Yohali Reséndiz
Hace un par de semanas, un video manipulado circuló en redes sociales en Morelos. Manipulado, porque muestra lo que convenientemente quisieron exhibir y oculta lo que en realidad ocurrió.
En el video se observa al presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, junto a Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales y coordinador de Plazas de Abasto; Samuel Márquez, “El Mayor”, secretario del ayuntamiento; y Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan. Todos reunidos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.
A partir de esta filtración, el alcalde de Cuautla negó cualquier vínculo con el crimen organizado y reiteró su disposición a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y cualquier autoridad federal. Pero lo que el video no muestra es cómo y por qué se dio realmente ese encuentro.
Para entender la historia completa, tuve acceso a diversas fuentes cercanas al caso, entrevisté a testigos y reconstruí la historia completa de lo sucedido aquel día.
Los hechos se remontan a mayo de 2024. Durante un recorrido electoral, Jesús Corona Damián, Jorge Bazán Reyes y Samuel Márquez viajaban en una camioneta blindada cuando fueron interceptados por dos vehículos con hombres armados. Los encañonaron y obligaron al conductor a seguir una ruta previamente establecida.
Los llevaron a un paraje del mismo municipio. Al llegar, los obligaron a bajar. En la mesa ya estaban otros políticos: Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, y Nayla Ruiz Rodríguez, diputada local de Morena por el distrito 7.
En el centro de la reunión se encontraba Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”. Pero no estaban solos. Una veintena de hombres armados los rodeaban.
La grabación filtrada a redes muestra sólo una parte de la escena, pero es evidente que fue editada con un fin específico. Como prueba de ello, hay un participante clave cuyo rostro fue deliberadamente pixelado: un hombre con playera verde limón, identificado como Raúl Tadeo Nava, exdiputado local, exalcalde de Cuautla, acusado de peculado y recientemente aspirante a la dirigencia de Morena en Morelos. ¿Por qué ocultar su rostro si todos los demás fueron expuestos?
Desde un punto estratégico, una cámara registró el encuentro. La conversación quedó grabada. En el video, “El Barbas” hace su planteamiento sin rodeos:
—Nosotros aportaremos votos (dinero) a su campaña y, una vez que ganen, cobraremos mensualmente una cuota para mantener tranquilos los municipios.
Algunos de los presentes guardaron silencio. Otros, paralizados por el miedo, sólo atinaron a responder con monosílabos. Jesús Corona Damián apenas pudo articular un “Está bien”, frase que quedó registrada en la grabación.
Los meses pasaron. Llegaron las elecciones y todos ganaron. Pero entonces vino el cobro.
Poco después de la reunión forzada, el alcalde de Cuautla sufrió un atentado. Un ataque armado del que sobrevivió, pero que dejó claro que el pacto impuesto por el miedo debía cumplirse. Presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. No sería la última.
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado una carpeta de investigación contra un alcalde y varios funcionarios de Morelos por su presunta vinculación con el crimen organizado. Sin dar nombres específicos, detalló:
—Hay un presidente municipal, un secretario de Ayuntamiento y me parece que hay otros tres servidores.
Además, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo el caso por la presencia de armas de uso exclusivo del Ejército en el video y la posible relación de los involucrados con actividades criminales.
Existen al menos tres denuncias sobre estos hechos: dos ante la FGR y una en la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Entre los denunciantes están el alcalde Jesús Corona Damián y Samuel Márquez, “El Mayor”, quienes fueron forzados a asistir a la reunión con “El Barbas” y han señalado los detalles de lo ocurrido.
El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, ha advertido que en Morelos operan al menos 14 grupos criminales y que 18 de los 36 alcaldes, además de diputados y exlegisladores, estarían presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Este caso es una muestra brutal de lo que enfrentan muchos alcaldes en México. No se trata sólo de posibles vínculos con el crimen organizado, sino de una realidad mucho más cruda: gobernar bajo amenaza. ¿Cuántos políticos han sido obligados a pactar con criminales con un arma apuntándoles? ¿Cuántos más han sido exhibidos sin contar la historia completa? ¿Quién se atreverá a investigar la estructura del crimen organizado infiltrado en la política sin terminar como una cifra más en la impunidad?
