Ayer por la mañana, el tipo de cambio llegó a estar en 18.95, luego los ánimos se tranquilizaron un poco y regresó el Fix a 18.7832 para cerrar en 18.7597, pero todavía muy arriba de la cotización de cierre del martes de 18.4879, esto es, más de 2 pesos que la registrada el 20 de mayo (16.5517). Las declaraciones del Presidente saliente le echaron gasolina al fuego en el mercado cambiario, al enfatizar en la mañanera que la reforma judicial se aprueba en septiembre ofreciendo un Estado de Derecho sin corrupción con la iniciativa enviada el 5 de febrero, que no hay mucho que discutir porque el mandato de las urnas fue contundente; mientras que Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) anunció que realizaría una encuesta para preguntar qué piensa la gente del poder Judicial, que fue interpretado como una operación para legitimar una decisión ya tomada.

Si en su momento The Economist cuestionó al expresidente Enrique Peña Nieto, con la frase de “no entienden, que no entiende”, ahora podríamos decir que “no entienden, porque no quieren entender”. Lo que preocupa a los inversionistas es que la pérdida de autonomía del Poder Judicial implica se pierda la certeza jurídica que hasta el momento han tenido, porque ante la eventualidad de que no prevalezcan las leyes y tratados internacionales que, desde la reforma a la Constitución en junio de 2011, también son ordenamientos de cumplimiento para el Estado mexicano, por lo que en lo sucesivo el Estado de Derecho va a depender de la voluntad del presidente en turno.

Al desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como garante del cumplimiento de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, se pierde un contrapeso al Poder Ejecutivo y regresamos a las condiciones que prevalecieron la mayor parte del siglo XX donde el presidencialismo era el régimen dominante. Al ser electos por voto popular los jueces y magistrados como está previsto para junio de 2025, en realidad se trataría de una decisión previamente tomada por la presidenta y sólo legalizada por una elección popular. No se trata de una auténtica legitimización porque el oficialismo tendrá todas las condiciones para impulsar a quienes previamente ya seleccionó.

La consulta popular y el parlamento abierto que CSP propone, aunque abren un espacio de diálogo y escucha, en realidad no modificarán substancialmente la iniciativa enviada por el presidente, como lo fue con las iniciativas que se aprobaron fast track en abril de 2023 y que fueron impugnadas por la oposición, algunas de las cuales todavía están pendientes de resolución, como nos lo han recordado entre otros, Javier Tejado.

Por otra parte, especialistas como Ana Laura Magaloni, han hecho hincapié que la experiencia de la gente con el poder judicial es francamente negativa, porque se refieren al ámbito local, por lo que hacer una encuesta, sin aclarar que la reforma que envió el presidente tiene que ver con el nivel federal, sesga el resultado. El rechazo sería utilizado para construir una narrativa que siga desprestigiando a la SCJN y justifique la reforma.

Algunos analistas han señalado que las calificadoras podrían disminuir el grado de inversión ante el inminente cambio de régimen que representa una regresión autoritaria donde el Poder Ejecutivo controlará al Poder Judicial, a los tribunales y organismos electorales, y abrió un factor de riesgo político que no estaba antes del 2 de junio porque no contaban con mayoría calificada, lo cual se refleja sobre todo en el comportamiento del tipo de cambio. También es importante precisar que son más cautelosas en su actuar y que en los últimos anuncios advirtieron que los siguientes movimientos dependerían del análisis de las propuestas del nuevo gobierno. Por ende, las decisiones que tomen al respecto se harán una vez que asuma el mando, que se tenga más claridad de su programa de gobierno y de cómo se aprueben las leyes

Respecto a prohibir la reelección de legisladores, esto se interpretó como una forma en que la nueva presidenta busque tener un mayor margen de maniobra hacia el 2027, puesto, que una gran cantidad de diputados le son más bien leales al actual presidente. Recordemos que cuando se eliminó en el siglo pasado, la intención era fortalecer al Ejecutivo. No es extraño que ahora este sea el propósito.

En conclusión, tendremos una temporada de elevada turbulencia, no sólo por la incertidumbre interna, sino también por la que vendrá del exterior, especialmente del proceso electoral de Estados Unidos, por lo que abróchense los cinturones.

Adenda

1. México es un régimen híbrido que combina elementos de democracia formal y autoritarismo. Si pasa el Plan C, será un régimen autoritario. Hasta 2020 era una democracia defectuosa. Una aclaración por el error de la semana pasada.

2. Si bien la sobrerrepresentación de diputados resuelta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a favor de los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia tiene a su favor una lectura literal de lo que dice el artículo 54 de la Constitución; la maniobra que hizo el Instituto de la Ciudad de México de aceptar que 7 candidatos ganadores de mayoría relativa no se asumieran como integrantes de Morena, con lo que la asignación de escaños pase de 38 a 43 es una burla a la voluntad popular, por lo que en este caso el Tribunal Federal deberá echar para atrás esta resolución.

3. Mejoró la inflación al consumidor en Estados Unidos en mayo, pero la Reserva Federal prefirió mantenerse prudente y no mover la tasa de referencia en la reunión de ayer, ante la fortaleza del mercado laboral y de la economía.

* Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN

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