Ningún Estado moderno, constitucional, democrático y de derecho, puede tolerar el dispendio del dinero público, sueldos o pensiones que resulten escandalosamente desproporcionadas. De ahí que lo que antes se normalizó y legalizó, hoy a los ojos de una nueva realidad resulta inaceptable, debido a que entraña una injusticia, rompe con la equidad y exhibe prácticas indeseables.
La reforma enviada al Congreso de la Unión por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada el día de ayer en el Senado de la República cumple nuevamente con un compromiso, reafirmando la congruencia con la que se han manejado los recursos públicos.
Eliminar las pensiones millonarias de exservidores públicos significa consolidar el Estado de bienestar, regenerar la vida pública, transitar por la ruta de la economía moral y avanzar hacia la construcción de una República con salarios justos y pensiones dignas, bajo criterios de justicia social y equidad.
Poner fin a los privilegios pensionarios implica asumir plenamente el mandato de los artículos 127 y 134 constitucionales; las personas servidoras públicas deben recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades, sin exceder la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal, un principio que debe aplicarse a los esquemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos. La austeridad republicana obliga a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, evitando privilegios económicos que se aparten del interés general.
En este sentido es legal, legítimo y justo reformar los esquemas de jubilaciones y pensiones en el sector paraestatal que han generado percepciones desproporcionadas frente al promedio nacional, comprometiendo la sostenibilidad financiera de los entes públicos y afectando el equilibrio de las finanzas estatales.
El establecimiento del límite es constitucionalmente válido y no vulnera el principio de irretroactividad de la ley. No elimina el derecho a una pensión ni desconoce derechos adquiridos, sino que ordena y armoniza los regímenes existentes para garantizar que sean proporcionales, sostenibles y congruentes con una administración pública responsable, y con un país cuyas desigualdades exigen justicia para equilibrarlas.
La reforma respeta los regímenes específicos y derechos constitucionalmente protegidos, por lo que excluye a las Fuerzas Armadas, a los esquemas de cuentas individuales con aportaciones voluntarias, a los sistemas complementarios financiados con aportaciones sindicales y a la pensión no contributiva.
¿Por qué un servidor público tenía una pensión de un millón de pesos mensuales? Los montos de las pensiones son tan cínicos y abusivos que ni siquiera las voces de siempre, las que pretenden restar importancia y denostar al proceso transformador, se atrevieron a defender lo indefendible.
Activista social
@larapaola1
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