Desde que Donald Trump andaba en campaña, los medios financieros y economistas consideraban que las políticas propuestas como aplicar aranceles, deportar a trabajadores indocumentados, recortar el gasto drásticamente, cancelar subsidios para estimular la producción de vehículos eléctricos, así como a proyectos para fomentar la de semiconductores y chips, y de esa forma reducir la dependencia de Taiwán, generarían un mayor déficit presupuestal, inflación por el traslado de aumento de precios de los productos importados a los consumidores, elevarían los costos por falta de fuerza de trabajo en sectores como la agricultura, construcción y servicios, provocaría una contracción económica significativa, ya que el repunte inflacionario dificultaría la tarea de la Reserva Federal de seguir reduciendo la tasa de interés de referencia.
Frente a este escenario probable ha surgido una corriente de opinión que prevé que algunas de las medidas no serían tan drásticas considerando el daño económico que conllevarían, por lo que prevalecería un criterio pragmático del presidente electo al verse afectada su popularidad por los efectos negativos. Desde un enfoque racional, el gobierno mexicano también ha intentado persuadir al próximo mandatario de Estados Unidos (EU) de lo contraproducente de las medidas y que sería como darse un “balazo en el pie”.
Los efectos negativos de las disposiciones no son inmediatos, por lo que ello no convencerá al futuro gobierno de no aplicarlas. Desde que se negoció el TLCAN en 2017, el objetivo de EU era reducir su déficit comercial con México, porque se partía de la premisa de que era negativo. La visión mercantilista de que el libre comercio ha sido perjudicial desde esta óptica influyó de nuevo en algunos estados con base industrial en el pasado proceso electoral, ya que ha reducido empleos y ha trasladado producción a México, aunque estudios más objetivos muestren que a nivel agregado esto no fue así. A esta queja se ha sumado Canadá, que acusa a nuestro país de ser un reexportador de mercancías chinas y que por ello México lo ha desplazado injustamente como el importador más importante de EU.
Pensar que las amenazas de deportación masiva no se van a implementar, cuando las campañas electorales republicanas y demócratas competían para demostrar quién podría ser más efectivo en la tarea, es caer en la ingenuidad de no tomarla en serio. Incluso este fue uno de los factores determinantes del triunfo de Trump. Ya anunció que cerrará la frontera el primer día de su mandato, así como de otros decretos.
Como otros líderes populistas (López Obrador et al), Trump tiene un profundo desprecio por el razonamiento económico, por lo que pretender convencerlo de no aplicar diversas disposiciones contra México explicándole con números no es la ruta más conveniente. Diría que “tiene otros datos” y que el déficit comercial con México ha crecido aceleradamente y que mejor prueba que esa.
En 2017, cuando estaba a punto de firmar el documento para repudiar el TLCAN, fue persuadido por importantes miembros de su gabinete y del sector empresarial para que no tomara esa decisión. Sin embargo, ahora no se percibe a personajes que lo pudieran aconsejar de manera más sensata y los empresarios que se han acercado a Trump buscan más bien un beneficio para sus empresas, en lo que podría comenzar una época de capitalismo de cuates, como lo advirtió Paul Krugman hace poco.
Con el gobierno de Joe Biden había una perspectiva de ampliar la política industrial a nivel regional, por lo que se percibía a México como parte de una estrategia regional de competitividad. Se llegó a pensar que con el proceso de relocalización se podrían comenzar a producir semiconductores y otros componentes estratégicos, por ejemplo.
Pero con el próximo gobierno de Trump, esa posibilidad podría cambiar por varias razones: 1) desconfianza hacia México como aliado por su cercanía no disimulada con China, Venezuela, Cuba, Rusia, etc., 2) cambios institucionales que entran en conflicto con el T-MEC que se acentuaron con las reformas propuestas como parte del Plan C, a pesar de que el gobierno mexicano reitere que no es así, desoyendo las advertencias de expertos y especialistas en temas de comercio exterior, sumando a las controversias pendientes, 3) dudas sobre la estrategia de seguridad pública luego del fracaso estrepitoso de la de “abrazos y no balazos” del gobierno anterior. La percepción de que la delincuencia organizada controla un tercio del territorio nacional que existe en EU, también es compartida en México.
Las declaraciones del embajador Ken Salazar de que el gobierno anterior no permitió la colaboración en el combate a la delincuencia, además de ser un reproche tardío parecía una advertencia de que la próxima administración republicana endurecerá la política exterior hacia México. El próximo arribo de Marco Rubio a la Secretaría de Estado y de otros halcones de la extrema derecha son un mal presagio en ese sentido.
No se cuestiona que no sea cierto el argumento de que con la aplicación de aranceles EU se estaría dando un balazo en el pie, el problema es que la próxima administración Trump no lo cree así y tampoco le importa, si el más perjudicado por la medida será México por el enorme peso que tienen el sector externo en su economía, y lo usará como medio de presión y chantaje. Habría que declarar menos y buscar más interlocutores en el sector privado norteamericano beneficiados con el T-MEC.
Adenda
1. Buenos datos de los indicadores de coyuntura harán subir un poco las estimaciones del PIB de 2024 pero no cambiarán las proyecciones del próximo año.
2. Sin embargo, se observa desaceleración de la inversión en septiembre, como parte de la cautela provocada por la incertidumbre interna y externa.
3. El indicador adelantado de México de octubre siguió cayendo, anticipando desaceleración en los siguientes meses.
*Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN.
