Uno de los rasgos distintivos de los regímenes autoritarios es la anulación de contrapesos al ejercicio del poder. Cobijados en el supuesto de la superioridad moral, las autoridades asumen que su misión fundamental es obedecer las instrucciones giradas desde la cúpula de sus gobiernos. No tienen cargos, sino encargos. Y compiten entre sí para llevar más y mejores prendas para saciar los deseos de quien encabeza el grupo quien es, a su vez, la única fuente de poder y la única legitimada para encarnar la voluntad del pueblo.
México ya es, tristemente, una autocracia electoral. Y en estos días hemos atestiguado varios ejemplos del guion autoritario. Me cuesta decidir cuál de ellos es más notable: si los alegatos de las ministras y ministros de la Corte (Popular) de Justicia, que han esgrimido galimatías para entregarle más poder a las autoridades hacendarias o para desandar la jurisprudencia destinada a imponer límites a los abusos burocráticos; o el inefable comunicado de la CNDH que descalifica al comité de Naciones Unidas que documentó el gravísimo problema de las desapariciones forzadas; o el espectáculo que han montado las y los legisladores de Morena para justificar una reforma dizque electoral destinada a boicotear la pluralidad política o para permitirle al gobierno que utilice a discreción un tercio de los ahorros de las y los trabajadores del país; o la deliberada connivencia entre la presidencia del INE y la junta de coordinación de la Cámara de Diputados para cerrar el ciclo del control de los órganos electorales.
En todos esos casos –y conste que solo son ejemplos– hemos atestiguado una franca desviación de los fines que todas esas autoridades debían honrar en vez de consolidar el régimen autoritario al que se deben. Los ministros de los acordeones discutieron que el derecho a la propiedad está limitado por el derecho de propiedad (¿o era al revés?), o que los propósitos del Estado no pueden ser confrontados sin que haya un castigo para quien lo intente, o que la protección jurisdiccional nunca causa estado ni puede otorgarse de manera universal, sino caso por caso, en función de los intereses populares. Da igual, porque su misión ya no es garantizar los derechos constitucionales, sino cubrir con el manto de la legalidad las decisiones tomadas por el gobierno. Son felices, porque ya no habrá conflicto entre la Corte y el Ejecutivo, pues ambos poderes están alineados por las mismas causas. ¿Cuáles? Las que ordene el pueblo, a través de su vocería única e indivisible.
A la CNDH la perdimos desde la fraudulenta elección de su nueva titular, que ni cumplía los requisitos para el cargo ni obtuvo los votos necesarios para su designación, pero tenía el mérito de ofrecer una lealtad a toda prueba. Y lo ha cumplido. Quizás, ha sido la institución que más ha negado las razones de su existencia: en vez de proteger al pueblo de los abusos cometidos por los poderes públicos, ha defendido al régimen al que obedece y ha enderezado sus baterías en contra de sus críticos y de los gobiernos previos, con todo ahínco. En esa labor, solo el Tribunal Electoral le ha disputado el primer lugar de la abyección, gracias a la mayoría de los magistrados que se han propuesto salvar al régimen de cualquier acusación de fraude electoral.
Admitamos que la riada autoritaria ha sido un éxito, pues ya no hay ninguna institución capaz de limitar al régimen: las que sobreviven están alineadas para seguir consolidando la concentración del poder y la unificación de los discursos. Lo que sigue es seguir bloqueando a los partidos, silenciar poco a poco a las organizaciones de la sociedad civil que se niegan a cerrar los ojos (y la boca) y acallar a los medios críticos y libres. Ese es el guion en curso. Que nadie se llame a engaño.
Investigador de la Universidad de Guadalajara