Este junio se vota —por primera vez en la historia de nuestro país—por quienes ocuparán un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir: por quienes van a interpretar e idear la hoja de ruta para la protección de nuestros derechos. Y aunque muchas voces han alertado de los peligros que implica una elección popular de jueces y juezas, también es cierto que ya no estamos en el terreno del “sí o no”. Esa decisión ya se tomó. Ahora toca asumir que el voto será nuestro. Y que lo que está en juego no es menor.
¿Quién va a decidir si una caricatura política puede ser retirada de circulación porque “ofende a una figura pública”? ¿Quién va a decidir si el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso al aborto legal y seguro? ¿Quién va a decir si una persona trans tiene derecho a modificar sus documentos de identidad sin someterse a procesos estigmatizantes? Todas esas preguntas —y muchas más— encuentran su respuesta en la Suprema Corte. Y por eso importa quién se sienta en esa silla.
Decidir quién será ministra o ministro no es elegir a una figura decorativa. No es elegir a una persona que solo se limitará a aplicar la ley como si fuera una receta. Es elegir a quien va a decidir cómo se interpreta la Constitución. Porque la Constitución no se lee sola: se interpreta. Y en esa interpretación puede caber una visión de derechos humanos o puede caber una lectura regresiva, literalista, que le cierre la puerta a las luchas sociales.
Pensemos, por ejemplo, en la libertad de expresión. En 2009, la Corte resolvió el Amparo Directo en Revisión 2044/2008. El caso involucraba a un periodista local de Guanajuato, condenado penalmente por publicar una nota crítica sobre el presidente municipal. La Primera Sala amparó al periodista y sostuvo que, en una democracia, los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de escrutinio. Dijo también que la libertad de expresión no es solo el derecho a hablar, sino a incomodar, a evidenciar abusos, a ejercer el disenso. Una Corte distinta, menos comprometida con los derechos, pudo haber avalado la censura. Pero no lo hizo. Defendió el derecho a la crítica.
O pensemos en los derechos reproductivos. La Corte ha sido fundamental para avanzar en la despenalización del aborto. No solo ha dicho que es inconstitucional la criminalización absoluta sino que también ha señalado que el acceso al aborto es parte del derecho a la salud. Pero eso no es garantía de que el avance sea definitivo. No tenemos que ir lejos para comprobarlo: en Estados Unidos, la Suprema Corte revocó Roe v. Wade y, con ello, desmanteló décadas de protección al derecho a decidir. Lo que antes parecía intocable, hoy es una advertencia. Nuestros derechos y sus garantías pueden perderse, aunque ya lo haya dicho la Corte.
Por eso hay que mirar con lupa quiénes son las y los aspirantes a ministros. Qué piensan sobre los derechos, qué causas han defendido, a quiénes representan. Es cierto que conocer a fondo a cada una de las personas candidatas a ocupar todos y cada uno de los cargos judiciales puede parecer una tarea difícil, si no es que imposible. Pero sí podemos —y debemos— estudiar con cuidado los perfiles de quienes aspiran a ser ministras o ministros. Esa toga, no solo representa poder: representa el futuro de nuestras libertades. Mi apuesta está ahí, en lograr una Suprema Corte plural.
Hay quien dice que participar es legitimar un sistema que no debería existir. Que lo correcto es abstenerse para no convalidar una reforma con la que muchas no estamos de acuerdo. Y sí, es cierto que la elección popular de jueces no fue producto de una demanda ciudadana ni de un debate democrático profundo. Pero hoy esa es la cancha. Y no jugarla no la deslegitima, solo la deja en manos de otros. Votar no es rendirse. Es usar las herramientas que tenemos para defender lo que más importa: nuestros derechos.
Porque los espacios van a ser ocupados. Y si no buscamos que lleguen personas preparadas para la labor titánica que particularmente hoy en día representa ser ministra o ministro de la Corte, esos lugares quedarán en manos de quienes no tienen idea de derecho, pero sí de política. El vacío no existe: se llena. Y si no lo llenamos nosotras, lo llenarán quienes quieran hacer de la justicia un instrumento de poder al servicio del más fuerte.
Nos toca votar. Y sí, también por la Corte. No porque sea perfecto el modelo, sino porque ahí —en esa silla— se decidirá cómo se vive, se garantiza o se niega la Constitución. Quien no quiera que se retroceda, que se anule lo ganado, que se criminalice la diferencia, no puede quedarse al margen.
Y porque ya lo hicimos antes. Fue con el voto que acabamos con los setenta años del PRI. Fue con el voto que rompimos con la idea de que el poder era inamovible. Fue con el voto que comenzamos a escribir una historia distinta para nuestro país, con instituciones más abiertas, con contrapesos. Ahora toca defender lo que hemos logrado. Y para eso, hay que votar con la Constitución en mente.
