La semana pasada hubo manifestaciones y bloqueos por parte de trabajadores del Poder Judicial, quienes incluso iniciaron un paro de labores como protesta por la desaparición de 13 de sus 14 fideicomisos. En el Senado se aprobó la reforma para eliminar esos recursos con el argumento de que eran utilizados para pagar privilegios de los ministros Suprema Corte.
Sin embargo, los trabajadores sostienen que los fideicomisos se usaban para el pago de manera complementaria de algunos derechos laborales como pensiones, seguridad social, vivienda, cobertura de salud y retiro. Sostienen además que el personal operativo del Poder Judicial representa más del 60 por ciento de la plantilla laboral y es el principal beneficiario de los tan señalados fideicomisos.
Por ello convocaron a una marcha ayer del Monumento a la Revolución al Zócalo. A esta se sumaron ciudadanos interesados en respaldar a estos trabajadores y en defender la división de poderes. Y es que los ataques al poder judicial desde el ejecutivo se han convertido en una constante. Basta recordar el quinto informe de gobierno, en el que se pidió “limpiar al poder judicial de complicidades, conflictos de interés y convivencias inconfesables.” Se acusó incluso a los jueces de actuar “bajo la consigna de intereses delictivos”. Así, en general, sin especificar qué jueces defienden a qué delincuentes.
Estos ataques son repetidos por legisladores y gobernadores. En algunos casos se centran en la figura de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña. Ella fue clara desde el inicio y planteó que defendería, lejos de presiones de cualquier índole, la autonomía e independencia de los ministros. De hecho, fue a partir de su nombramiento que se acentuó la hostilidad verbal hacia la Suprema Corte.
Esa violencia es aun mayor entre algunos militantes que, desde el anonimato, se atreven hasta a amenazar de muerte a la presidenta de la SCJN. Un linchamiento digital con efectos en el mundo real y en la seguridad de los integrantes del poder judicial.
Los cuestionamientos sobre las fallas en la impartición de justicia se mezclan con ataques personales. Con ello se construye desprestigio, pero no soluciones. Si el objetivo fuera mejorar a fondo al Poder Judicial, se estaría analizando y discutiendo una reforma seria, pero eso no está en el panorama.
Para la marcha de ayer, los trabajadores del poder judicial recurrieron a un amparo. Se les concedió una suspensión para el que el ejecutivo “se abstenga de realizar expresiones que puedan contener un discurso de odio que incite a generar confrontación, ataque o violencia de cualquier tipo hacia los manifestantes que asistan a la marcha del 22 de octubre”.
Los ataques verbales desde el poder generan violencia. Es preocupante porque el odio es contagioso. Los conflictos que afectan hoy al planeta dejan muy claro que se expande fácilmente y tiende a salirse de control. La tolerancia y el respeto, no deberían requerir de amparos para estar garantizadas en una democracia. Es de pena ajena.