Por Ariadna Camacho Contreras
El acoso sexual, el hostigamiento sexual y la violencia en el ámbito laboral son problemáticas de carácter estructural que impactan de manera considerable en el bienestar y el rendimiento de las personas trabajadoras en los distintos sectores de nuestro país. Así lo revela la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, que indica que el 27.9 % de las mujeres que han trabajado alguna vez en su vida han sufrido violencia en el ámbito laboral. En este contexto, las instituciones del sector público no están exentas de esta lamentable situación.
En el caso particular del Poder Judicial de la Federación (PJF), en los últimos años se ha revelado la existencia de prácticas sistemáticas de violencia de género, abuso de poder y relaciones jerárquicas que generan un ambiente laboral hostil y poco propicio para la justicia y la igualdad sustantiva.
Hablamos de acoso sexual cuando se presentan conductas de índole sexual sin consentimiento (verbales, físicas o simbólicas) que originan un ambiente hostil o intimidante, sin necesidad de que exista una relación jerárquica y están presentes de forma cotidiana; mientras que el hostigamiento sexual sucede cuando el tipo de acoso ocurre dentro de una relación jerárquica, en donde el agresor se aprovecha de su posición de poder para obtener favores sexuales.
Al interior del Poder Judicial, en la gran mayoría de los casos, las víctimas de violencia de género son las mujeres, pero no son las únicas. Se han reportado, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, del 16 de noviembre de 2023 al 15 de noviembre de 2024, 106 solicitudes de atención, de las cuales 82 fueron de mujeres, 21 de hombres y 3 de las que no se cuenta con el dato por tratarse de denuncias anónimas; 46 fueron por hechos relacionados con violencia de género, 45 con violencia laboral y 15 con otros motivos.
En estas situaciones, se observa una prevalencia donde las víctimas son mujeres jóvenes en cargos operativos o auxiliares, en los cuales los agresores abusan de su posición jerárquica, y desafortunadamente, la mayoría de los casos no concluyen en sanción debido a la falta de pruebas, el temor de las víctimas o deficiencias en la investigación interna.
Asimismo, se ha identificado que muchas víctimas no denuncian por temor a perder su empleo o sufrir represalias, y, además, se ha observado una normalización de la violencia, lo que contribuye a minimizar las agresiones.
Por lo anterior, es trascendental realizar una revisión y mejora de los protocolos existentes, así como promover una mayor difusión para que el personal tenga pleno conocimiento de ellos. Se requiere crear espacios de denuncia seguros que reciban, investiguen y sancionen los casos, y es indispensable imponer sanciones ejemplares, incluyendo la destitución e inhabilitación.
De forma adicional, es fundamental que el Poder Judicial asuma con seriedad su responsabilidad de garantizar espacios laborales seguros, igualitarios y libres de violencia. Esto implica no solo el fortalecimiento de los marcos normativos y de sanciones, sino también un cambio cultural profundo, donde se erradiquen prácticas machistas y se promueva activamente la equidad de género. Solo así será posible construir una justicia que no solo se imparta, sino que también se viva al interior de las instituciones.
