Confieso mi sorpresa. El pasado 29 de abril se publicó el Reporte Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), y México fue incluido en la lista de “Vigilancia Prioritaria”, compartiendo el deshonor con países como China, India, Argentina, Chile y Venezuela, entre otros. Desde 2004 no se nos colocaba en esa categoría. En los últimos años habíamos estado en la lista de “Vigilancia” y, aunque las observaciones se mantenían, el cambio confirma un deterioro en la percepción sobre la protección de la propiedad intelectual (PI) en nuestro país.
Este reporte es una herramienta mediante la cual el USTR evalúa anualmente a sus socios en materia de PI, identificando a aquellos con deficiencias relevantes en su protección. En el caso de México, las observaciones no son nuevas: desde hace años se han señalado, entre otras, el aumento de la piratería, especialmente en entornos digitales; la falta de reglamentos que den plena operatividad a la legislación de armonización con el T-MEC; las limitaciones aduaneras para actuar de oficio; la persistencia de registros marcarios de mala fe; y la ineficacia del mecanismo de vinculación IMPI-Cofepris para evitar la violación de patentes farmacéuticas al autorizar permisos de comercialización.
Lo novedoso, y posiblemente decisivo para el retroceso en la clasificación, es el señalamiento expreso hacia la Fiscalía General de la República: “Las investigaciones y procesos penales por falsificación de marcas y piratería de derechos de autor parecen haber sido inexistentes en el último año, y la Fiscalía no ha publicado estadísticas sobre aplicación de la ley en materia de propiedad intelectual en los últimos cinco años”. Es decir, la crítica ya no solo apunta a lo estructural, sino a un desinterés operativo.
Resulta especialmente preocupante que este resultado se dé en un contexto de alta sensibilidad política y económica: están en curso negociaciones con nuestro principal socio comercial sobre temas delicados como los aranceles, y se aproxima la primera revisión del T-MEC. Si bien el reporte reconoce esfuerzos como la Operación Limpieza liderada por el IMPI, se insiste en que nuestras instituciones enfrentan una creciente ola de infracciones con recursos humanos y materiales muy limitados. Aunque se reconoce la voluntad de actuar, esta resulta insuficiente si no se acompaña del fortalecimiento de capacidades frente a carencias humanas, materiales y económicas.
México no sólo ha ajustado su normatividad en materia de PI para cumplir con tratados internacionales, sino que nuestros tribunales federales han venido emitiendo sentencias que fortalecen el sistema. Sin embargo, no basta con legislar o juzgar con rigor: hay que aplicar y dotar a las autoridades de herramientas efectivas. En el caso del IMPI, ni siquiera se necesita modificar la ley: basta con la voluntad política y hacendaria de permitirle utilizar los recursos que genera, pues es un organismo superavitario. Este clamor por mayor presupuesto y autonomía operativa ha sido reiterado durante años y no ha sido atendido.
No comparto la decisión de incluirnos en la lista prioritaria, pero tampoco puedo negar que el llamado debe tomarse en serio. Si esta “sacudida necesaria” sirve para que finalmente se actúe en consecuencia, bienvenida sea. La PI no puede seguir siendo rehén de la indiferencia presupuestal ni de omisiones institucionales. En un mundo que premia la innovación, cada día que pasa sin resolver estos pendientes nos aleja del desarrollo y mina la confianza de quienes apuestan por México.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación, socio de ECIJA MéxicoX: @MA_Margain
