Por Cristhian Jaramillo
La democracia peruana es relativamente joven. Desde la renuncia del exdictador Alberto Fujimori en noviembre de 2000, el país inició su transición democrática. Sin embargo, en los últimos ocho años, esta ha sido puesta a prueba de manera constante. En menos de una década, Perú ha tenido seis presidentes, un intento de autogolpe y una crisis social que dejó 28 muertos en las protestas de 2022 y 48 en 2023, sin que se hayan determinado responsabilidades políticas. Aunque las elecciones siguen siendo libres y competitivas, los derechos civiles se han deteriorado y la impunidad de la clase política ha alcanzado niveles que rozan el autoritarismo.
Perú es el caso más extremo de desintegración de partidos en América Latina. La elección presidencial de 2021 evidenció esta fragmentación: dieciocho partidos presentaron candidaturas, reflejando la ausencia de estructuras partidarias sólidas y el oportunismo electoral. La crisis institucional es innegable. Mientras los partidos se multiplican sin consolidarse, la confianza ciudadana en las instituciones políticas se desploma. El Congreso y la Presidencia registran niveles de desaprobación históricos, y el desencanto con la democracia representativa se ha profundizado. La ciudadanía percibe a sus dirigentes como ineficaces y corruptos, lo que ha alimentado el respaldo a discursos antisistema y soluciones autoritarias, debilitando aún más la estabilidad democrática del país.
En un intento por corregir estas fallas, Perú se embarcó en una carrera frenética por la reforma. "Reformar" se convirtió en la consigna recurrente de candidatas y candidatos, congresistas y tomadores de decisiones. Sin embargo, estas modificaciones han sido irregulares, drásticas y, en muchos casos, contradictorias. Entre 1975 y 2022, el país realizó 75 modificaciones a sus leyes electorales, de las cuales 47 fueron cambios radicales que alteraron procesos clave como la inscripción de partidos, la selección de candidaturas y el método de votación. A pesar de este hiperreformismo, los resultados han sido contraproducentes: lejos de fortalecer los partidos y reducir su número, el sistema se ha fragmentado aún más, con 42 partidos inscritos para las elecciones de 2026.
Una de las razones del fracaso reformista radica en el propio Congreso, que ha distorsionado cualquier intento de cambio. Un caso paradigmático es el de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en 2019. Este equipo de expertos, convocado por el entonces presidente Martín Vizcarra, propuso 12 reformas integrales al sistema de gobierno y electoral. Entre las más relevantes se encontraban la introducción de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias; la aplicación de la paridad y alternancia en las listas congresales y subnacionales; y un mayor control sobre el financiamiento partidario.
De todas estas reformas, sólo la paridad y alternancia se implementó sin modificaciones en 2021. Sin embargo, en 2024 se eliminó la paridad horizontal en las listas, marcando un claro retroceso. Aún más alarmante ha sido la desregulación del financiamiento político. Tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, que involucró a la mayoría de los expresidentes peruanos, era fundamental reformar este aspecto para evitar nuevos casos de corrupción. No obstante, el Congreso optó por debilitar aún más la fiscalización financiera de los partidos.
El 31 de enero se promulgó una reforma a la ley de organizaciones políticas que introduce modificaciones preocupantes. Ahora, los fondos no declarados dentro de los montos permitidos no se presumen de origen ilegal, lo que vacía de sentido la existencia de topes de financiamiento. Además, si los aportes se realizan a través del Banco de la Nación, se mantiene la confidencialidad del donante, permitiendo de facto el financiamiento anónimo.
En lugar de corregir sus debilidades institucionales, Perú sigue profundizando su crisis. Una semblanza de gobierno democrático persiste, pero sus fundamentos son cada vez más frágiles. La pregunta es hasta cuándo podrá resistir.
Miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina
