La natación mexicana ha iniciado una nueva etapa institucional con la conformación de una federación. Sin embargo, este punto de partida debe ser también un momento de reflexión profunda: si no se corrigen prácticas que por años han afectado al deporte acuático, se corre el riesgo de repetir los mismos errores y condenar al nuevo proyecto.
Uno de los problemas más graves del pasado fue el conflicto de intereses. La presencia de entrenadores en el consejo directivo de la Federación Mexicana de Natación fue un error que no debe repetirse.
Los entrenadores son esenciales, pero su lugar está en el ámbito técnico, no en cargos administrativos donde se manejan recursos económicos y se toman decisiones que pueden beneficiar a sus propios atletas. Llegar al extremo de tener como tesorero a un entrenador fue un “colmo” que simbolizó la confusión de roles y minó la confianza en la dirigencia. Hoy, más que nunca, es indispensable separar con claridad la labor técnica de la administrativa.
Otro aspecto que debe atenderse de inmediato es la legalidad en la conformación de asociaciones estatales y federaciones. La práctica de designar directamente a entrenadores destacados para dirigir asociaciones, sin procesos de elección democráticos, debilitó la representatividad y dejó a muchos actores fuera de la toma de decisiones.
El procedimiento correcto es claro: los clubes y deportistas deben elegir a sus representantes mediante votación. No hacerlo compromete la legitimidad de toda la estructura y convierte a la federación en un organismo de facto. Y por supuesto que esta nueva etapa no puede iniciarse bajo la sombra de la ilegalidad.
La transparencia en la rendición de cuentas es otro tema impostergable. Las asociaciones estatales salientes, así como la nueva federación, tienen la obligación de entregar un informe detallado de los bienes acumulados durante décadas: desde equipos electrónicos y material de competencia, hasta posibles inmuebles adquiridos con cuotas de padres de familia y apoyos institucionales. Se calcula que el patrimonio de la federación podría superar los cuatro millones de pesos. Ese capital no puede perderse en la opacidad ni borrarse con un “cuenta nueva”. El patrimonio pertenece a la comunidad acuática, y su resguardo es clave para que el deporte avance con bases sólidas.
El nuevo ciclo federativo debe construirse sobre principios claros de legalidad, transparencia y profesionalismo. Los entrenadores deben seguir aportando, pero desde comisiones técnicas que fortalezcan la preparación de los atletas y no desde oficinas administrativas. La dirigencia, por su parte, debe garantizar procesos representativos, dar certeza jurídica y rendir cuentas claras.
Si la natación mexicana quiere crecer, necesita instituciones que naden hacia adelante, sin cargas de ilegalidad ni intereses personales. Es hora de que la nueva federación marque la diferencia, porque repetir viejos errores sería condenar a un deporte que viene de años de sufrir por abusos y malos manejos.
Profesor