Esta semana se hizo pública la revocación de visas a los integrantes de una banda de música regional mexicana que, en un concierto en Guadalajara, proyectó imágenes de conocidos líderes del crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos interpretó ese acto como apología del delito y actuó de inmediato. El episodio desató un debate sobre los límites de la libertad artística y, no obstante haber sido reprobado por la propia Presidenta Sheinbaum, lo cual es de aplaudirse, sigue siendo visto en México como algo común y hasta tolerable.
Aunque parezca que hablamos de mundos distintos, el tema no es ajeno a la propiedad intelectual (PI). Desde hace años, titulares de derechos –especialmente en industrias creativas, tecnológicas y de marcas de alto valor, por su peso económico o estar de moda– han planteado que quienes violan estos derechos, ya sea a través de falsificaciones o del secuestro de marcas, deberían enfrentar también consecuencias migratorias en EU. No era ni es una exageración: existen fundamentos legales para ello.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) prevé que se pueda negar o cancelar una visa a quien participe en actividades delictivas, fraudes o incluso cuando haya sospecha razonable de tráfico ilícito de bienes. También contempla revocaciones discrecionales, sin juicio, si un oficial consular considera que el titular es un riesgo. No hace falta una sentencia firme. Basta con que el comportamiento sea considerado inadmisible moral o jurídicamente.
Uno de los fenómenos más representativos ha sido el del secuestro de marcas: personas que, sin operar un negocio real, registran signos distintivos con la intención de vendérselos al verdadero titular o forzarlo a negociar. En México esto ha ocurrido en sectores como el automotriz, líneas aéreas, farmacias, calzado y vestuario. Hay operadores que no solo actuan impunemente, sino que conservan sin problema su visa estadounidense. En su momento se intentó que esas personas enfrentaran consecuencias migratorias, con pocos resultados. Pero con lo ocurrido recientemente, tal vez esta herramienta vuelva a considerarse. No por la marca en sí, sino por la conducta fraudulenta y reiterada.
Ahora, con la nueva administración federal de EU, la posibilidad de cancelar visas por violaciones a derechos de PI de empresas estadounidenses no es, en absoluto, remota. El presidente Trump ha dejado claro su compromiso con la protección de estos activos y tiene en sus manos una herramienta efectiva para actuar incluso fuera de sus fronteras. La cancelación de visas ya no es un gesto simbólico: es una acción concreta con consecuencias, y quienes vulneren los intereses de sus empresas deben saber que pueden enfrentar sanciones.
Estas cancelaciones, además, han demostrado ser eficaces. Los integrantes de la banda se disculparon ipso facto tras el anuncio de la medida. En otra materia, el gobierno colombiano recientemente revirtió su postura sobre la recepción de indocumentados luego de que una de las sanciones planteadas fuera la cancelación de visas a altos funcionarios. Cuando se usa con contundencia, el mensaje es claro y la reacción es inmediata.
Quienes violan derechos de propiedad intelectual deberían tomar nota. Así como se comentó en el caso de Colombia, no hay peor castigo para ciertos izquierdistas que quedarse sin visa para ir de compras a Miami. Lo mismo debería aplicar a piratas, falsificadores y abusadores del sistema de marcas. Porque cuando la PI se toma en serio, también puede ser la diferencia entre cruzar la frontera… o quedarse de este lado.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación, socio de ECIJA México. X: @MA_Margain
