La simplificación y la digitalización de trámites y servicios propician la eficiencia administrativa, la atención ciudadana y la transparencia en la gestión pública; reduce la tramitología burocrática y, por ende, disminuye el riesgo de corrupción. Lo cual contribuye a impulsar el desarrollo económico, político y social. De ahí la pertinencia de la iniciativa constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso.
La propuesta de reformas prevé la expedición de una ley nacional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas, que deberá considerar al menos un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios; establecer la autoridad nacional en materia; y prever las herramientas de simplificación y digitalización necesarias.
Asimismo, mandata que, a fin de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
Como ha sido ampliamente reconocido, el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado muestras claras de una amplia visión global que entiende los beneficios de posicionar a México en un mundo interdependiente y de vertiginosos cambios tecnológicos.
La magnitud de la reforma propiciará la eficiencia gubernamental, agilizará la toma de decisiones, disminuirá costos y fomentará las inversiones, contribuyendo sustantivamente al bienestar de las personas. Y es que los trámites institucionales deben dejar de ser un “dolor de cabeza” para convertirse en auténticos instrumentos que permitan elevar la productividad, mejorar la competitividad y formalizar actividades sociales y productivas.
La simplificación administrativa desde el sexenio de López Portillo y durante todo el periodo neoliberal se convirtió en una promesa incumplida, un discurso vacío y una falsa retórica. Actualmente, de acuerdo con las estadísticas, una persona realiza 486 trámites durante su vida, en consecuencia, resulta fundamental homologarlos, así como reducir requisitos y tiempos de resolución, para que el pueblo ejerza plenamente sus derechos accediendo a servicios que le permitan una mejor calidad de vida y desarrollo.
La Iniciativa presidencial constituye un esfuerzo continuado que comenzó el año pasado al restructurar la organización de la Administración Pública Federal, lo que entre otros aspectos, derivó en la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, demostrando así que asume el gran reto de digitalizar el aparato gubernamental, utilizando la tecnología como un medio de movilidad y cohesión social para construir una novedosa relación entre el gobierno y la ciudadanía.
La simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios posibilitará la adopción de mejores prácticas que nos darán importantes ventajas competitivas frente a nuestros socios comerciales; acrecentará y fortalecerá la confianza de la ciudadanía y de inversionistas en el gobierno; y abrirá paso a la democracia digital.
En suma, es una reforma necesaria que acortará distancias y derribará barreras, pero, sobre todo, que convertirá a México en el primer Estado digital de américa latina.
Activista social.
@larapaola1