mayo” Zambada, Genaro García Luna), avanza con la captura y cesión de líderes capos y sicarios extraditados que son arrojados al túnel de negociaciones de información y secrecía absoluta entre fiscales, agencias de espionaje y Presidencia estadounidenses, y que escala hacia una política de pánico a carteles mexicanos (ahora en status de organizaciones terroristas) y a personajes encumbrados de la política nacional y gobernantes de jerarquía estatal y federal que presuntamente habrían participado en fechorías de narco corrupción.
Esa estrategia gubernamental trumpiana parece conducir del maxiproceso narco criminal al maxiproceso narco político, una política inconsulta y de discrecionalidad unilateral firme hasta ahora desde la era Biden hasta lo que va de la Presidencia Trump, frente a -y a pesar de- las voluntades, reclamos, voluntad colaborativa excepcional y exigencias del Gobierno federal mexicano desde la Presidencia del Lic. López Obrador hasta donde sabemos de lo que va de la Dra. Sheinbaum.
En eso estábamos cuando sucedió el golpe demoledor a dos personajes en rigor bisagras del círculo político y estratégico de decisiones entre la Jefa de Gobierno y el Gobierno de la República.
La desconfianza de la Presidencia del gobierno de Trump y las exigencias estadounidenses serán de mayor calado y magnitud ante la asimetría de poder geopolítico y geoeconómico incontestable que tiene México con la nación vecina.
Entre más nos tardemos en reformar a fondo la vida pública gubernamental, refundar las instituciones de seguridad y justicia, fortalecer la cohesión cívico militar del país para responder a los problemas álgidos de crimen organizado, resolver la debilidad estructural policial civil, la corrupción e impunidad en fiscalías/ministerios/judicaturas, renovar la capacidad de gestión de servicios públicos inter gubernamentales, actualizar el sistema de corresponsabilidad fiscal y recaudatoria con sociedad, estados y municipios, difícilmente podremos construir mayor firmeza soberana.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.
