Por Sandra Romandía
A Teuchitlán se llega desde Guadalajara recorriendo unos 70 kilómetros por la carretera federal 15D hasta Tala y luego por la vía estatal hasta alcanzar el pequeño municipio que presume —con justo orgullo— el sitio arqueológico de Guachimontones, una joya prehispánica de estructuras circulares únicas en Mesoamérica. Tanto orgullo genera esa pirámide que ha sido inmortalizada en el escudo oficial del ayuntamiento.
Teuchitlán cuenta con poco más de 9 mil habitantes. Un pueblo donde todos se conocen, donde las autoridades locales no solo saben los apellidos, sino qué parcela cultiva cada familia. Dentro de su territorio se encuentra La Estanzuela, una comunidad de 2 mil personas enclavada entre ríos, parcelas y brechas polvorientas. Desde la cabecera municipal hasta ese ejido hay menos de tres kilómetros. Y, sin embargo, durante más de una década, justo allí operó el Rancho Izaguirre: centro de reclutamiento forzado, adiestramiento paramilitar y muerte.
Como recordaremos, el 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se adentró —sin custodia estatal— en el rancho. Lo que encontraron fue el eco de un Auschwitz a la mexicana: huesos calcinados, restos textiles, más de 400 pares de zapatos, mochilas infantiles, identificaciones, fotografías, cenizas. Y entre esa devastación, una toalla azul con blanco desgastada, con el escudo municipal que incluye la pirámide de Guachimontones y la leyenda: “Policía municipal Jalisco. Servir y proteger”.
Revisé una por una las prendas que el gobierno subió a su portal para que las familias de desaparecidos pudieran identificar objetos. Y ahí estaba: una toalla oficial, de uso exclusivo para elementos policiales de Teuchitlán. Pregunté, crucé datos, y no hay reporte de policías municipales desaparecidos en funciones. Lo que sí hay son testimonios que los señalan por desapariciones forzadas y colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Testimonios a los que tuve acceso indican que policías de ese municipio ingresaban al rancho y tenían relación con los líderes que lo manejaban.
El hallazgo de esa toalla, más que un rastro textil, es una prueba simbólica. Como si el horror hubiese tenido uniforme oficial, lavandería propia y misión institucional.
Por eso no sorprende —pero sí indigna— la detención del alcalde José Ascención “Chón” Murguía el pasado sábado por la noche. No fue cualquier funcionario: ha sido presidente municipal en tres periodos, en dos de ellos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, el partido que ha gobernado Jalisco desde 2018. Fue bajo su sombra —por omisión o comisión— que el Rancho Izaguirre se erigió como centro logístico del CJNG. Desde 2021, el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue notificado formalmente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por no atender medidas mínimas de prevención frente a la desaparición forzada de personas. Esto incluyó el incumplimiento de la Recomendación General 3/2018, que establece obligaciones específicas para los municipios en la implementación de protocolos de búsqueda y atención a víctimas.
¿Cómo pudo el alcalde, inicialmente en entrevista a medios, intentar defenderse y decir que no sabía nada?
Durante la audiencia de imputación celebrada este domingo, la Fiscalía General de la República presentó acusaciones estremecedoras: “usted colaboró de forma dolosa”, señalaron los fiscales al alcalde. Relataron que un testigo declaró que “15 o 20 días antes del 18 de septiembre de 2024 se apersonó en el rancho con El Lastra y despertó a uno de ahí para que abriera la fosa y ahí arrojó una bolsa con órganos”. También se reveló que a las víctimas “las obligaban a comer carne humana” y que en “el rancho de La Vega los forzaban con violencia extrema a elaborar droga”. La FGR afirmó que el alcalde presuntamente prestó armamento y ofreció vigilancia para evitar la fuga de los reclutados. José Ascención se abstuvo de declarar. Solo dijo: “No, no declaro”.
Su captura debería significar el inicio de una limpieza institucional, pero cuidado: no nos dejemos engañar con el sacrificio de un solo funcionario como si fuese suficiente. La colusión en Teuchitlán es una cadena, debe investigarse hacia arriba —autoridades estatales de seguridad, altos mandos, el exgobernador Enrique Alfaro, cuya cercanía con el alcalde está documentada— y hacia abajo: toda la policía municipal, la comisaría, los funcionarios que firmaron permisos, las notarías participaron en procesos de despojo.
Así que no, la toalla de la Policía de Teuchitlán encontrada dentro del rancho es una firma. La rúbrica de un Estado que no solo falló, sino que participó.
Es fácil ahora hablar de justicia cuando la vergüenza es pública.
Lo hallado en el Rancho Izaguirre no solo es una fosa: es una metáfora brutal del México donde el crimen tiene oficina en el palacio municipal. Donde el alcalde presume obras públicas mientras a menos de tres kilómetros se tortura, se entrena, se desaparece. Donde una toalla institucional aparece entre las cenizas de los desaparecidos y nadie da explicaciones.
Hoy, desde los juzgados de Puente Grande, se arma la narrativa de lo que hizo el detenido, pero ojalá no se atrevan a contarnos una historia de justicia si no están dispuestos a escarbar más allá del eslabón más débil.
Porque en Teuchitlán no se cayó una autoridad. Se reveló una maquinaria. Y lo que exige esta historia no es una detención, sino una purga.
Que nadie lave esa toalla. Que quede manchada, para siempre, como recordatorio de que en México, la complicidad también usa uniforme y lleva bordado su escudo.
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Sandra Romandía
Periodista mexicana
Ciudad de México
Twitter: @sandra_romandia
