En octubre de 2024, como una de sus prioridades, la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México basada en cuatro ejes: Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia; así como la coordinación con las entidades federativas.
Su pretensión de origen ha sido dar por sentado que con la nueva Estrategia Nacional se acababan las ejecuciones extrajudiciales de la era de la presidencia de Calderón además de asumir que no hay militarización de la seguridad, sino que sólo se aprovechan las capacidades institucionales de la SEDENA.
La Dra. Sheinbaum ha insistido en que el propio Omar Harfuch, su Secretario de Seguridad Pública, se oriente a reducir los homicidios y delitos de alto impacto como las extorsiones, a través de la adhesión a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, la creación del Sistema Nacional de Investigación y una coordinación más integral con gobiernos y fiscalías estatales.
En esa perspectiva integral, el gobierno de la Dra, Sheinbaum ha buscado profundizar la política social -Jóvenes Construyendo el Futuro y programas sociales de la era del Presidente AMLO- como guion de prevención para alejar a los jóvenes de organizaciones delictivas y atención de familias con un enfoque preventivo.
El propio Secretario de Seguridad Omar Harfuch ha enfatizado que la Estrategia Nacional de Seguridad se desdobla en tres objetivos principales: la construcción de la paz, neutralización de los generadores de violencia y redes criminales y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales, potenciando el uso de la tecnología para anticiparse a delitos, identificar patrones, comprender las dinámicas de las zonas con mayor incidencia, así como generar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas.
Se ha creado para todos estos propósitos la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la cual contará con equipo de analistas, investigadores de campo, de gabinete y especialistas técnicos que mantendrán coordinación con la FGR, el incremento de las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) , fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la implementación de una Academia Nacional de Seguridad para homologar los planes y programas de estudio, así como de un Modelo de Atención Integral a los Delitos de Alto Impacto.
Es importante subrayar aquí la prueba de fuego en resultados que tendrá el modelo de seguridad e inteligencia en este sexenio a corto y mediano plazo, no sólo para la reducción de los homicidios y delitos de alto impacto, sino también para controlar la incidencia criminal del fuero común que ha alcanzado el 80% del universo delictivo, lo que no pasa necesariamente por la potestad y competencias de las instituciones federales, pero que es donde se concentra la mayor masa de incidencia delictiva, violencias cotidianas y sufrimiento de las familias.
Los diseños y esquemas de gobernabilidad al interior del modelo de seguridad son importantes.
Ya aprendimos demasiado en estas décadas de lo que no funciona y de lo que está a prueba en seguridad pública y seguridad nacional.
Llevamos décadas diciendo y escribiendo sobre la necesidad de fortalecer a la Fiscalía General de la República y la de los estados: la autonomía ha servido de poco, se necesita además mayor presupuesto para dotarla de policía de investigación compuesta por abogadas y abogados; necesitamos que el Centro Nacional de Inteligencia cuente con un presupuesto 500% mayor y que dependa de la Presidencia de la Repùblica; necesitamos desmilitarizar a la Guardia Nacional y que sea independiente de la SEDENA, además del proceso de reconfiguración de potestades, presupuestos públicos, regeneración celular estructural y capacidad de eficacia y preventiva de formación de policías locales civiles en todo el país.
Todo es importante para realmente combatir la corrupción e impunidad.
¿Seguiremos así o enmendamos a fondo?
Tres aristas críticas han venido a sumarse como problemas de gobernabilidad y que a su vez han implicado una redimensión de la estrategia de seguridad nacional con impacto en la política y estrategia de seguridad pública:
1) la detención discrecional y puesta en custodia y procesamiento penal del “Mayo” Zambada en el sistema judicial estadounidense con el correspondiente asesinato del ex Rector Melesio Cuen;
2) El regreso al poder y la agenda agresiva contra México de la nueva Presidencia de Trump ante el fenómeno del fentanilo, el proyecto de militarización de la frontera norte, el péndulo de la criminalización de migrantes latinos y mexicanos y repatriación a suelo mexicano así como la apuesta a la contención abrupta de migración centroamericana a México y EUA, así como la puesta en escena de posibles amagos o expedición de intervenciones encubiertas y militares en México (planes gubernamentales estadounidenses difundidos incluso por el Wall Street Journal) y
3) El capítulo de la atención de Estado a víctimas, particularmente a familiares de víctimas de personas desaparecidas, quienes a partir de la labor de sus colectivos han encontrado ranchos que evidencian al menos el mercado profuso de captura, reclutamiento, capacitación y selección corrosiva narco criminal de jóvenes a manos del crimen organizado y el narcotráfico.
Ese capítulo, insistimos, amerita una nueva capacidad de escucha de gobiernos federal y estatales, un proceso genuino de reconciliación nacional (que se esbozó inicialmente con la política de Abrazos No Balazos del ex presidente AMLO con sociedad civil y familiares de personas objeto de desaparición forzada), la puesta en marcha de un proceso de evaluación de las capacidades institucionales, fiscales y forenses del país en atención estructural del fenómeno de desaparición forzada, y su reforma profunda.
Los tres episodios críticos y desafiantes implican agenda pública permanente, renovar la toma de decisiones presidenciales, que legisladoras y legisladores acrediten capacidad de deliberación y modernización de leyes con sentido de justicia, que gobernadoras y gobernadores de los estados dejen sus faramallas de simulación y protagonismo y asuman un mayor esquema de corresponsabilidad, una política interior que implique una actualización de las metodologías de gobernabilidad y gobernanza interna y geopolítica de paz.
A ello debe agregarse un capítulo largo de reforma interna de las instituciones: la elección constitucional del poder judicial popular que concluirá en su primera fase con el proceso electoral del 1 de junio próximo.
Persiste la complejidad del proceso, la baja atención social electoral a las campañas, las dificultades de las y los elegibles para realizar campañas con reglas y normas tan estrictas y limitadas para la promoción del voto y a su vez, como debe ser, sistemas estrictos en la fiscalización de candidatas y candidatos.
Instancias de la sociedad civil empiezan a evidenciar los problemas de la selección idónea de elegibles al poder judicial, por sus presuntas filias y trayectorias de cercanía con el narcotráfico.
Las objeciones y escándalos están y estarán a la vista de todos, porque siempre quién quiere estar en la palestra pública de las instituciones, será y debe ser presa del escrutinio justo o desmedido.
Es vital que la Presidencia, el Congreso mexicano, el INE y la sociedad y los electores tengan -tengamos certeza- de la probidad de quienes serán y deben ser integrantes de la primera generación de jueces, magistrados, ministras y ministros populares.
En fin, se encuentran en medio de un proceso de consulta y deliberación legislativa sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia propuestas por la Presidenta Sheinbaum desde febrero pasado, así como las iniciativas de reforma que presentó a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas la La Ley de Víctimas, que implican hasta donde puede visualizarse, que Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano al menos, podrán apoyarlas.
Sin embargo, es necesario que al interior de Morena y sus partidos aliados, la agenda de nuevas leyes que propone la Presidencia, no sea un dique pretexto de recreación de disputas, y a su vez, que las fuerzas partidistas de oposición, las organizaciones de la sociedad civil, un universo importante de especialistas en prevención de violencias y seguridad pública así como centros de pensamiento de universidades del país -que no estén en medio de la llama de la polarización política y el escarnio mediático contra la Presidencia y la 4T-, participen y dejen su huella propositiva en leyes de nuevo calado para la pacificación nacional.
Depende de los liderazgos del Senado y la Cámara de Diputados que sea un proceso genuino de diálogo y de reforma de las reglas del juego, las leyes secundarias en la materia y por ende, hacia nuevas instituciones de justicia y seguridad.
De modo que tenemos pues una nueva sensibilidad política y social y metodología de lo que debe hacerse desde la Presidencia y los sistemas institucionales, hay un nuevo modelo de justicia y seguridad que sigue a prueba de resultados a escala nacional y que está moldeando sus leyes ante fenómenos de emergencia y una realidad de homicidios, desapariciones y violencias que sigue siendo intestina y desafiante.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.
