Mientras más vueltas le doy al tema, más absurdo me parece que se quiera desmontar un sistema electoral que le ha dado estabilidad, paz y legitimidad política a los gobiernos de México durante casi tres décadas. El encono del régimen contra ese sistema no tiene más asidero que sus fantasmas y ni siquiera éstos se corresponden con las propuestas (que hasta ahora) se han hecho públicas. La necedad disfrazada de tenacidad. Como el chiquito que grita: “Quiero el cuadrito, quiero el clavito, quiero el hoyito”.
Hoy aducen que la reforma electoral responde a su deseo de complacer al pueblo, porque en las encuestas la mayoría responde que deben recortarse gastos a partidos y a órganos electorales. Lo mismo dijeron del INAI y de los órganos de transparencia de las entidades federativas para extinguirlos. La doble consecuencia de esa decisión ha sido que se perdió la garantía del derecho a saber y que las contralorías –que recibieron esas facultades de repente– han tenido que improvisar áreas completas sobre la marcha. Se perdió experiencia, se creó un problema que no existía y no se ahorró nada.
Cobijados por esa idea, pasan por alto que durante años, el IFE y el INE gozaron de las más altas tasas de confianza y aceptación entre las y los mexicanos. En los años noventa, muy por encima de cualquier otra institución pública y, luego de los comicios del 2000 y del 2003, a niveles del 80 por ciento de aceptación. E incluso después de la caída que sufrió esa confianza a consecuencia del conflicto del 2006, en las elecciones realizadas durante el sexenio pasado el INE volvió a ser la institución pública más apreciada por el pueblo, solo por debajo del Ejército y la Marina, con puntajes que rebasaban el 60 por ciento en todas las mediciones. ¿No dicen que se guían por la voluntad popular? ¿De dónde sacan que la gente quiere destruir al INE?
Por lo demás, si su argumento burocrático tuviera algún sentido, ahorrar y organizar elecciones legítimas no serían objetivos incompatibles. Empero, el vocero de la comisión presidencial ha dicho que quieren ahorrar dinero mutilando a los órganos electorales y limitando la pluralidad democrática: quieren restar diputados de oposición y cercenar al servicio electoral nacional, a pesar de que éste ha dado pruebas reiteradas de su éxito –ejemplar incluso para el resto del mundo– y de que ellos mismos lucharon por erradicar el amiguismo y el compadrazgo en los nombramientos de funcionarios electorales. Esto último me consta, pues presidí la comisión del servicio profesional electoral del IFE durante siete años y fui testigo del compromiso y el respaldo de Pablo Gómez para erradicar el sistema de botín de esa institución. De sobra saben que si esa columna vertebral se rompe, todo el sistema perderá eficacia y se volverá presa de captura.
En las elecciones del 2006 se dolieron (con razón) de cinco cosas: de la intervención abusiva del gobierno del presidente Fox a favor del candidato del PAN; de la tolerancia del Consejo General del IFE frente a la propaganda hostil enderezada contra López Obrador; del silencio del órgano electoral durante la noche de los comicios; del registro incompleto de las actas del PREP; y de la negativa del Tribunal Electoral al recuento total de votos, casilla por casilla. Ese fue el corazón del litigio de esa elección, cuyos resultados exactos quedaron bajo sospecha. Pregunto: ¿Qué tiene que ver la reforma que ahora están impulsando con aquellos hechos que dieron al traste con la certeza de las elecciones del 2006?
Los partidarios de esta reforma insisten en justificar un despropósito de dimensiones históricas. Si lo hacen a pesar de todas las alarmas, tirarán su propia obra: la que les permitió llegar al mando, cuando el poder aún no los había cegado.
Investigador de la Universidad de Guadalajara