Elecciones en riesgo

Al menos desde la última década del Siglo XX, los mexicanos empezamos a descubrir que nuestros votos contaban y que la gente podía decidir quién gobernaría, primero en los municipios que fue perdiendo el partido hegemónico, luego en los primeros estados –empezando con Baja California en 1989–, más tarde en los legislativos y hacia el final de ese siglo, en la Presidencia de la República. La mayor lección democrática para México fueron los votos que cambiaron el mapa político del país.

Durante tres lustros aprendimos que los gobiernos y los congresos podían cambiar en las elecciones siguientes. Vivimos, sí, un descalabro profundo en el 2006, tras el empate en las elecciones presidenciales, los titubeos de las autoridades electorales y la rebelión encabezada por López Obrador. Y aún así, el sistema electoral mexicano siguió abriéndose paso como la única forma de decidir quién habría de asumir los mandos en cada nivel de gobierno y en todas las cámaras legislativas.

Incluso los agraviados de aquel episodio optaron por la vía electoral, como lo demostró la fundación de Morena en 2014 cuyo líder, apenas cuatro años después, ganaría la Presidencia de México con los votos de una mayoría abrumadora. Y desde entonces, ese partido ha logrado el gobierno de 23 entidades federativas, la mayoría en 26 congresos estatales y la mayoría calificada en 18 estados y en el Congreso de la Unión: todo a través de los votos.

Por esa indiscutible razón, tanto el gobierno como sus adversarios han decidido apostar todo a los procesos electorales: los primeros para quedarse y ensanchar su poder y los segundos para evitarlo. La política gira, casi completamente, en torno del sistema electoral. Hace años escribí que México había vivido una transición votada y sigo pensando lo mismo. En la superficie de nuestro sistema político, los votos mandan.

Sin embargo, debajo de esa superficie límpida han corrido caudales de aguas subterráneas que, en su momento, costó mucho tiempo y esfuerzo controlar para que los votos expresaran la voluntad general. Esto es, para limitar y conjurar trampas, fraudes, extorsiones y compraventa de voluntades. Quienes insisten en afirmar lo contrario, son ciegos a la evidencia más contundente: si el sistema electoral no hubiera pavimentado el camino y no hubiera logrado marginar a los abusivos, el régimen no habría cambiado jamás y Morena no estaría gobernando el país.

Empero, el gobierno ha insistido en desconocer todo ese trayecto de la historia reciente de México y ha intentado, una y otra vez, desandar el camino que lo llevó al poder. El sistema electoral se ha ido desmantelando pieza por pieza y se han abierto nuevas fisuras para colar agua sucia. Además del reparto de más de 1 billón de pesos en programas sociales, solo en 2025 hubo poco más de 22,300 millones de pesos en gastos indirectos que han financiado ejércitos completos de promotores; la Guardia Nacional se ha identificado con el gobierno que la fundó para ofrecer seguridad a cambio de simpatía; las autoridades electorales se han ido sometiendo cada vez más a la voluntad de la Presidencia de la República; el partido mayoritario se ha puesto en campaña burlando plazos y reglas; y por si esto no fuera suficiente, abundan los testimonios sobre la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Me pregunto si en esas condiciones otra fuerza política puede ganar elecciones: si no habrá una operación masiva para evitarlo –como ya está sucediendo–, si las autoridades no modificarán resultados con argumentos legaliformes –como ocurrió con la integración del Congreso y con el Poder Judicial– y si de todos modos perdiera, si el gobierno estaría dispuesto a reconocerlo. La respuesta a estas preguntas sellará nuestro futuro político.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

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