La política de ingreso proyectada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es absolutamente congruente con la política económica, cuyo enfoque social tiene como principal objetivo eliminar las desigualdades, hacer del bienestar una realidad cotidiana y colocar en la ruta del desarrollo a las diferentes regiones del país.
En este sentido, las reformas que la Cámara de Diputados envió al Senado de la República al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, posibilitan una Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 que proyecta percibir 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp), es decir 891 mil 667 mdp más que lo estimado para 2025, a fin de posibilitar un presupuesto de egresos que fortalezca el desarrollo productivo, amplíe los derechos sociales y asegure su progresividad.
La apuesta es por un paquete económico que consolida la estabilidad macroeconómica y da cauce a la prosperidad compartida, cuyos resultados son tangibles en la vida de 82% de las familias mexicanas que se beneficia de la política social. Recordemos que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas dejaron atrás la pobreza.
Como ha sido evidente, los ingresos tributarios junto con una estrategia de digitalización y modernización del marco fiscal serán el eje rector para combatir la evasión fiscal con toda la fuerza del Estado. El mensaje es contundente, la recaudación de impuestos no será discrecional y no habrá privilegios, porque la proporcionalidad y equidad son principios constitucionales irreductibles.
El aumento de los impuestos especiales a refrescos, bebidas azucaradas y tabaco tiene el propósito de mejorar la salud de la población a través del uso de medidas fiscales efectivas que desincentiven el consumo de estos productos.
No podemos soslayar que la población mexicana es una de las que más consume refrescos a nivel mundial y que el consumo de azúcares añadidos excede la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No es casualidad que la diabetes sea una de las principales causas de muerte.
Por otro lado, la huella ambiental de los refrescos es considerable, ya que producir un litro de refresco requiere, al menos, 32 litros de agua y, de acuerdo con los datos oficiales, la principal empresa refresquera del país es la que más contamina con plásticos, al producir 110 mil millones de botellas de PET al año.
Los cigarros, además de causar daños significativos a la salud, también tienen un impacto negativo en el medio ambiente y los recursos naturales. Las colillas son la principal fuente de contaminación de los cuerpos de agua, debido a su alto contenido de químicos tóxicos; no son biodegradables, tardan más de diez años en descomponerse y contienen 7 mil químicos tóxicos que incluyen arsénico, amoniaco y nicotina.
La experiencia a escala internacional ha demostrado que los impuestos a bebidas azucaradas y cigarros son una de las estrategias más costo-efectivas para reducir su consumo y contribuir a la prevención de enfermedades y al deterioro del medio ambiente, así como reducir los costos por atención médica. De ahí que organismos internacionales como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y Unicef respaldan ampliamente las medidas fiscales para desincentivar su consumo, por lo que más de 90 países las han instrumentado.
Las nuevas disposiciones impositivas previstas son: 3.8 pesos por litro a bebidas con azúcar; 1.5 pesos por litro a bebidas endulzadas con edulcorantes; 3.08 pesos por litro a bebidas azucaradas disfrazadas de productos para la salud como algunos sueros que no cumplan con las sustancias autorizadas por la OMS; y 30 por ciento a los cigarros, todas encaminadas a modificar hábitos de consumo e incluso de producción.
Sin duda es una excelente oportunidad para dar pasos significativos en materia de salud y cuidado al medio ambiente, a través de una política recaudatoria que no aumenta impuestos a los productos y servicios esenciales, pero sí a algunos de los que lo son altamente perjudiciales para las mexicanas y mexicanos.
Activista social
@larapaola1
