El crecimiento de los servicios digitales ha transformado los hábitos de consumo; sin embargo, la ausencia de reglas claras para cancelar suscripciones ha permitido la proliferación de prácticas abusivas que deterioran la confianza en el comercio electrónico, por lo que en la era digital fortalecer los derechos de las y los consumidores es fundamental.
El derecho al consumo es un derecho humano, ya que no podríamos concebirnos hoy en día sin consumir productos y servicios para nuestra subsistencia, seguridad y desarrollo, particularmente en un mundo conectado y globalizado, donde las nuevas tecnologías acercan distancias y permiten acceder a servicios de salud, educativos y de primera necesidad que nos permiten tener una mejor calidad de vida.
De ahí la importancia de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de diciembre a la Ley Federal de Protección al Consumidor para incorporar nuevas obligaciones a los proveedores de bienes y servicios que utilicen esquemas de suscripción o membresías con cobro recurrente, garantizando que los procedimientos de cancelación sean claros, sencillos y cuenten con el consentimiento expreso e informado de las personas consumidoras.
La realidad es que todas y todos alguna vez nos hemos sentido impotentes y sin protección, debido a la imposibilidad de ejercer nuestros derechos, porque desafortunadamente, la balanza se inclina de un solo lado, debido a que las condiciones y términos son impuestos de manera unilateral y por lo tanto abusiva, mientras que del otro extremo hay desinformación, falta de transparencia y susceptibilidad al abuso.
A raíz de la pandemia por Covid-19 el comercio electrónico tuvo un auge vertiginoso, por lo que es necesarios transparentar las transacciones electrónicas y establecer a los proveedores la obligación de informar de manera clara, visible y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, indicando su periodicidad, monto y fecha de cobro. Así como garantizar que las personas consumidoras cuenten con información suficiente para tomar decisiones conscientes y evitar cargos no previstos.
Por ejemplo, para nadie es un secreto que, en muchas ocasiones se pone a disposición de la persona consumidora algún producto o servicio “gratuito” por cierto periodo de tiempo, responsabilizándola de su cancelación si no lo desea, o bien, se renuevan suscripciones que ya no quiere con cargo a sus tarjetas bancarias, obligándola a un proceso engorroso de cancelación que implica horas de espera en la línea telefónica, envío de correos y una serie de requisitos que implican inversión de tiempo y esfuerzo, tornándose en la más de las veces imposible o derivando en penalizaciones económicas.
Por eso ahora se establece como requisito en la ley el consentimiento expreso (por escrito) e informado de las personas consumidoras, previniendo la realización de cobros no autorizados y renovaciones automáticas sin previo aviso. Lo cual asegura que toda transacción se base en la voluntad de la persona consumidora, reforzando su derecho a la información, elección y revocación del consentimiento, facilitando así la cancelación inmediata y gratuita de suscripciones o membresías, mediante la implementación de mecanismos sencillos, accesibles y equivalentes a los utilizados para la contratación, evitando prácticas abusivas, penalizaciones o procedimientos mañosos que dificulten la decisión de terminar un servicio.
Las nuevas medidas contribuirán a promover la competencia leal y aumentarán la confianza en el comercio electrónico, al establecer estándares mínimos de trato justo y equitativo entre proveedores y personas consumidoras, lo que sin lugar a duda fortalecerá la economía digital y nacional, así como un consumo responsable conforme a las mejores prácticas internacionales y con los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La protección y garantía de los derechos de las y los consumidores, constituye un paso más hacia la consolidación de la justicia social y la prosperidad compartida, cuya base sea un consumo humano, donde nadie obtenga privilegios indebidos en detrimento de las mexicanas y mexicanos.
Activista social
@larapaola1