Al tenor de lo que hemos visto en los días recientes, parece que se está prefigurando un grave conflicto entre los poderes federales, uno de tal entidad que no se recuerda precedente alguno en la historia reciente del país. El Poder Ejecutivo encabezado por el partido Morena utiliza a los legisladores de su misma ideología para mutilar los ahorros que había venido haciendo el Poder Judicial Federal.
En respuesta, miles de trabajadores salen a la calle a manifestarse, hacen paro de labores y se expresan en redes sociales plasmando un nivel de encono bastante preocupante. Los intentos de diálogo institucional, llegando incluso a plantearse la presencia de la presidenta de la Suprema Corte ante el Senado, no han prosperado y los puentes que sirvan para generar acuerdos parecen rotos.
El presidente de la República ha dicho que la figura de los fideicomisos no es del todo correcta y que se pueden generar abusos en su administración, pero a la par ha mantenido durante su gobierno casi 600 de ellos en la administración pública federal, incluyendo algunos a cargo de las fuerzas armadas que suman la estratosférica cantidad de 100 mil millones de pesos. ¿Entonces es reprochable o no la figura de los fideicomisos? ¿o solamente vamos a reprobar la existencia de los fideicomisos que están a cargo de quienes no se pliegan a los designios presidenciales?
De todo lo que hemos visto en estas semanas, quedarán pese a todo algunas cosas buenas. La primera es que muchas personas habrán abierto los ojos al tema de la independencia judicial y a la necesidad de que los poderes públicos estén sometidos a pesos y contrapesos. Eso implica la existencia de una judicatura que esté lista para llevar a cabo un control de legalidad y de constitucionalidad de todos los actos de autoridad dentro del Estado mexicano, le guste a quien le guste.
La segunda cuestión interesante es que el propio Poder Judicial se dio cuenta de la necesidad impostergable de comunicarse mejor con la sociedad. Se ha hecho un esfuerzo notable para difundir sentencias y criterios interpretativos que representan grandes avances para la mayor parte de mexicanos y que abarcan temas tan distintos como el derecho a la salud, el reembolso de medicamentos, la prohibición de discriminar a las personas con discapacidad, la protección hacia las mujeres embarazadas para que no sean despedidas de su fuente de trabajo, el aseguramiento de pensiones para jubilados, etcétera. El país necesita con urgencia una justicia que hable en un lenguaje comprensible, que sea cercana a la gente, que se atreva a interactuar y baje a “nivel de cancha” para hacerse cargo de los grandes problemas nacionales. En mucho ayudan los casos todavía aislados de redacción de sentencias en “lenguaje accesible” o “lenguaje ciudadano”, así como los esfuerzos para tener una “justicia abierta” que rinda cuentas de manera clara y transparente a la sociedad a la que sirve.
Celebro que se hayan utilizado las redes sociales no solamente para difundir las manifestaciones de protesta, lo cual es muy válido, sino para aportar argumentos y razones sustantivas acerca del enorme valor de la independencia judicial. Si los jueces no son independientes, es imposible que se hable de un Estado constitucional de derecho.
Un tercer aprendizaje en estos días de conflicto institucional consiste en el reconocimiento de que hay muchas áreas en las que la justicia debe mejorar. Creo que es indispensable que se haga una razonable autocrítica hacia el interior de todos los poderes judiciales y se inicien de inmediato los procesos de mejora que correspondan en cada caso. Hay que ser menos formalistas en los criterios de interpretación del derecho, hay que entrar mucho más al fondo de los problemas, hay que asumirse como parte de la solución de los problemas de la gente en vez de ser un obstáculo institucional insuperable, hay que abreviar los tiempos de dictado de las sentencias y hay que hacerlas más breves en términos generales. Y esta lista podría crecer.
En todo caso, lo que resulta lamentable es que desde los poderes políticos se esté intentando sofocar por la vía del presupuesto a un poder del Estado mexicano, sin mayores argumentos más que la simple y vacía repetición del tema de unos “privilegios” que se usan como una fórmula universal para descalificar el trabajo de decenas de miles de servidores públicos. No se vale. Necesitamos un Poder Judicial fuerte, autónomo e independiente hoy más que nunca.
