El 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra la Falsificación y la Piratería, una fecha que podría parecer anecdótica si no viniera acompañada de cifras que cimbran: En México, la piratería representa 1.35% del PIB, provoca pérdidas por casi 3 mil millones de dólares y genera un daño fiscal superior a 13 mil 500 millones de pesos, según datos recientes de Canacintra y AmCham México. Estas cifras no sólo ilustran la magnitud del fenómeno, sino que reconfirman la gravedad del problema y la urgencia de enfrentarlo con medidas concretas respaldadas por voluntad política, institucional y presupuestal.
El 22 de mayo, en vísperas de esta conmemoración, la Comisión Europea publicó su Reporte Bianual sobre la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en países terceros. Aunque México no aparece en la lista de “países prioritarios”, como sí lo hace en el Reporte 301 de Estados Unidos, que en abril nos reincorporó a la Priority Watch List, el documento dedica un apartado específico a nuestro país, y lo que dice no es precisamente halagador.
El reporte señala con claridad que, a cinco años de la entrada en vigor tanto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial como de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, y no obstante la sentencia de la Suprema Corte que validó el procedimiento de aviso y retirada de contenidos en internet (notice-and-takedown) en materia de derechos de autor, México sigue sin expedir los reglamentos necesarios para hacer operativas ambas leyes.
A nivel de observancia, la Comisión no se guarda nada: La piratería es descrita como un problema estructural en México, pasando por un sistema aduanero que detecta, pero casi nunca detiene. Aunque celebra que desde octubre de 2024 la nueva administración federal ha coordinado operativos visibles, subraya que la falta de sanciones efectivas y de recursos humanos y financieros sigue siendo la regla, no la excepción.
Al igual que nuestros vecinos del norte, también se reporta que la FGR ha mostrado poca proactividad en el combate a la piratería. Además, se insiste, una vez más, en que la autoridad aduanera debe tener facultades para actuar de oficio.
Y aquí vale detenerse. En varias ocasiones hemos dicho que la falta de reglamentos, de coordinación institucional o de resultados no siempre se debe a desconocimiento, sino a una ausencia persistente de voluntad política y presupuestal. La UE lo confirma: México no carece de marcos normativos, sino de personal suficiente y de recursos económicos destinados efectivamente a la observancia. Es especialmente preocupante que una institución como el IMPI, que ha recibido mayores facultades en años recientes, se vea constreñida no por falta de ingresos, sino por la falta de voluntad para permitirle utilizar los recursos que ella misma genera.
El mensaje es claro: El problema existe, preocupa a nuestros principales socios y exigen que México actúe. La diferencia en 2025 fue de forma, no de fondo: Mientras Estados Unidos nos elevó a la categoría de prioridad, Europa nos puso, con igual firmeza, en la mira.
Combatir la piratería no es sólo cuestión de buena voluntad ni de operativos esporádicos. Requiere instituciones robustas, reglamentos claros, coordinación real y financiamiento sostenido. En otras palabras, requiere acciones continuas, como las que ya se realizan, pero con visión de largo plazo. Si queremos salir de las listas, y de la mira, no basta con que “se note el esfuerzo”. Hace falta que los resultados hablen por sí solos.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación, socio de ECIJA México. X: @MA_Margain
