La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) de validar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa, sin intervención del Ministerio Público y sin necesidad de una solicitud internacional; basándose únicamente en "indicios suficientes" ha generado un escándalo de tal magnitud, que su titular tuvo que hacer hincapié en una entrevista con El Universal ayer que no se trata de una persecución a ciudadanos.
Como atinadamente expuso ayer Ignacio Morales Lechuga, en estas páginas, la disposición no sólo viola diversos derechos humanos y deja en la indefensión jurídica a las personas y empresas, sino que contraviene lo dispuesto por varios artículos de la Constitución. Lo paradójico del asunto es que la SCJN debería estar para garantizar esos derechos y evitar los abusos de poder, y no sea el organismo que los legitime.
Se ha tratado de justificar la decisión diciendo que de esta forma la autoridad hacendaria podrá combatir el lavado de dinero de los criminales, y evitar la evasión y elusión de impuestos de contribuyentes. Algunos analistas han insistido que es por presión de Estados Unidos (EU), para evitar la incompetencia mostrada por las autoridades anteriores en la materia, pero no es únicamente eso.
El riesgo no es sólo para opositores al gobierno, periodistas críticos; sino también para empresarios, que, aunque no se metan en la política, podrían ser objeto de extorsión y presión del Gobierno. Te desbloqueo tus cuentas a cambio de que te desistas, pagues esta cantidad de impuestos o hagas una aportación “voluntaria” a una causa.
Las señales negativas se van acumulando con la expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que permitirá disponer hasta 30% de los ahorros para el retiro de los trabajadores. Con estos recursos podrán financiar inversión pública en los sectores propuestos por el Plan en Infraestructura sin la necesidad de realizar una reforma fiscal para allegarse recursos, pero que podría ser políticamente costoso y quitar votos.
El problema es que como esos proyectos de inversión no son rentables económicamente, ampliarán el déficit público y por ende el endeudamiento elevando las tasas de interés de largo plazo. Adicionalmente, como estas inversiones generarán minusvalías afectarán las cuentas individuales de los trabajadores. El efecto no será inmediato, sino más bien a largo plazo.
La estrategia es similar a la que usó el gobierno con la emisión de Notas Pre-capitalizadas de Pemex. De esa manera se reduce el costo de su deuda, asumiendo indirectamente la de la paraestatal. De manera directa las calificadoras de deuda no lo permiten, por lo que la apuesta es que su Plan de Negocios funcione y la paraestatal pueda amortizarlas o renegociarlas más adelante en mejores condiciones. Es decir, se ganó tiempo esperando que más adelante se resuelva su situación financiera; en caso contrario, este pasivo contingente será una carga adicional a las finanzas públicas.
En los Pre-Criterios para 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone continuar los esfuerzos de consolidación fiscal con una combinación de reducción del gasto y ampliación de la deuda pública. Pero los problemas también podrían venir por el lado de los ingresos si el PIB crece mucho menos de lo que espera en 2026 (2.3%) y en 2027 (2.4%).
Cabe comentar, que el componente que más afectó la confianza del consumidor de marzo fue la percepción de la situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, que cayó 1.2 puntos respecto a febrero.
Si bien es cierto que, aunque el país no crezca, la Ley Antilavado podría incrementar los ingresos fiscales al gobierno al darle mayores facultades al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para vigilar y sancionar a los contribuyentes; sin embargo, el mayor acoso, podría reducir la inversión nacional y extranjera en México.
Ante la previsible caída de la inversión privada, el gobierno va a incrementar la pública poniendo en riesgo sus finanzas y generando más inflación y crisis económica. Esta historia ya la vivimos en los setentas y no habrá bonanza petrolera que nos salve. La falta de certeza jurídica y de un andamiaje institucional nos cobrará factura. Al tiempo y una disculpa por no ser optimista.
Adenda
1. El informe del Comité de Expertos de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (CED) generó la respuesta airada del gobierno mexicano que se siente indignado por la calificación de crimen de lesa humanidad. En realidad, la acusación es a la incapacidad e indolencia de la 4T para enfrentar el problema que no se resuelve con el maquillaje de las cifras. No seamos ingenuos: es como pedirle al gobierno cubano que acepte violaciones a los derechos humanos.
2. Con la tregua de EU con Irán se da un respiro.
3. Inflación al consumidor y al productor de México hoy. Tema pendiente.
4. Semana de efemérides: los 100 años del nacimiento de Julio Scherer García, el periodista referente para el gremio; y, el fallecimiento de Heberto Castillo Martínez en 1997.
*Analista económico, catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad
Email: pabloail@yahoo.com.mx
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