La clave para entender el sentido de las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en su discurso el pasado 5 de febrero cuando señaló que era para asegurarse de que los cambios realizados no serían revertidos en un futuro. Se trata de modificaciones constitucionales en 18 de ellas, lo cual requiere mayoría calificada misma que provocó que reformas ya propuestas ante fueran rechazadas. El mandatario lo sabía y así lo evidenció cuando reconoció el martes, que tenían un propósito electoral como parte de una propuesta de proyecto de nación y que serían temas a debate, contradiciendo a las plumas del oficialismo que juraban que ese no era el sentido.
Para impedir que no sean rechazadas por el Congreso o invalidadas por el Poder Judicial, se requiere asegurar que las reglas de la competencia se modifiquen de tal manera que se logre mayoría calificada. Ese es el sentido de eliminar los escaños plurinominales que se establecieron para evitar que hubiese la sobrerrepresentación que en un pasado tuvo el PRI antes de la reforma de 1977, cuando se incluyeron tímidamente por primera vez con 100 diputados plurinominales y luego 200, porque seguía siendo elevada. Por el lado del Senado, se amplió de 64 a 96 primero para dar paso a senadores de primera minoría y luego se agregaron 32 plurinominales en una fórmula federal para darle lugar a fuerzas políticas minoritarias. Contrario a la opinión de algunos comentaristas que de botepronto dijeron que no era un aspecto relevante, lo es sin duda por sus implicaciones.
En ese mismo sentido va la propuesta de elegir tanto a los consejeros como a los magistrados electorales. La retórica oficial argumenta que al elegirlos democráticamente se asegura que defiendan los intereses del pueblo, cuando en realidad se enmascara que representarán los de la fuerza mayoritaria que los aprobó. De esta forma Morena y aliados evitará que el arbitro no deje fuera de la contienda a sus candidatos, que se defienda los derechos políticos de sus militantes y de la ciudadanía, que no los sancione por violación a las leyes, y por el contrario que lo haga con los oponentes o críticos. El caso de Denise Dresser acusada por la diputada Andrea Chávez (Morena) por violencia política de género (VPG) sería una experiencia recurrente para acallar voces.
Curiosamente, aunque Morena ya tiene el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al contar de su lado a tres de los cinco magistrados y en cierta forma del Instituto Nacional Electoral (INE) cinco de 11, pero controlando a la Secretaría Ejecutiva encargada de llevar la parte operativa de las elecciones del 2024, no quieren correr riesgos y están buscando cambiar a todos con una modificación constitucional.
Por lo que respecta al Poder Judicial de la Federación, el presidente lleva atacándolo sistemáticamente desde hace dos años, porque ha aceptado controversias constitucionales que han provocado la invalidación de leyes secundarias, los famosos planes B, o decretos. El caso más reciente fue el del ministro Alberto Pérez Dayán quien, con su voto de calidad, permitió que se aceptaran los amparos de las empresas que invalidan algunos aspectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en un proceso acelerado el 9 de marzo de 2022. La respuesta del oficialismo fue amenazarlo con iniciarle un juicio político, que no prosperará con la actual composición del Senado.
Sin entrar en más detalles, queda claro que el objetivo es controlar los poderes de la Unión para que no le hagan contrapeso al Ejecutivo como era en los años dorados del PRI en el siglo pasado. Y en ese mismo sentido, va la desaparición de los organismos autónomos. La propuesta de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pierda esta condición como actualmente lo marca el artículo 26 de la Constitución tiene el propósito de que la medición de la pobreza y la evaluación de los programas sociales no sean realizadas sin el control del Ejecutivo. Para nadie es un secreto que el mandatario enfureció cuando Coneval cuestionó el mal diseño y ejecución de algunos de los programas emblema como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando el organismo hizo recomendaciones para mejorarlos.
Al presidente y a sus seguidores les obsesiona la idea de que, con un golpe de Estado, el ejército pudiera revertir los avances como sucedió con Madero y Salvador Allende el siglo pasado. A lo largo de todo el sexenio las alusiones al respecto han sido reiteradas, lo mismo de funcionarios y de los moneros que veían intentos golpistas en las protestas de padres de niños con cáncer por la falta de medicamentos, quienes, según ellos, eran manipulados por las farmacéuticas.
Para evitar que el “pueblo uniformado” esté en contra del proyecto de la 4T, el presidente les ha otorgado más facultades de las previstas en la Constitución. La mejor forma de evitar privatizaciones de las nuevas paraestatales es poniéndolas a cargo de las fuerzas armadas, de tal forma que las futuras administraciones no se atrevan. El mandatario está convencido de que las empresas públicas bajo la responsabilidad de civiles no generan utilidades porque son intrínsecamente corruptos. La realidad es que Mexicana de Aviación, el Tren Maya y otras a su cargo están condenadas a generar elevadas pérdidas y a ser subsidiadas por el gobierno, generando una enorme carga al erario. Pensar que los civiles lo son por naturaleza y los militares no, es partir de prejuicios y estigmas que se tienen en contra de personas servidoras públicas. En contrapartida la revista Proceso de enero, denunció que, en la construcción del Tren Maya a cargo del ejército, a los trabajadores les confiscaron parte de su sueldo, sin considerar la serie de abusos que padecieron y sin posibilidad de que hubiese sanciones, como se denunció.
Es decir, una vez que el respaldo popular se agote por el fracaso de los cambios realizados y por los que faltan, quedará el sostén de las fuerzas armadas, como ocurre con las dictaduras de izquierda y derecha en todo el mundo, sean Nicolás Maduro o Nayib Bukele con disfraces democráticos.
Un aspecto que no ha sido mencionado por los analistas, es que ninguna de las iniciativas cuenta con estudios de impacto presupuestario, como mandata la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siendo un requisito que no debe pasarse por alto. La presión a las finanzas públicas sería una herencia fatal para la siguiente administración. Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila.
Algunas reformas son meramente testimoniales, sea porque ya estaban contempladas en la Constitución o no se asegura su cumplimiento, aunque se indiqué la garantía de un derecho, como la iniciativa de reforma al artículo 4 en materia de atención médica integral, universal y gratuita. Paradójicamente en la propia exposición de motivos se reconoce que sólo es gratuita la atención de primer nivel y únicamente en ciertos aspectos en segundo nivel; cuando actualmente ni siquiera hay abasto suficiente de medicamentos. La votación sería unánime, el problema es que se convierten en letra muerta como el salario digno del artículo 123, si no se crean las condiciones para que suceda. Los políticos tienen la idea de que, al ponerlo en la ley mágicamente se cumplirá.
Adenda
1) Atentos al anuncio de la inflación al consumidor de febrero, especialmente a la subyacente.
2) Si que gané Kansas City perjudica a Trump, voy con los Jefes.
Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx
