Durante el período vacacional de diciembre pasado, se aprobó el aumento de casi 50% en la tarifa del transporte público en Jalisco, pasando de 9.50 a 14 pesos. La impopular decisión, que aumentará gravemente los costos de vida de los más pobres, y ha desatado gran descontento entre la ciudadanía, ha sido acompañada de una compleja cadena de decisiones gubernamentales (lideradas por el empresario gobernador, Pablo Lemus) que asegura un jugoso negocio para el sector empresarial a costa explotar las necesidades de la población trabajadora y vulnerar sus derechos.
El “madruguete” estaba completamente orquestado: el 26 de diciembre se reunió el Comité Técnico Tarifario, órgano encargado de proponer la tarifa al ejecutivo del estado, que luego de supuestamente evaluar el aumento de costos y salarios en los últimos años, propuso un aumento paulatino anual de 7.7% en la tarifa hasta 2030, arrancando con $11.17 para 2026, con una tarifa promedio ponderada de $13.03. Inexplicablemente, a pesar de dicho cálculo del Comité, el secretario de movilidad del estado anunció que el gobernador Lemus proponía un aumento a $14 desde 2026.
Como si todo fuera parte de una farsa premeditada, al día siguiente se publica un vídeo pregrabado de Lemus (que en ese momento en realidad estaba de vacaciones), donde asegura que el aumento es “grave” y, en lugar de “vetar” la decisión, anuncia que el gobierno utilizará recursos del estado para subsidiar 27% del costo del pasaje los usuarios del transporte público (quedando en $11 pesos la tarifa), pero condicionado al uso de la tarjeta bancaria Broxel que, coincidentemente, semanas antes ganó una licitación a modo para concentrar los pagos por programas sociales que realiza el gobierno del estado a la población.
La polémica tarjeta bancaria Broxel habla de un caso opaco y que apesta a sospecha de corrupción. Se trata de una de las empresas peor calificadas en el ámbito, que recibirá un pago de 5 pesos mensuales por los 4 millones de tarjetas que se pretenden distribuir. Además, el gobierno del estado condiciona el acceso al subsidio del transporte a cambio del uso de la tarjeta (algo impugnable a todas luces): quien pague en efectivo, no pagará $11, sino $14 pesos (con máquinas cobradoras en efectivo que, además, no dan cambio).
A su vez, su uso implica el consentimiento con un acuerdo de privacidad que vulnera los derechos de los usuarios: para obtener la tarjeta tienes que proporcionar documentos y datos personales, además de aceptar que la empresa pueda compartir toda tu información con otras empresas con fines comerciales. La ubicación en diferentes horas del día de la población del estado, vinculada con datos bancarios, personales y sensibles, a la venta en el Mercado, a cambio de un injusto subsidio pagado con dinero público, es decir, con sus propios impuestos.
El aumento de la tarifa, ilegítimo, insensible e injusto, haría que los hogares del decil más pobre (es decir, el 10% con menos ingresos), dediquen hasta 12% de sus ingresos sólo en pagar el transporte público. Y es que el gran problema es que no hay elección al respecto: o pagas, o dejas de ir a trabajar, a estudiar, etc.
De hecho, el tarifazo puede aumentar en 4% la pobreza por ingresos en el Área Metropolitana de Guadalajara (de acuerdo a cálculos propios con la ENIGH), llevando a cerca de 60 mil personas a una situación de pobreza por ingresos, sólo por esta decisión arbitraria.
El transporte público en Jalisco se encuentra casi completamente concesionado al sector empresarial, en un entramado de incentivos perversos, en términos económicos, que promueven una mala calidad del transporte sin perjuicio para los empresarios, dada la baja elasticidad de la demanda al servicio.
Ejemplo de ello es cómo los empresarios camioneros tienen sin circular al 10% de unidades (cerca de 550 camiones) argumentando “escasez de choferes”. La decisión es obvia y “entendible” en términos empresariales: ¿por qué mandar dos unidades cada 10 minutos para transportar 15 usuarios, cuando puedes mandar una unidad cada 20 min. para transportar 30 personas?. Esto explica por qué la principal queja de la población es la baja frecuencia de paso del transporte público, sumado a la saturación de este. Privatizar el transporte público equivale a perjudicar a la población, sin lugar a dudas.
Ante este terrible escenario, el descontento ciudadano ha sido obvio. Una manifestación el pasado sábado terminó con detenciones arbitrarias de jóvenes, misma que fue desestimada y deslegitimada por el Gobernador, luego de argumentar que la protesta fue “convocada” por diputados de partidos de oposición. Además, las detenciones se dieron casi dos horas después de terminadas las protestas y a una distancia de 2 km de donde terminó la manifestación. Los detenidos, primero negados por las autoridades, al ser liberados denunciaron que fueron víctimas de tortura. Claramente, las detenciones tienen un carácter “disciplinador”: quien protesta contra el lucro de los empresarios, será acallado por las fuerzas policiacas del estado, pagadas con dinero público.
Por último, en el escenario, entra la solicitud de referéndum promovida para abrogar el aumento de la tarifa, que en dos días superó ya por 200% las firmas necesarias para ser dirigida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) y que ya fue anunciado que el gobierno del estado combatirá legalmente, defendiendo la “legalidad” del aumento en el transporte público, a pesar de que el gobernador ni siquiera siguió la recomendación injusta del Comité Técnico Tarifario.
El escenario es claro. Por un lado, el sector empresarial, encabezado por Lemus, gobernador del estado, usará todo el aparato gubernamental para tratar de imponer la extracción de una mayor parte del ingreso de los trabajadores, mediante un derecho convertido en negocio: el transporte público concesionado. El descontento es obvio, y a pesar de la represión y los intentos gubernamentales de deslegitimar, la lucha tendrá que seguir. El lucro de unos cuantos no puede estar por encima del bienestar de la mayoría.