Por Ivabelle Arroyo
Podríamos habernos sumado al coro de lamentos: “¡Se fue el INAI, qué desastre!”. Pero cuando se debilita una institución esencial para la democracia, como ocurrió con el INAI en marzo de 2025, no basta el lamento en reuniones privadas ni llorar su desaparición con pañuelos de queja. Hay que pararse en el terreno.
Los periodistas de investigación no pueden hundirse en la nostalgia y, en general, no lo hacen; siguen buscando datos para medir, denunciar y visibilizar. ¿Con qué? Con todo lo que pueden: herramientas tradicionales, aproximaciones sucesivas, archivos y sí, también la institución sucesora del INAI (Transparencia para el Pueblo), aunque haya nacido con autonomía técnica limitada y sin dientes.
Por eso, porque la investigación continúa y el ecosistema periodístico en México es potente, tres colegas comprometidos con la transparencia (Sandra Romandía, Ivabelle Arroyo —ambas integrantes de Opinión 51— y Santiago Alamilla) nos dimos a la tarea de crear una asociación de Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información Pública (PIPAI) con el fin de registrar el funcionamiento de la nueva institución. ¿Responde a las solicitudes de los periodistas? ¿Cómo lo hace?
Entre los tres convocamos a colegas que compartieran nuestra visión: periodistas cuyo ejercicio cotidiano implica solicitar datos, revisar documentos y traducir la opacidad en preguntas incisivas. Así, 25 periodistas de investigación de distintos estados del país nos unimos en una red ciudadana independiente, sin patrocinadores empresariales ni vínculos comerciales, con la única misión de registrar el estado del derecho a saber.
Santiago Alamilla, periodista de investigación y doctor en economía, ganador del Premio Nacional de Periodismo en acceso a la información, aportó el rigor metodológico necesario para que nuestras mediciones tuvieran peso técnico. En tres meses, los periodistas del grupo hicieron, para su trabajo habitual, 833 solicitudes de información y colaboraron con la red evaluando la pertinencia, calidad y cantidad de respuestas que recibieron.
Con eso, el pasado viernes presentamos el primer informe, uno que lamentablemente refleja un país donde la transparencia retrocede a paso firme. Es loable que 9 de cada 10 solicitudes se atendieron dentro del plazo legal, pero más de un tercio de las respuestas fueron incompletas, evasivas o con ligas rotas, y lo más grave es que de 38 recursos de revisión, apenas uno fue resuelto. El 78% de los periodistas percibió deficiencias graves en la calidad de las respuestas, y más de la mitad reportó que los obstáculos burocráticos afectaron directamente su trabajo periodístico.
No son simples cifras: son síntomas de un Estado que prefiere bajar las persianas. En algunos estados, como Yucatán, se detectó una resistencia generalizada a entregar datos sobre temas sensibles, y las fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia se convirtieron en un laberinto para los solicitantes.
¿Es una actitud deliberada de un Estado al que le gusta cerrar cortinas o es un síntoma de ineficiencia e inexperiencia del arranque de una institución con fallas? El balance del arranque es negativo, pero este es el primer registro. Cada trimestre elaboraremos un nuevo reporte con estos indicadores: tiempos de respuesta, cumplimiento, evasivas, mecanismos de impugnación y accesibilidad. Una muestra viva que permita no solo denunciar, sino presionar con evidencia.
No somos una ONG corporativa. Tampoco una muestra representativa. Somos más bien lo que se conocería como un focus group de expertos. Somos 25 periodistas de investigación que cada día pisan las calles, revisan archivos y empujan solicitudes. Somos, en esencia, lo que el Estado pretende ya no escuchar: vigilantes incómodos del derecho a saber.
Pueden conocer nuestro trabajo en www.pipai.mx y seguirnos en @pipaimx.
No aceptamos que la transparencia sea una promesa vacía. Si las instituciones de acceso a la información se convierten en una fachada burocrática, no lo veremos con los brazos cruzados.
