Cuando se discutió la reforma judicial, no faltaron las advertencias. Desde distintos frentes, académicos, operadores jurídicos y especialistas se señaló que el diseño contenía errores de origen: filtros prácticamente inexistentes, criterios poco claros para evaluar la idoneidad de quienes aspirarían a juzgar y una confianza excesiva en que la legitimidad electoral podría suplir la experiencia técnica. Se dijo entonces que el riesgo no era abstracto, sino muy concreto: terminar con jueces sin la preparación suficiente para ejercer como tales. Hoy, ese escenario comienza a tomar forma.
Empiezan a acumularse casos que revelan las primeras grietas del modelo. Juzgadores que no dominan procedimientos básicos, audiencias mal conducidas, resoluciones inconsistentes y una curva de aprendizaje demasiado costosa para un sistema cuya función es resolver conflictos con rigor y previsibilidad. No se trata de una discusión ideológica ni de una resistencia al cambio, se trata de la operación cotidiana de la justicia y de lo que ocurre cuando el diseño institucional no acompaña la complejidad de la tarea encomendada.
Lo verdaderamente significativo es que estas críticas ya no provienen únicamente de quienes se opusieron a la reforma desde el inicio. Dentro del propio Morena comienzan a surgir voces que reconocen la magnitud del problema. Javier Corral, ha hablado de la necesidad de una “cirugía mayor”. Cuando quienes promovieron la reforma admiten que algo no está funcionando, la discusión deja de ser defensiva y empieza, por fin, a volverse honesta.
A estas alturas, el problema ya no es solo que la reforma haya sido mal calibrada, sino que se decidió llevar ese diseño directamente a la Constitución, transformando lo que pudo ser un proceso gradual y perfectible en un modelo rígido y políticamente costoso de modificar. Constitucionalizar la reforma cerró, desde el inicio, los márgenes de corrección que cualquier política pública de esta magnitud requiere. Hoy, cuando las fallas comienzan a ser evidentes, mejorar el sistema exige algo más que voluntad técnica: implica abrir el texto constitucional, construir mayorías calificadas y reactivar un debate político que pocos están dispuestos a asumir. La consecuencia es paradójica pero clara: corregir lo evidente resulta ahora más complejo que haber atendido las advertencias cuando aún había margen de maniobra.
Las consecuencias ya no se limitan al ámbito jurídico. Empiezan a sentirse en la economía real. Empresarios que expresan preocupación, empresas que evitan acudir a los tribunales y una creciente preferencia por mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje o la mediación privada, mecanismos que también llegan a requerir del poder judicial de manera limitada. No se trata de una postura ideológica ni de una campaña política; es una reacción racional frente a la pérdida de certidumbre. Cuando los actores económicos perciben que las decisiones judiciales pueden depender de la inexperiencia o de criterios no apegados a precedentes, el derecho deja de ser un punto de apoyo y se convierte en un factor de riesgo.
La reforma judicial no enfrenta dificultades porque se haya intentado transformar al Poder Judicial, sino porque se desestimaron advertencias básicas sobre su diseño y se optó por blindar constitucionalmente un modelo que no buscaba mejorar el acceso a la justicia. Hoy vemos jueces sin experiencia, críticas que emergen incluso desde el oficialismo y señales claras de desconfianza por parte del sector económico. Rectificar sigue siendo posible, pero será más lento, más costoso y políticamente más complejo de lo que habría sido necesario. No por falta de diagnósticos, sino porque se confundió transformación con irreversibilidad. Las elecciones judiciales de 2027 están a la vuelta de la esquina y, si algo empieza a quedar claro, incluso entre quienes impulsaron la reforma, es que el modelo adoptado no está dando los resultados prometidos. Lejos de asumirlo como un punto final, este momento puede convertirse en una oportunidad. Actuar a tiempo permitiría corregir el rumbo, abrir un debate más honesto y pensar en una reforma distinta, una que aprenda de los errores y coloque en el centro a la justicia cotidiana. Entre más pronto se inicie ese proceso, más cerca estaremos de construir un sistema judicial que funcione mejor, que genere confianza y que, esta vez sí, acerque la justicia a las personas.