Por Leticia Bonifaz
Las mujeres que han llegado a los lugares más altos de decisión en los organismos internacionales y en los gobiernos de los distintos países han insistido en señalar que con presencia de más mujeres en la política se provocan cambios en la manera de hacer política.
Hace ya décadas se ha venido intentando incrementar el número de mujeres en puestos de decisión pública. Aunque cabe precisar que no se trata solo de número, sino de calidad en la representación. También han sido estudiadas las razones por las que las mujeres, no obstante haber adquirido el derecho a votar y ser votadas, en el caso de México hace ya casi 70 años, no han tenido un aumento espontáneo en la participación, sino que ésta ha sido producto de medidas internacionales y nacionales.
En México, logramos tener la primera gobernadora en 1979. 26 años después de haber conseguido el derecho al voto. Las que vinieron después se fueron espaciando en el tiempo y siguieron siendo la excepción, no la regla. Tuvieron que venir las cuotas para que aumentara la presencia de mujeres en las cámaras y luego la regla de la paridad. El actual número de gobernadoras se logró por el impulso de un despacho de litigio estratégico que provocó que el INE interpretara, a partir de los argumentos vertidos, que los partidos políticos postularan a mujeres en la mitad de las candidaturas en juego.
El proceso ha sido largo y ha sido necesario ir rompiendo la idea de que el espacio público es un espacio “natural” para los hombres y el espacio privado para las mujeres.
A nivel internacional, en el seno del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, CEDAW, se busca que todos los países del mundo atiendan todas las causas que impiden a las mujeres participar en política y, por tal razón, nos hemos enfocado hacia el tema de los cuidados y la desigual repartición de responsabilidades en el ámbito doméstico, pero también, simultáneamente hacia el fenómeno de la violencia política por razón de género que también aleja a las mujeres de la competencia.
Se ha detectado y comprobado que la política sigue siendo un medio hostil para las mujeres y que visiones estereotipadas siguen poniendo en duda nuestras capacidades.
En México, desde el 13 de abril del 2020, se hicieron adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se incluyeron las previsiones específicas de cuándo existe violencia política por razón de género. Esta reforma la aprobó la legislatura de la paridad. Posiblemente, sin el 50% de mujeres en el Congreso, la reforma no hubiera transitado.
El INE se ha encargado de difundir de manera esquemática qué es la violencia política y qué es la violencia política por razones de género. Por su parte, el Tribunal Electoral ya ha resuelto muchos casos y ha determinado cuáles sí proceden y cuáles no. El tema de la violencia política no es cuestión de subjetividades. La ley señala objetivamente los casos que deben ser sancionados.
Por todos los medios a nuestro alcance tenemos que seguir sensibilizando a toda la población para que quede claro por qué es importante para la sociedad una mayor participación de mujeres en las decisiones públicas y que se vea cómo ya hay referentes internacionales que muestran cómo cambian las políticas públicas cuando más mujeres intervienen en su definición. Finalmente, necesitamos estar convencidos de que puede haber otros modos de hacer política en condiciones de igualdad, inclusión y sin discursos y acciones violentas. La lucha la debemos dar hombres y mujeres hasta lograr que así sea
