Por: Bárbara Anderson
En los 10 años que acaba de cumplir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), nunca ha conseguido uno de los reclamos más recurrentes del sector: que el costo del espectro radioeléctrico -insumo esencial de las operadoras de telefonía móvil- baje hasta los valores internacionales. Hoy por hoy, los derechos que pagan tanto América Móvil para Telcel como AT&T México son 60% más altos que el promedio global.
El sobreprecio de estas frecuencias carece de toda lógica económica: si en 10 años, los precios de la telefonía se han reducido en 48.7% y la inflación general se ha incrementado 56.9%, ¿Por qué razón las frecuencias radioeléctricas que son el insumo para producir internet deberían costar el doble que cualquier otro país del mundo?.
Por ley, cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe cada año antes de armar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el IFT debe dar sus recomendaciones sobre los costos de los servicios que este organismo regula.
En una recomendación enviada a esta cartera, el Instituto nuevamente alerta que los precios que pagan los operadores en nuestro país son más del doble de lo que se paga en el resto del mundo y por primera vez busca que la mayor contribución fiscal venga del operador que obtiene más ingresos por las frecuencias de espectro que utiliza (aka, América Móvil). No solo dice lo que considera que debería ser el costo del espectro que las empresas deberían pagar cada año, sino que le hace la chamba a Hacienda de arrastrar el lápiz y entregó una serie de fórmulas sobre cómo compensar en recaudación fiscal el recorte que recomienda al gobierno federal.
¿Qué propone el IFT? Que se modifique el artículo 244 de la Ley Federal de Derechos para el PEF 2024 y que se reduzcan los costos anuales por derechos de uso de espectro en 51.6% en el caso de la firma fundada por Slim y en 56.4% a la que dirige Mónica Aspe. En la actualidad cada empresa tiene un costo fijo anual que es el pago de derechos por el espectro asignado (que equivale al 90% del costo del espectro que usan). Para compensar ese más de 50% que dejaría de recaudar Hacienda, el Instituto propone una contribución extra por tres años, donde ambas compañías de telefonía móvil paguen el equivalente al 1% de sus ingresos anuales.
La fórmula del IFT para Hacienda si bien significa en el corto plazo una menor recaudación por derechos de espectro (5,000 mdp menos al año) con menores costos fijos las operadoras podrían incrementar su cobertura y atender a casi 5 millones de nuevos usuarios que hoy están sin servicio. Esto ayudaría, compensando con el cobro de impuestos adicionales (IVA e ISR) que sumarían unos 4,000 mdp.
Esta es la propuesta enviada a la SHCP:
Charla de sordos
Desde hace cuatro años (2020, 2021, 2022) el Instituto ha venido alertando a la SHCP en modo ‘potencial’ el peso de los costos del espectro sobre el despliegue de nuevas tecnologías, mayor cobertura geográfica y más usuarios que redunda en inclusión social, así como abrir la puerta a -¿ahora sí?- mayor competencia en un sector que está aún captado por un jugador preponderante como es Telcel.
“Mantener un régimen con alto costo del espectro en México con respecto al contexto internacional tiene impactos negativos para la conectividad de empresas y personas, la competitividad del país y el bienestar de la población, desincentiva las inversiones y la participación en futuros procesos licitatorios; concentra el mercado, podría incrementar la posición asimétrica del agente económico preponderante (es decir América Móvil) y limita las posibilidades de que en México se ofrezcan servicios de última generación (5G) y, además, no garantiza que el Estado reciba mayores ingresos por concepto de derechos derivado de la falta de interés en nuevas licitaciones de espectro y la posible devolución de mayores cantidades de espectro por parte de los operadores”. Este es un párrafo dentro de esta carta/recomendación que resume la intención que envía a Hacienda Javier Juarez Mójica desde el IFT.
¿Por qué este comunicado incluye adjetivos como “precios insostenibles” o “panorama de daños irreversibles a corto plazo”?
Parecería que como en la historia de Pedro el pastorcito, tras cuatro años de gritar: “!Ahí viene el lobo!” al órgano regulador se le acabaron casi todas las ovejas: Movistar renunció a todas sus frecuencias para volverse un operador virtual, AT&T México continúa regresando espectro por su alto costo, la concentración del mercado aumenta y ya lleva varias licitaciones de espectro desiertas por la insostenible situación financiera del mercado mexicano. Esto sin olvidar lo ineficaz que la actual política espectral resulta para recaudar pues la salida de la compañía española disminuyó los ingresos por este rubro en 4,500 mdp anuales, la mitad de lo que actualmente eroga Telcel por el mismo servicio (una tercera parte de los ingresos que tenía el gobierno federal por este uso). Según una estimación del Instituto, de 2019 a 2023, cayó 19% la recaudación por derechos de uso de espectro por parte del gobierno federal, pasando de 20,032 mdp al año en 2019 a 16,232 mdp en el presente ciclo.
Una vez más, el próximo 8 de septiembre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O tiene en sus manos el futuro de las telecomunicaciones y la posibilidad de cumplir con una de las grandes promesas pendientes del Presidente López Obrador: internet para todos, de verdad.
