Opinión 51 | 10-08-26 | 01:53 |

Pamela Sandoval

La Presidenta anunció en la mañanera un decreto de transparencia que ya apareció en el Diario Oficial. Manda a las dependencias del Ejecutivo publicar información sin esperar a que nadie la pida y actualizar más seguido sus contratos, incluidos los de las empresas públicas. Junto con el decreto vino la promesa de una reforma legal, porque un decreto no llega a tanto. No puede cambiar las causas por las que el gobierno tiene permitido reservar un documento.

Queda una pregunta que el anuncio no toca. Cuando una dependencia niega la información, ¿ante quién reclama el ciudadano? Hasta 2025 reclamaba ante el INAI, órgano constitucionalmente autónomo, integrado por siete comisionados ratificados por el Senado y renovados por partes, de modo que ningún gobierno alcanzaba a nombrarlos a todos. La reforma de simplificación administrativa lo desapareció. Hoy la función está en Transparencia para el Pueblo, sectorizado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con un titular único que designa la Presidencia.

Ahí se acaba la discusión sobre transparencia y empieza la del Estado de Derecho. Un derecho sirve cuando su titular puede hacerlo valer contra el poder, ante alguien que no le deba el puesto al poder. Si quien revisa y quien es revisado pertenecen a la misma estructura, la norma sigue escrita y ya no obliga a nadie.

Todo esto se hizo por la vía legal. La reforma reunió las mayorías que la Constitución exige, el decreto se publicó donde debía publicarse, los plazos se respetaron. Por eso cuesta trabajo nombrar el problema, porque nadie violó un procedimiento. El estado de derecho exige algo más difícil: que el poder choque con límites que no estén a su alcance. Un gobierno puede cumplir cada paso del trámite y quedarse, al final, sin nadie enfrente.

La democracia carga con lo mismo. Las mayorías construyen instituciones, y ciertas funciones se les sustraen justamente porque la mayoría es a quien hay que vigilar. Un electorado que no puede revisar las cuentas de su gobierno vota con lo que le cuentan. Y estas garantías acaban sirviéndole a quien pierda la siguiente elección, sea quien sea. Reducirlas desde la fuerza da por supuesto que la fuerza dura.

Escribí hace poco sobre los derechos de las audiencias, cuando una facultad que estaba en un órgano con autonomía constitucional se movió a uno del Ejecutivo. Es el mismo movimiento. A la prensa la golpea de lleno, porque los documentos son su insumo de trabajo. Sin documentos queda el periodismo de declaraciones, que a ningún gobierno le estorba.

El periodista que pida el expediente incómodo va a saber antes que nadie hasta dónde llega el decreto.