En México, las mujeres han exigido durante décadas un cambio profundo en las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. La creación de la Secretaría de las Mujeres, junto con las reformas constitucionales que colocan la igualdad sustantiva en el centro del debate, no solo representan un avance histórico, sino una oportunidad para rediseñar el país desde una perspectiva más justa e incluyente.
La reciente reforma al artículo 4.º de la Constitución, que incorpora el concepto de igualdad sustantiva, marca un hito. Reconocer que la igualdad formal —esa que dice que somos iguales ante la ley— no es suficiente, es un primer paso crucial. ¿Por qué? Porque no se trata solo de abrir la puerta, sino de garantizar que todas podamos cruzarla, independientemente de nuestras circunstancias. La igualdad sustantiva obliga al Estado a implementar políticas públicas que desactiven las barreras estructurales que limitan a las mujeres. Pero este avance, como muchos otros en México, se enfrenta al desafío de la implementación: de nada sirve el mejor diseño jurídico si no se traduce en resultados tangibles.
Aquí es donde entra la relevancia de la nueva Secretaría de las Mujeres. En un país donde las brechas de género atraviesan todos los espacios —desde la política hasta el mercado laboral—, esta institución tiene el potencial de ser el corazón de una transformación. Desde garantizar la paridad en todos los niveles de gobierno hasta impulsar la igualdad salarial, esta Secretaría puede y debe convertirse en un espacio estratégico para diseñar políticas públicas que respondan a las realidades diversas y complejas de las mujeres en México.
No podemos ignorar los logros recientes en términos de paridad política, gracias a las reformas constitucionales. Hoy, México se coloca como un referente internacional con congresos paritarios y un gabinete federal equilibrado en términos de género. Sin embargo, la paridad no puede quedarse en las estadísticas. Es fundamental que las mujeres en estos espacios tengan las condiciones para ejercer plenamente su liderazgo sin enfrentarse a la violencia política de género, esa que busca deslegitimar, silenciar o expulsar a las mujeres del poder.
Otra promesa transformadora de las reformas es la erradicación de la brecha salarial, una deuda histórica con las mujeres trabajadoras. La igualdad en la remuneración no puede ser un simple principio decorativo: necesita mecanismos de vigilancia y sanción efectivos. Porque, seamos honestas, la igualdad no llegará si no cambiamos las estructuras empresariales que perpetúan la desigualdad, ni si no hacemos visibles las interseccionalidades que agravan las discriminaciones.
Pero hablar de igualdad no tiene sentido si no abordamos la violencia. La creación de la Secretaría debe ser una oportunidad para garantizar que todas las mujeres, en todas sus diversidades, puedan vivir libres de violencia. Esto implica no solo legislar, sino fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, atender y sancionar las violencias, desde la feminicida hasta la política.
El reto no es menor. Esta Secretaría necesita presupuesto suficiente, personal capacitado y, sobre todo, independencia política para consolidarse como una aliada real de las mujeres. Debe ser la institución que haga posible que las reformas constitucionales se conviertan en realidades palpables, en cambios concretos que transformen la vida de las mujeres.
México está enviando un mensaje al mundo: aquí se apuesta por la igualdad. Pero las reformas y la nueva Secretaría solo serán celebradas si logran cambiar el día a día de las mujeres en todos los rincones del país. Porque garantizar los derechos de las mujeres no es solo un acto de justicia, es la única manera de construir un país verdaderamente democrático. Y si las instituciones están a la altura del momento, entonces sí podremos hablar de una transformación sustantiva.
