“El mejor amigo que los propietarios de armas han tenido nunca en la Casa Blanca”.
Así se definió asimismo Donald Trump en mayo de 2024 en su encuentro con la Asociación Nacional del Rifle, uno de los donantes más importantes de sus campañas en 2016 y 2024.
La Asociación Nacional del Rifle o NRA, por sus siglas en inglés, es una de las agrupaciones de mayor influencia sobre políticos y legisladores en Estados Unidos.
Es difícil saber realmente cuántas personas pertenecen a la NRA. Un estudio del Pew Research Center -un centro de investigación de gran prestigio con sede en Washington- encontró que hasta 19 millones de estadounidenses se reconocen como parte de dicho organismo.
La NRA ha desarrollado un esquema para calificar a los políticos según su grado de acuerdo o desacuerdo con la promoción de las libertades para la compra y venta de armas en Estados Unidos.
Los que promueven la libertad de comprar y vender armas obtienen buenas calificaciones, son promovidos y reciben donaciones importantes para sus campañas.
Mientras que los que buscan establecer más controles a la compra y venta de armas obtienen malas calificaciones y son objeto de campañas de desprestigio por parte de los miembros de la asociación.
Por supuesto, la NRA es uno de los integrantes más importantes de las coaliciones que llevaron al poder a Donald Trump en 2024.
Ello implica que el presidente Trump sea reacio a adoptar medidas que afecten los objetivos de dicha asociación.
Desde luego las libertades para la compra y venta de armas favorecen que los grupos de la delincuencia organizada mexicanos puedan obtenerlas con relativa facilidad en Estados Unidos.
A esto se suman los limitados controles fronterizos que México impone al ingreso de personas y vehículos por tierra desde los Estados Unidos.
Ambos factores han llevado a que México sea el país en el que más armas de fabricación y/o venta en Estados Unidos son recuperadas, luego de un acto violento o decomisadas por las autoridades.
El 59% de esas armas fueron decomisadas o recuperadas en México, mientras que solo 15.9% fueron recuperadas o decomisadas en Centroamérica y 14.8% en Canadá, de acuerdo con datos de la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFGTA), un estudio realizado la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos.
La sombra de la Segunda enmienda
En 1791 Estados Unidos emitió las primeras 10 enmiendas a su Constitución para confirmar los derechos de sus ciudadanos.
En ellas la tenencia de armas quedó al mismo nivel que la libertad de expresión, prensa, religión o reunión.
En la guerra de la independencia (1775-1983) las milicias ciudadanas habían jugado un papel muy importante. Eran grupos de hombres que se unían para proteger sus comunidades y pueblos.
En ese momento se pensaba que un ejército regular era un instrumento al servicio del poder para oprimir a los ciudadanos y por eso creían que la mejor manera de defenderse era contar con armas y organizarse en milicias.
La segunda enmienda dice textualmente: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".
La gran división en este momento se da entre los que ponen el énfasis en la primera parte del enunciado y los que ponen énfasis en la segunda parte.
Los que ponen énfasis en la primera parte argumentan que la enmienda no buscaba otorgar a los ciudadanos el derecho individual a poseer armas, sino establecer un derecho colectivo a la defensa en caso de agresión externa.
Los que ponen énfasis en la segunda parte sostienen que implica el derecho constitucional a poseer armas de fuego y convierte en inconstitucional toda regulación prohibitiva o restrictiva.
Biden y el control de armas
Durante su periodo presidencial, Joe Biden adoptó algunas medidas para limitar la compra y venta de armas de fuego.
Por ejemplo, en abril de 2021 Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas destinadas a frenar el uso de armas.
Ordenó a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que propusiera normas que restringen la disponibilidad de soportes para pistolas (un accesorio utilizado en un tiroteo masivo).
También ordenó la imposición de restricciones a los kits para fabricar “armas fantasma” caseras e imposibles de rastrear y amplió el control de antecedentes de las personas de entre 18 y 21 años que quieran comprar un arma.
En junio de 2022, Biden logró la aprobación de una ley que dio incentivos para que los estados aprueben las denominadas “leyes de bandera roja”, que permiten solicitar a los tribunales que retiren las armas a las personas consideradas una amenaza para sí mismas o para los demás.
Además, estas medidas aumentaron las restricciones que impiden a las personas condenadas por maltrato doméstico poseer un arma e incluye en estas restricciones a las parejas informales o novios y ya no solamente a los cónyuges y ex cónyuges.
En marzo de 2023, Biden emitió una orden ejecutiva que incrementa las verificaciones de antecedentes para adquirir armamento.
La orden ejecutiva ordena al Fiscal General de EUA a tomar todas las medidas posibles para impulsar la verificación de antecedentes de todos los compradores de armas sin que sea necesario aprobar una nueva legislación.
En ese momento Biden afirmó “es de sentido común comprobar si alguien ha cometido un delito o un acto de violencia intrafamiliar antes de venderle un arma”.
Biden vivió un momento incómodo con el tema de las armas en junio de 2024. Su hijo Hunter Biden fue declarado culpable de tres cargos por delitos graves después de que un jurado determinara que mintió en un formulario al decir que no estaba abusando de drogas cuando compró un arma de fuego en 2018.
En septiembre de 2024 emitió una orden ejecutiva para acabar con las armas impresas en 3D sin número de serie.
También pidió mejorar los simulacros de tiradores activos en las escuelas para evitar que generen impactos psicológicos en los estudiantes.
Finalmente, la orden pidió imponer límites a los dispositivos de conversión, elementos que tienen el poder de transformar una pistola en un arma de fuego completamente automática.
La revancha de Trump.
El regreso de Trump a la Casa Blanca eliminó todos estos avances.
Durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas (ONU) para proteger a los estadounidenses de la amenaza de las regulaciones globales sobre las armas de fuego convencionales.
Su Departamento de Justicia limitó la definición de “fugitivo de la justicia” a pautas más específicas para determinar quién tiene prohibido comprar un arma.
El 7 de febrero de 2025 emitió una orden ejecutiva para que la Fiscal General Pam Bondi examine todas las acciones y medidas de los organismos ejecutivos que limiten los derechos que otorga la Segunda Enmienda para poseer armas.
La orden de Trump busca revisar todas las acciones presidenciales y de las agencias desde enero de 2021 hasta enero de 2025 (periodo presidencial de Biden) que pueden haber afectado los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos respetuosos de la ley.
Al presentar esta orden ejecutiva, la Casa Blanca puso énfasis en la segunda parte del enunciado de la Segunda Enmienda.
El documento resaltó que “la Segunda Enmienda es una salvaguarda indispensable de la seguridad y la libertad (… ) debido a que es fundamental para mantener todos los demás derechos que tienen los estadounidenses, no se debe infringir el derecho a poseer y portar armas”.
Con base en la valoración de su Fiscal General Bondi, veremos realmente el alcance de la decisión presidencial de Trump sobre la compra y venta de armas en Estados Unidos y cómo su Presidencia reaccionaría en esta materia delicada ante los eventos trágicos que puedan presentarse (tiroteos mortíferos y masacres).
La evidencia sugiere que en varias ciudades estadounidenses para los hombres jóvenes el homicidio es la tercera causa principal de muerte; para los hombres jóvenes latinos es la segunda causa principal de muerte mientras para los hombres jóvenes afroamericanos, es la principal causa de muerte, y causa más muertes que las otras nueve causas principales juntas. Y, por lo tanto, este es un problema que está afectando desproporcionadamente a los hombres jóvenes pobres por su raza.
El gobierno de Trump 2.0 se inclina por una agenda conservadora, homofóbica, antiinmigrante y racista de nuevo calado, lo que difícilmente parará y resolverá el creciente problema de salud pública asociado al consumo del fentanilo.
Pronto observaremos si preservará el derecho constitucional a la posesión y libre compraventa de armas, pero atendiendo las causas profundas y las causas próximas de la violencia urbana y la desigualdad, o queda empantanado en el juego de intereses políticos y constitucionales que lo llevaron a la Presidencia.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012). Es especialista en temas de sistema político electoral y seguridad pública y diseñó la metodología de análisis estratégico y cualitativo DISENSUM aplicada a campañas presidenciales.
José Antonio Dorantes es consultor en comunicación, relaciones públicas y manejo de crisis, con especialidad en el desarrollo de mensajes para activar cambios de percepción en el ámbito político, el cuidado de la salud y las finanzas personales. Tiene una certificación en Marketing Digital por la Columbia Business School y una en Leading Organizational Change por el Massachusetts Institute of Technology.
