El pasado miércoles, el INEGI dio a conocer los resultados de su medición de pobreza en México, reportando una disminución muy significativa. Este resultado era previsible a la luz de los datos sobre ingresos de los hogares que el propio instituto publicó hace dos semanas en la ENIGH 2024. La reducción que señala es especialmente relevante y motivo de celebración: la pobreza moderada multidimensional bajó 11 puntos porcentuales, al pasar de 35% a 24% de la población, mientras que la pobreza extrema se redujo en casi 2 puntos, de 7% a 5.3%.
Los resultados desataron de inmediato un intenso ruido en medios de comunicación y columnas de opinión: Desde quienes afirman que “ahora las dádivas mantienen a más gente que no trabaja”, hasta quienes dicen que “triunfó la estrategia económica” o que “se cumplió el ‘primero los pobres‘”.
Lo interesante de las mediciones de pobreza es que no sólo representan un desafío (interesantísimo en lo) técnico, sino también un debate profundamente político y sociológico. Esto se refleja en la definición de sus umbrales (¿bastan $150 pesos diarios por persona para no vivir en pobreza?) y sus criterios de identificación (la metodología actual exige, además de ingresos por debajo de la línea de pobreza, al menos otra carencia social). Pero también en el uso discursivo de los resultados (quienes evalúan el desempeño de los gobiernos únicamente con estas cifras) y su utilidad para corregir lo que falla y potenciar lo que funciona.
Sin embargo, muchas de las aristas y matices necesarios para interpretar una medición de pobreza (y aún más, para compararla a lo largo del tiempo) suelen perderse cuando se privilegia un titular simplista o se refuerzan nuestras percepciones, sesgadas o no, sobre la coyuntura política del país. Por ello, más allá de celebrar que la pobreza disminuya en México, presento a continuación algunos matices y debates que, al parecer, han quedado fuera de la discusión pública de la medición de pobreza.
Primero, es importante desmontar el mito de que “la reducción de la pobreza se debe a los programas sociales” (o las mal llamadas “dádivas”), así como la falsa idea de que “ahora hay más mantenidos con mis impuestos”. Más allá de que es estigmatizante, y que los programas sociales son un derecho (pueden leer más de eso en mi libro “Pobres porque quieren”), la realidad es que el principal motor detrás de la disminución de la pobreza es el aumento de los ingresos laborales, causado por el aumento del salario mínimo y distintas reformas laborales, como la sindical.
Mientras que los ingresos laborales están detrás de 55% del aumento de los ingresos en los hogares, los programas sociales aportaron sólo 14%. De hecho, del total de ingresos de los hogares más pobres (decil I), sólo 19% viene de los programas sociales, y 51% vienen como pago a su propio trabajo.
Más aún, en realidad los programas sociales del sexenio anterior fueron menos efectivos para disminuir la pobreza, a pesar de lo que crean quienes emiten comentarios clasistas contra los “dependientes del gobierno”. Aunque los recursos distribuidos se triplicaron entre 2018 y 2024, la población que salió de situación de pobreza extrema debido a los programas sociales apenas pasó de 3 millones a 3.7 millones.
Esto se debe a los cambios en el diseño de los programas sociales (de lo que hablé en mi anterior columna) no pusieron “primero a los pobres”, y debería ser parte de uno de los principales cambios en el sexenio actual: volver a llegar a los hogares más pobres que dejaron de recibir cobertura de programas sociales y así sacarlos de la situación de pobreza extrema.
El hecho de que haya sido el aumento de los ingresos laborales el principal factor detrás de la disminución de la pobreza es un hecho deseable, por al menos dos razones. Por un lado, porque desmonta el mito (que parecía dogma en la tecnocracia neoliberal) de que “aumentar el salario mínimo desataría una ola inflacionaria que haría que el balance fuese negativo para los trabajadores”. Se probó falso. Y de pasó confirmó otro de los argumentos que he sostenido por años: que “el problema de la pobreza en México es un problema de desigualdad”, de explotación laboral. Y con mayor redistribución hacia la clase trabajadora se logró abatir la pobreza de forma importante.
Por otro lado, también le da la vuelta a la creencia neoliberal de que “las políticas sociales están dedicadas a recoger los muertos y heridos que deja la política económica”, justificando así la desarticulación de la política social y la económica. En realidad, tienen que trabajar en conjunto. Y, de hecho, el bajo crecimiento económico en México durante el sexenio anterior obliga a pensar que subir el salario mínimo no será la solución efectiva para sostener el aumento de los ingresos de los hogares en el mediano plazo, y se requiere de una política económica y de desarrollo que potencie el crecimiento económico sostenido y priorice la distribución justa de dicho crecimiento.
Pero hay otros dos matices que suelen escapar de la discusión pública absolutista sobre la medición de la pobreza. Primero, que los resultados también muestran y/o ocultan el agravamiento o estancamiento de algunas carencias sociales. En particular, la carencia en salud creció: INEGI dice que pasó de 16 a 34% de la población, aunque no mide lo más importante, que es el acceso efectivo a la atención de salud (en otras investigaciones hemos encontrado que también empeoró este indicador).
Por otro lado, el rezago educativo permaneció estancado en 19% durante la última década. Pero, además, la medición invisibiliza carencias importantes como la de vivienda (sus indicadores no toman en cuenta cuánto dedican de sus ingresos los hogares al pago de renta o hipoteca, por ejemplo) o el aumento importante en el gasto de bolsillo en salud.
Por último, tal vez el matiz más importante es que debemos tener claro que estamos ante una nueva etapa de la medición de la pobreza, como comentaba Paloma Villagómez en redes sociales. Por un lado, al haber perdido al CONEVAL, ya no tenemos una institución que analice de forma independiente la fiabilidad de la encuesta (ENIGH) y los instrumentos de captación con los que se mide la pobreza.
El cambio no es menor. En 2017, CONEVAL se negó a medir la pobreza con los datos de la ENIGH 2016, pues se argumentó que ciertos cambios generaron que la disminución de la pobreza que resultaba era más por un “efecto instrumento” que por un cambio real en la situación de los hogares. El INEGI tuvo que “corregir” con un modelo estadístico que hiciese comparables las encuestas de distintos años. Si CONEVAL no lo hubiera exigido, muchos hubieran pasado por buenos los datos del INEGI.
Para la medición actual, el INEGI le quitó el “asterisco” sobre la comparabilidad que CONEVAL había puesto a la medición de 2022. Además, algunas personas investigadoras hemos señalado cambios en la ENIGH 2024 que ponen en tela de juicio su completa comparabilidad con años anteriores o al menos exigen reflexiones más profundas. Probablemente, si existiera aún el CONEVAL, habría señalado que tales cambios (particularmente los asociados con el acceso a salud y agua potable, en otro momento profundizaré más en esto) necesitaban un análisis más detallado en cuanto a sus impactos en la medición.
Mi conclusión es que, ante un clima tan polarizado en argumentos a favor y en contra del gobierno federal del sexenio pasado, deberíamos detenernos, reflexionar y dar más espacio a un análisis a profundidad y matizado sobre la medición de la pobreza, que permitan convivir el reconocimiento de que han mejorado de forma importante los ingresos en el país y ha disminuido la pobreza moderada (mucho más que la extrema), aunque no tenemos total certeza de la magnitud de tales disminuciones. También hay que reconocer que, si bien la estrategia del aumento del salario mínimo tuvo efectos positivos históricos, la estrategia de política social de transferencias monetarias no priorizó a los más pobres y, de hecho, de muchas formas les desprotegió. A partir de este reconocimiento balanceado, será posible calibrar lo que venga para el sexenio actual, para mejorar la lucha contra la desigualdad en México.
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