Máximo Ernesto Jaramillo Molina
El alquiler es una transferencia constante de recursos de la clase desposeída a la clase rentista, ampliando cada vez más la brecha entre ambas. Por eso: vivienda para quien la habita.
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Desde hace algunos años, hemos insistido en diversas ocasiones en asegurar que “la lucha por la vivienda es una lucha de clases”. Esto se explica porque, más que fuerzas de oferta y demanda en un “mercado libre”, el caso del mercado de la vivienda se entiende mejor desde un punto de vista que apunta al conflicto entre una clase desposeída de vivienda y una clase propietaria y rentista.
La clase desposeída vive con la “eterna necesidad” de alojarse en alguna vivienda y, por lo tanto, se ve obligada a pagar por ello un alquiler (en caso de que el Estado no provea alternativas, como vivienda pública, de lo cual he hablado en otras ocasiones en este espacio). Así, el alquiler implica una transferencia constante de recursos económicos de la clase desposeída a la clase rentista, lo que por ende amplía cada vez más la brecha entre ambas.
En el informe “La situación inquilinaria en México en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19”, donde colaboramos desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) y Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), comentábamos que 99% de los ingresos que genera el alquiler de una vivienda son apropiados por el 10% de hogares más ricos del país, y el 62% de dichos ingresos se acumulan tan sólo en el 1% más rico. De hecho, entre el 80% de hogares con menos ingresos del país, menos del 1% reciben ingresos por alquiler. En términos generales, el alquiler es una transferencia de los hogares con menos ingresos a los más ricos.
Claramente, el problema se vuelve exponencial y más grave en la medida en que empeoran las condiciones para detener dicha transferencia de recursos. Es decir, la crisis de vivienda se intensifica en la medida en que los hogares inquilinos, desposeídos de vivienda, tienen menos opciones para salir de dicha condición, sea mediante la adquisición de una vivienda propia - la opción más usual en México-, o mediante otras alternativas comunes a nivel global, como el uso de vivienda pública.
Sostengo que eso es lo que ha sucedido en México durante las últimas décadas, y le llamo a este proceso “El gran despojo” (pueden leer más al respecto en mi libro “Pobres porque quieren: Mitos de la desigualdad y la meritocracia”). Los precios de las viviendas son cada vez más inalcanzables para la mayor parte de la población en el país, debido a procesos tales como la especulación en el mercado inmobiliario y su financiarización, el retiro de casi cualquier regulación gubernamental al mercado, así como procesos más populares ahora, como la gentrificación y la turistificación.
Sumado a la disminución del poder adquisitivo de los salarios de la clase trabajadora en México, y el empeoramiento de las condiciones de créditos hipotecarios, cada vez hay menos hogares propietarios de vivienda en el país, lo que les coloca ahora como parte de la clase desposeída de vivienda.
Esta tendencia es particularmente clara entre las personas más jóvenes, aunque no les afecte únicamente a ellos. De acuerdo con datos de la ENIGH, en 1992, de los hogares con un jefe o jefa de hogar de entre 19 y 29 años, 52% eran propietarios de sus viviendas (contando tanto si la estuvieran pagando o ya hubieran terminado de pagarla). Tres décadas después, en 2022, ese dato disminuyó a 36%.
De forma análoga, el porcentaje de hogares inquilinos con jefes o jefas de dicha edad, pasó de 24 a 38% en el mismo periodo. Y esto es peor para la Ciudad de México: el porcentaje de este tipo de hogares (liderados por jefes o jefas jóvenes) que paga alquiler, pasó de 32 a 58%, también entre 1992 y 2022. La mayoría de las juventudes que lideran hogares en la CDMX son clase desposeída de vivienda.
Pero no sólo son los jóvenes: a nivel nacional, la desposesión de vivienda ha aumentado también para los hogares más pobres. Entre los hogares con menos ingresos del país (el decil I específicamente) se triplicó el porcentaje de quienes viven en una vivienda alquilada. De hecho, los hogares más pobres son el estrato de ingresos donde más ha empeorado la desposesión de vivienda, comparado con otros estratos de ingreso.
Como se ha insistido continuamente en este espacio, la alternativa al problema de este “Gran despojo” no debería ser únicamente la propiedad privada de la vivienda por todas las personas. Deberían ser consideradas alternativas como la propiedad colectiva de vivienda (ej. las cooperativas de vivienda) y la vivienda pública, propiedad del Estado.
Pero más allá de ello, lo que queda claro es que urge un proceso amplio de redistribución de la propiedad inmobiliaria, para contrarrestar la concentración en los más ricos que ha ido aumentando durante las últimas décadas de desregulación del mercado. Al final de cuentas, estas exigencias no se alejan tanto de aquellas relacionadas con el reparto de tierras en México hace más de un siglo, que originaron la revuelta social que formaría la versión moderna de nuestro Estado. Como dicen los movimientos sociales en este tema a nivel global: ¡Vivienda para quien la habita!
