La despenalización del aborto en México enfrenta múltiples retos. En el siglo XX, los intentos para permitir la interrupción del embarazo fueron truncados por ideologías morales y religiosas, difíciles de acoplar con las necesidades ineludibles de libertad sexual y física.
El derecho a decidir sobre el cuerpo propio es una de las principales demandas del movimiento feminista. La maternidad voluntaria pasó por debates legales, sociales, médicos, éticos y morales, siempre con obstáculos y resultados vagos.
Entre los intentos para despenalizar el aborto estuvo la propuesta de Miguel de la Madrid para reformar el Código Penal. Fue una oportunidad para las consignas feministas y fracasó.
Un polémico Código Penal
Desde comienzos del siglo XX, hubo controversias con la interrupción del embarazo. Los primeros movimientos feministas cuestionaron las normativas que penalizaban el aborto, pero la persistente cultura religiosa y conservadora detuvo cualquier modificación legal.
Las protestas y peticiones avanzaron durante todo el siglo, en México y en otras naciones. En un ambiente de impotencia y desánimo, la década de 1980 llegó con nuevas oportunidades para la despenalización del aborto.
En la 51 Legislatura —1979 a 1982—, se planteó un debate sobre la viabilidad legal para interrumpir, de forma voluntaria, el embarazo, pero una mayoría no cuantificada de la población se expresó en contra. Al final, la propuesta de despenalización del aborto se desechó.
Para 1983, bajo la administración de Miguel de la Madrid, la PGR planteó un anteproyecto para reformar el Código Penal. Entre sus modificaciones se propuso despenalizar —sólo en ciertas circunstancias— el aborto.
El nuevo reglamento permitiría interrumpir el embarazo por malformación del feto o pobreza extrema de la madre. Para ese momento, sólo era legal el aborto en situaciones de violación o cuando la madre corría riesgo.
“Derecho de la mujer no viene al caso”
Entre agosto y noviembre de 1983, EL UNIVERSAL presentó numerosas opiniones sobre la interrupción del embarazo. Rafael Moya García, colaborador de este diario, dijo que el derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo “no viene al caso, porque se dispone de un cuerpo completamente ajeno: el del hijo. (...) El problema de legalizar el aborto es que permite o no disponer de una vida inocente e indefensa”.
Por el contrario, la defensora de los derechos humanos, Mariclaire Acosta, aseguró que, “cuando se habla de despenalizar el aborto, no es para legitimar una conducta frívola y criminal, se trata de restituirle a las mujeres la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo”.
El debate continuó, pero las voces en contra ganaron la contienda. La propuesta de la PGR se desechó y continuó la criminalización pública y social contra mujeres que abortaron.
Los avances significativos se vieron hasta 2000, con reformas al Código Penal del DF y su despenalización local en 2007. Actualmente, sólo 12 de las 32 entidades permiten la interrupción voluntaria del embarazo, pero la consigna sigue y se dio un gran paso con la resolución de la Suprema Corte tras declarar “inconstitucional” la persecución y criminalización del aborto en el Código Penal Federal, tantos años después.