Por CAROLINA JIMÉNEZ SANDOVAL
Nicolás Maduro tomó posesión de un tercer mandato presidencial en Venezuela este 10 de enero de 2025. Sin reparar en los principios básicos de la democracia como la transparencia -por solo nombrar el más obvio, Maduro tomó el poder sin presentar evidencia alguna de su autodeclarada victoria electoral. Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición democrática quien logró poner a disposición del público las actas electorales que demuestran su triunfo, tuvo que salir al exilio a causa de la persecución penal desatada en su contra.
Las elecciones del 28 de julio del 2024 no cumplieron con los estándares mínimos necesarios para ser consideradas libres y justas. Así lo han afirmado diversas organizaciones, desde el prestigioso Centro Carter como el Panel de Expertos de Naciones Unidas, ambos organismos invitados por el propio gobierno de Maduro para realizar observación y monitoreo electoral dentro del país. Lo que sucedió luego del 28 de Julio ha sido ya noticia internacional: una de las oleadas de represión sistemática más brutales de la historia política contemporánea de la región al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado lo ocurrido en Venezuela como “terrorismo de estado” y que ha incluido la detención arbitraria de al menos 2,000 personas, decenas de personas víctimas de desaparición forzada, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos.
¿Qué sigue entonces para el país sudamericano en este oscuro escenario político existente? Más allá de la imposibilidad de predecir escenarios frente a una realidad multi-compleja, los acontecimientos de los últimos meses muestran una muy probable continuación de al menos dos realidades: la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro, si permanece ilegítimamente en el poder, y la resistencia de la sociedad venezolana, dentro y fuera del país.
De la represión, lo documentado por la CIDH y por diversos mecanismos internacionales y ONG de derechos humanos- a lo que hay que agregar una escalada considerable en los últimos días aprovechando la cooptación de todas las ramas de gobierno- muestran que la misma se ha convertido en el modus operandi del gobierno madurista para conservar la administración del Estado independientemente de lo expresado por la voluntad popular en las urnas.
A pesar del contexto descrito, la población venezolana ha vivido un proceso de repolitización decisivo demostrado a través de su organización cívica para la realización de las elecciones primarias de la oposición en octubre de 2023, su participación en las elecciones del 28 de Julio aún frente a los diversos obstáculos impuestos por el gobierno para impedir o restringir la participación política y las protestas pacíficas que siguieron al anuncio de los resultados. Al día de hoy, tanto la población dentro del país, como aquella en el exterior (Venezuela cuenta con una diáspora de casi 8 millones de personas que ha salido del país en los últimos 10 años), ha continuado exigiendo el respeto a los resultados que la oposición logró recolectar, publicar y visibilizar a través de todos los medios que dispone (artivismo, uso de redes sociales, trabajo de movimientos sociales y ONG, protesta ciudadana, periodismo independiente y, por supuesto, el liderazgo opositor en y fuera de Venezuela).
La forma en la que se desarrolle esta tensión entre represión y resistencia en los próximos meses aún está por escribirse. Es necesario reconocer que el aumento y mantenimiento de la represión conlleva a un mayor cierre del espacio cívico y reduce las oportunidades de articulación para resistir. Por ello, la respuesta internacional, aun con diversas complejidades diplomáticas, debe estar enfocada en respaldar a la población y la sociedad civil venezolana a pesar de las diferencias o alianzas ideológicas existentes entre liderazgos políticos regionales. La defensa de la democracia es un imperativo en este convulso siglo XXI, más allá de las ideologías de turno, y las elecciones son un pilar fundamental de la democracia. La crisis venezolana es así una crisis hemisférica: una toma de posesión que viole la soberanía popular suprime uno de los principales elementos de la democracia misma. Tal es la magnitud de esta amenaza para la historia de toda América Latina.
Presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y miembro de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres.
