El país sudamericano hizo una subasta donde le cambió
a los operadores el 90% del costo del espectro por inversión
en infraestructura y cobertura (y los resultados son brutales)
Por Bárbara Anderson
Conectividad universal en todas las escuelas públicas del país, 37 mil kilómetros de carreteras federales con servicio 4G, más de 8 mil ciudades medianas y pequeñas con cobertura 4G, 500 ciudades sin conectividad completamente cableadas con fibra óptica y cerca de 5570 ciudades con cobertura plena con tecnología 5G. De este tamaño es la apuesta que hizo Brasil para ponerse a la vanguardia en la conectividad en toda Latinoamérica.
Lo más interesante es que toda esta inversión en infraestructura -equivalente a 9,400 mdd- corre por cuenta de los operadores privados de telecomunicaciones: Claro (América Móvil), Telefónica de Brasil y TIM, además de otras nueve empresas locales.
¿Cómo se logra este auténtico plan de “Internet para todos” sin poner fondos gubernamentales? Con una fórmula muy innovadora que combina los objetivos gubernamentales con las necesidades de las empresas y los beneficios reales para la población.
“En noviembre de 2021 lanzamos una subasta de múltiples frecuencias pero con un componente muy agresivo: más de 90% del costo del espectro radioeléctrico correspondía a compromisos de inversión en infraestructura y lo restante era ingresos netos para el gobierno. Nunca se había hecho antes y nos sorprendió el excelente resultado”, me explicó Edgar Barbosa de Souza, coordinador de procesos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) de Brasil, la versión carioca de nuestro Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los 11 operadores que se quedaron con las cuatro diferentes bandas de espectro (para dar servicios de 4G y 5G) tienen hasta 2029 para cumplir con estas inversiones. Unesco destacó en uno de sus informes recientes la inédita cobertura a estudiantes en 136 mil escuelas públicas del país.
“Históricamente los gobiernos han medido el éxito de las subastas de espectro en función del dinero recaudado. En los últimos años muchas autoridades han comprendido el valor del espectro como instrumento de innovación antes que de recaudación; Brasil es uno de los mejores ejemplos”, agrega desde Buenos Aires Lucas Gallito, director para América Latina de la GSMA, una organización de operadores móviles y compañías relacionadas. Según este organismo, a poco más de un año de esta subasta la cobertura de 5G en Brasil llega a 46% de la población (10 millones de usuarios). De este mercado, la mexicana Claro cubre 39.7% de este volumen y es la segunda operadora después de la local Vivo. La meta es que 57% de todos los brasileños tengan acceso a esta tecnología para 2027 y 84% en 2030. “Además, la velocidad de despliegue ha superado las proyecciones de la licitación”, agrega Gallito.
¿Cómo decidieron las autoridades brasileñas este cambio en la manera en la que iba a cobrar a los operadores privados -ya no con dinero sino con infraestructura- por el uso del espectro? “Antes de lanzar la subasta vimos que la mayor parte de las inversiones necesarias para dar más cobertura y servicio no eran económicamente atractivas para las empresas aunque eran muy necesarias. Fue un cambio de perspectiva porque el espectro per se no perdió valor, solo que ya no cobra el 100% de ese uso el gobierno sino que se convierte en inversiones”, agrega de Souza.
Pero, si bien la fórmula original no lo contemplaba, al cierre de todas las concesiones hubo una ganancia extra para el gobierno: hubo una diferencia de 218% arriba entre el precio de salida y el precio con el que cerraron las operaciones (donde 9 de cada 10 reales eran para inversiones). En Brasil desde hace 15 años aplican un modelo dual de pago de derechos y obligaciones de inversiones a la hora de subastar su espectro pero esta es la primera vez que el peso del ‘compromiso de hacer’ llegara a este porcentaje tan alto.
“Además, otro efecto que notamos fue la llegada de nuevos operadores a este negocio así como la participación de otras empresas brasileñas regionales en zonas donde no participaban antes. Esta competencia en banda ancha móvil sin dudas permite más planes de servicios y la opción a la población de elegir los mejores servicios y los mejores precios”, agrega el funcionario de ANATEL, “pero hay que tener en cuenta un equilibrio financiero para que todos los operadores de telefonía e internet móvil no sólo compitan sino que sus negocios sean sustentables en el tiempo”.
México, en el otro extremo
El uso, la manera en la que se gestiona y los modelos de cobro del espectro radioeléctrico son un tema creciente en toda Latinoamérica. Pasada la pandemia, la mayor parte de los países de la región regresaron a sus planes de sumarse al veloz desarrollo de todas las tecnologías de telecomunicaciones móviles. Perú, Costa Rica, Panamá, Argentina están en pleno proceso para armar las estrategias que por un lado atraigan a operadores privados de comunicaciones móviles -que son los usuarios primarios del espectro- y que en el camino se cumplan con los principales objetivos de bienestar social y cobertura de la población.
De hecho la subasta de espectro para 5G en Colombia, por ejemplo, se espera que esté inspirada en el modelo brasileño, con un alto componente en obligaciones por hacer, lo que significa un proceso más accesible para los operadores y ayuda a garantizar el acceso a la conectividad a un mayor número de personas en zonas alejadas del país. “La subasta será en diciembre de este año y los precios serán incluso más bajos que en años anteriores y cada vez más cercanos a los promedios internacionales”, me explica desde Bogotá el experto en telecomunicaciones Juan Manuel Wilches. Colombia es, junto con Francia, los únicos países que cuentan con una entidad especializada en análisis y gestión de este recurso, la Agencia Nacional de Espectro (ANE).
Pero, además de los beneficios sociales también existe un componente de finanzas públicas importante: el espectro radioeléctrico es un recurso para las arcas de todos los estados y por ser justamente público y finito, requiere una ingeniería de largo plazo ya que las licitaciones generalmente superan los 20 años.
El modelo de cobro por el uso de este recurso nacional varía por país: en la mayoría de los casos el costo total se lo divide en los años de uso y se hacen esos pagos ‘en cuotas’ anuales; En el caso de México, el pago por el uso del espectro radioeléctrico está conformado por dos componentes: un pago inicial por adquirirlo y el pago anual de derechos. Según explica el propio IFT en su reporte Estudio de mercado sobre los Costos del Espectro Radioeléctrico para servicios móviles en México, publicado hace un mes, “el primer componente surge de los resultados de las licitaciones organizadas por el IFT, que establece el valor mínimo de referencia, con opinión no vinculante de la SHCP; el segundo componente, los derechos anuales, se establecen en la Ley Federal de Derechos, a propuesta de la SHCP y aprobados por el Congreso de la Unión.El pago de derechos llega a superar el 90% del pago total por el uso de las bandas de frecuencias, mientras que a nivel regional las cuotas anuales representan en promedio 20% del costo total del espectro".
“Los altos precios son ineficientes hasta como política recaudatoria. México es el caso paradigmático donde los altos precios llevaron a subastas desiertas y devolución de espectro y, por lo tanto, a una menor recaudación”, afirma Lucas Gallito de GSMA, “pero si los operadores destinan menos dinero al pago por uso del espectro tienen más capital disponible para expandir cobertura y calidad de las redes”. México es el único país latinoamericano donde el espectro asignado a servicios móviles es menor hoy que en el pasado. Aún y con el aumento de la demanda de tráfico móvil, donde cada vez más usuarios consumen contenido en video, participan de conferencias virtuales y escuchan música en su celular.
En un estudio realizado por GSMA en 2022 se reveló que, si el costo del espectro hubiera estado alineado con el promedio global 5 millones de mexicanos más tendrían cobertura 4G y las descargas serían 30% más rápidas. En octubre de 2022, Alejandro Navarrete Torres, Jefe de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT afirmó que el costo del espectro en México es “hasta 186% mayor que el promedio internacional”.
El IFT lleva varios años recomendando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajar el costo anual de pago de derechos de uso de espectro e incluso cambiar este modelo de pago por “obligaciones de hacer”, como en Brasil, aunque siempre desde una posición mucho más moderada y nunca a esos altos niveles de requerimiento de inversión.
“Si no hay reformas, el costo de los operadores seguirá creciendo, limitando su capacidad e incentivos para invertir en desplegar servicios 5G. Los aumentos de productividad y eficiencia del 5G podrían generar una contribución económica de 13,000 mdd (0.8% del PIB) para 2030”, agrega Gallito desde sus oficinas en Buenos Aires. En pleno boom del nearshoring, el lento despliegue de mayor infraestructura, servicios y cobertura de banda ancha móvil vuelven a nuestro país menos atractivo para la atracción de inversiones internacionales, porque la infraestructura digital es un componente clave en esta nueva y super única oportunidad de aprovechar no solo geográficamente la relocalización industrial que comenzó tras la guerra comercial de China y Estados Unidos. Un claro ejemplo es la futura planta de Tesla, donde la falta de infraestructura básica (como agua) y de servicios (como conectividad) ya están generando muchas fricciones con el gobierno de Nuevo León.
Muchas veces los países vecinos, como es el caso de Brasil, pueden servir de laboratorio de pruebas para entender cómo se mueven los incentivos y cómo se reflejan en el mercado los efectos colaterales de probar fórmulas distintas que sin perder ingresos fiscales le permitan a países como el nuestro -donde la inversión en telecomunicaciones está en una meseta- dar un salto cuántico, acorde a la velocidad de las oportunidades y el desarrollo de las innovaciones.
