¿Ciudadanización?

Las y los consejeros electorales son las personas que conducen el proceso que permite, lisa y llanamente, que los votos ciudadanos se cuenten bien. Si no pueden, no saben o no quieren honrar su cometido, todo ese proceso se puede venir abajo. Son ellas y ellos quienes van eslabonando toda la cadena de decisiones que conduce a un resultado irrefutable y aceptado o, por el contrario, a un conflicto sin salida. Por eso es muy relevante poner atención en quiénes son, de dónde vienen, qué experiencia tienen y qué decisiones van tomando.

Parece haber quedado en el olvido que el propósito de esos consejos era “ciudadanizar” –un sustantivo hecho verbo– la dirección de los procesos electorales. Es decir, sacar al gobierno y sacar a los partidos de esas decisiones para garantizar que la ley se cumpliera a pie juntillas, sin sesgos. Cuando se acuñó esa propuesta, hacia el final del Siglo XX, la Secretaría de Gobernación dejó de presidir el entonces Instituto Federal Electoral y los representantes de partido dejaron de tener voto en los acuerdos indispensables para dirigir las elecciones. Además, la “ciudadanización” se concibió desde un principio como cosa colectiva para evitar que una sola persona, por proba e íntegra que fuera, tomara el control de esas instituciones.

Hubo más: a diferencia de las y los integrantes del Consejo General del IFE (luego INE), cuya labor debía ser profesional, de tiempo completo y sin ninguna otra ocupación ni ingreso público posible, las personas que conformaran los consejos electorales locales en todo el país habrían de ser ciudadanos voluntarios sin partido ni conflicto de interés con los gobiernos. Y, en el mismo sentido, esa regla de imparcialidad absoluta debía aplicarse a quienes formaran parte de los 300 consejos distritales. La razón: son ellos y ellas quienes cuentan los votos depositados en las urnas de cada distrito y quienes vigilan las actividades “de campo” que deben realizarse para organizar cada elección.

La “ciudadanización” cierra con las y los funcionarios de casilla, quienes son designados al azar –insaculados, es la horrible palabra técnica que se utiliza– de entre todas las personas que aparecen en el padrón de cada sección electoral. Las únicas personas autorizadas por la ley para instalar casillas y contar votos deben ser ajenas, insisto, a cualquier compromiso partidario, a cualquier presión de los gobiernos, a cualquier sesgo que ponga en riesgo el cumplimiento exacto de las normas que rigen el proceso electoral.

Todos los consejos que gobiernan la organización de los comicios deben ser y actuar inequívocamente sobre la base de la más estricta imparcialidad política, de la legalidad, la certeza, la independencia y la objetividad en cada una de sus decisiones. Más claro ni la tabla del 1: ni los gobiernos ni los partidos pueden meter la mano en el proceso electoral. ¿Recuerdan ese grito de los mítines de los ochentas? ¡Fuera manos del proceso electoral! Pues todo eso quedó en la Constitución y en las leyes que están vigentes.

Por eso llama la atención que la designación de los nuevos integrantes de los consejos electorales estatales haya pasado casi inadvertida. Son ellos quienes, a su vez, designarán a los consejos distritales de todo el país. Es muy preocupante –por decir lo menos– que no sepamos a ciencia cierta qué criterios siguió el Consejo General del INE para designarlos, que no conozcamos la trayectoria de todas esas personas designadas y que no podamos estar ciertos de que cumplen a cabalidad con los principios exigidos de imparcialidad, competencia y probidad indiscutibles. Ha sido un proceso oscuro –¡otra vez!–, cuyas aristas tendremos que ir descubriendo sobre la marcha. Como dice el refrán: mal empieza la semana para quien se muere en lunes.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

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