¿A qué le teme un gobierno que prefiere eliminar un organismo autónomo en lugar de fortalecerlo? Con la desaparición del INAI, México no solo pierde una institución; perdemos una herramienta clave para proteger nuestros derechos como ciudadanos. Porque detrás de las siglas de un instituto hay historias de justicia, control ciudadano y el derecho a la verdad.
Gracias al INAI hoy sabemos más sobre las violaciones a los derechos humanos que han marcado a México. Fue esta institución la que permitió obtener versiones públicas de los expedientes relacionados con los militares involucrados en la Guerra Sucia, incluyendo documentos del Archivo General de la Nación sobre víctimas y perpetradores. También facilitó el acceso a las averiguaciones integradas contra el expresidente Luis Echeverría por los crímenes del 68 y el Halconazo, ofreciendo una ventana al pasado que muchos quisieran mantener cerrada.
En casos más recientes, el INAI ha sido indispensable para conocer la verdad detrás de las graves violaciones de derechos humanos. Su labor permitió visibilizar información pública sobre la crisis de desapariciones en México, revelando que los datos de fiscalías estatales no estaban integrados al Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta clave para enfrentar el rezago forense y atender a miles de familias que buscan a sus desaparecidos. También fue el INAI el que garantizó acceso a versiones públicas de expedientes clave en el caso Ayotzinapa, desafiando la opacidad del Estado y brindando un poco de luz en un caso plagado de impunidad.
La Guardia Nacional, una de las instituciones más opacas del país, tampoco ha escapado al escrutinio. Gracias al INAI, se han obtenido reportes detallados sobre el uso de la fuerza por parte de sus elementos, a pesar de que se intentaron reservar estos datos en múltiples ocasiones. En otros casos, la transparencia ordenada por el instituto permitió documentar la construcción de cuarteles en lugares como Chiapas y la Ciudad de México, donde el acceso a esta información había sido negado previamente.
La desaparición del INAI también debilita nuestro derecho a la transparencia en el uso de los recursos públicos. En su momento, el instituto presentó controversias constitucionales para evitar que disposiciones como la Ley de Seguridad Interior y el acuerdo que clasifica proyectos y obras del gobierno como "seguridad nacional" limitaran el acceso a información de interés público. ¿Qué será de estos contrapesos sin un organismo que los defienda?
Más allá de los casos emblemáticos, perder al INAI es debilitar, por no decir perder, la posibilidad de que la ciudadanía ejerza algún tipo de control sobre el poder. Este instituto no solo facilita el acceso a la información; también garantiza que las dependencias cumplan con su obligación de resguardarla, administrarla y entregarla. Su desaparición significa que el gobierno será juez y parte en materia de transparencia, poniendo en riesgo la imparcialidad que es esencial para garantizar este derecho.
Lo que está en juego no es solo un organismo, sino la posibilidad de que la sociedad tenga acceso a información que es suya por derecho. Sin transparencia, el gobierno opera en penumbras, y la democracia corre el riesgo de convertirse en un espejismo. Hay recordar que el INAI no desaparece porque falló, sino porque cumplió demasiado bien su labor. Por eso le temen.
Si dejamos que se nos arrebate al INAI, estaremos renunciando a herramientas que nos empoderan como sociedad. No solo perdemos acceso a expedientes; perdemos una herramienta que nos permite exigir rendición de cuentas. La transparencia no es negociable, es nuestro camino hacia la verdad y la justicia.
