A las mexicanas y mexicanos: La reforma en materia de pensiones propuesta en la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario de Morena, la cual se discutirá la semana próxima, tiene el propósito fundamental de crear el “Fondo de Pensiones para el Bienestar”; incrementar la suficiencia presupuestaria del esquema pensionario de la Ley del Seguro Social para que las personas trabajadoras que tengan 65 años de edad reciban un complemento a su pensión en aras de que ésta sea equivalente al salario promedio mensual registrado en el IMSS, que actualmente es de 16 mil 400 pesos al mes.
Así como garantizar la imprescriptibilidad de los ahorros que las y los trabajadores logren acumular en la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y en la Subcuenta de Vivienda o del Fondo de la Vivienda a fin de que estén seguros y disponibles para cuando las y los trabajadores o sus beneficiarios los requieran, de tal manera que nunca podrán ser objeto de pérdida, caducidad o prescripción.
El gobierno no confisca los ahorros de las personas trabajadoras, por el contrario, aportará 64 mil millones de pesos al Fondo de Pensiones para el Bienestar que será un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo fiduciario será el Banco de México.
Resulta lamentable la oposición que han manifestado los partidos políticos de la coalición Fuerza y Corazón por México, incluso, por encima de algunas Afores que han esgrimido una postura favorable a la reforma.
La realidad es como ha sido ampliamente difundida: 70.5% de las y los jubilados reciben 4 mil 999 pesos mensuales, es decir, 2 mil 469 pesos menos que el salario mínimo actual y mil pesos menos que el apoyo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que resulta una injusticia.
Y es que la reforma que será discutida tiene como base la propuesta del presidente López Obrador para revertir el régimen de pensiones creado en 1997 por Ernesto Zedillo y reformado en 2007 por Felipe Calderón, el cual es un sistema que ha condenado a millones de mexicanas y mexicanos a una vejez de pobreza y precariedad.
¿Por qué oponerse a beneficiar a 45 millones de mexicanos? ¿Por qué en lugar de construir mentiras o argumentos infundados no dan paso a una propuesta conjunta? La respuesta es sencilla, porque una decena de empresas son más importantes que el pueblo. Porque las Afores son un gran negocio; y porque piensan que los remanentes de las cuentas inactivas no reclamadas de las personas mayores de 70 años están mejor en las cuentas bancarias personales de una élite privilegiada que en la mesa de las familias mexicanas.
Es lamentable que haya quien esté más preocupado por preparar una demanda de inconstitucionalidad fincada en artilugios legaloides, que por una reforma que todavía no se aprueba. Los verdaderos representantes del pueblo deberían estar trabajando en la creación de un sistema pensionario más justo en beneficio de las y los trabajadores de México y no en obstaculizar una propuesta que beneficiará a quienes representan.
Yo me decanto por mejorar la calidad de vida de las personas pensionadas y por la que están por pensionarse; y privilegio que las personas adultas mayores reciban pensiones más dignas, porque ello contribuirá a incrementar su esperanza de vida y a mejorar la calidad de ésta. Una pensión justa dignifica su vida laboral, su presente y su futuro, fortalece su autonomía y posibilita el ejercicio de sus derechos humanos y fundamentales. Una pensión justa reducirá la brecha de la desigualdad social.
