Del gran anuncio, a la gran duda

El 17 de septiembre la Fiscalía General anunció el mayor decomiso de huachicol del sexenio: más de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito, asegurados en un solo operativo en San José Iturbide, Guanajuato. No se reportó ninguna persona detenida.

Diez días después, la cifra sigue siendo enorme, pero ya no por lo que prometía, si no por el tamaño del tropiezo institucional. Resulta que el predio no era una bodega clandestina, sino una terminal de almacenamiento con años de historia pública. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, sostuvo que opera con un permiso vigente y aclaró algo que las autoridades parecían haber pasado por alto: el combustible no es suyo, sino de las empresas que contratan el servicio.

Esto no exonera a nadie. Una terminal legal puede alojar producto ilegal de un cliente, y justamente ahí está el corazón del huachicol moderno. Pero anunciar un "golpe histórico" antes de saber de quién era el combustible y si tenía papeles no es investigar; es hacer propaganda con un expediente abierto.

La presidenta Sheinbaum pasó en una semana de la certeza a la cautela. Al hacer el anuncio aseguró que la FGR seguía la pista del combustible para rastrear de dónde venía, y afirmó también que el objetivo era detener a quienes robaban o ingresaban combustible ilegal al país. Para el 24 de septiembre el tono ya era otro: tras consultar a la fiscal Ernestina Godoy, admitió que no podía descartarse que fuera huachicol hasta que la Fiscalía terminara de revisar los permisos.

La Fiscalía también pasó del entusiasmo al repliegue. El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y el delegado en Guanajuato Juan Francisco Vera Ayala fue separado de su cargo. Esto demuestra que la investigación seria empezó después del anuncio y no antes.

La salida del delegado podría leerse como un acto de rendición de cuentas, si no fuera por un dato incómodo: Vera apenas había llegado al cargo en enero y antes dirigía el área de Análisis Criminal de la Secretaría de Seguridad que encabeza García Harfuch. El funcionario al que hoy se le carga el fracaso venía del equipo del mismo secretario que respaldó el anuncio y prometió capturas. Culpar al eslabón local no borra que la narrativa del "golpe histórico" se sostuvo desde el Gabinete de Seguridad federal durante una semana entera.

El episodio de San José Iturbide revela también que el Estado mexicano sigue combatiendo el huachicol con la lógica de la década pasada. La estrategia militar contra las ordeñas tiene resultados medibles; en el primer trimestre de 2026 las pérdidas por tomas clandestinas cayeron 30% frente al mismo periodo del año anterior, aunque Pemex sigue perdiendo alrededor de 42 millones de pesos diarios por este delito.

Pero el negocio grande ya no está en el ducto perforado. El mercado ilegal ahora opera con simulación documental, facturación irregular, importaciones subvaluadas y comercializadoras fachada.

Si el combustible de San José Iturbide resulta ilegal, la Fiscalía lo probó tarde y mal, dándole a los responsables una semana de ventaja y un argumento de defensa. Si resulta legal, el gobierno paralizó a una empresa con permisos, alarmó a un mercado regulado y gastó credibilidad en un momento en que la necesita para los casos verdaderos.

Los ganadores luego de esta pifia son lamentablemente los grandes criminales detrás del huachicol fiscal. Hoy la autoridad encargada de combatirlos tiene menos confianza ciudadana para ir tras ellos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.