En el contexto de la transición política iniciada en Venezuela, sobresalen cuatro medidas que confirman que en ese país existía lo que se negaba: presos políticos, persecución, tortura y un sistema judicial al servicio del régimen. Estas cuatro negaciones han sido aceptadas como falsas por quienes dirigían esos actos represivos y que ahora reconocen en solo 30 días, desde la captura del presidente Nicolás Maduro.
UNO. Durante 26 años los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro negaron que hubiera presos políticos en Venezuela, pero recientemente los presos políticos que no había han empezado a ser excarcelados. Van 344 y faltan 687, según ha documentado Foro Penal, organización no gubernamental venezolana de defensa de los derechos humanos.
DOS. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el envío a la Asamblea Nacional de una iniciativa de Ley de Amnistía General para los presos políticos. “Que la justicia traiga tranquilidad a Venezuela”, dijo la encargada, en confesión involuntaria, y agregó que “la ley cubrirá todos los casos desde 1999”, es decir, desde el inicio del primer gobierno de Chávez.
Con un tono conciliador, impensable hace un mes, Rodríguez exhortó a los beneficiarios de estas medidas a que "no se imponga la venganza, la revancha ni el odio". Ahora es pacifista.
TRES. La encargada anunció también el cierre del inmueble conocido como el Helicoide, símbolo del aparato represor del gobierno y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de un centro penitenciario.
Ese lugar fue desde 2015 sitio de detenciones políticas, reclusión prolongada, condiciones inhumanas y tortura en perjuicio de manifestantes, periodistas y activistas. Al cerrarse esta prisión, a la que Maduro llamó “referencia moral”, se confirma lo que se negaba: la práctica de la tortura sistemática a los opositores al régimen.
CUATRO. Otro cambio que comprueba la existencia de lo negado es el anuncio de Rodríguez de convocar una consulta nacional para sustituir el actual sistema de justicia por otro que sea “legítimo, funcional y respetuoso de los derechos fundamentales”, características que, se infiere, no tiene el sistema que quiere sustituir.
Para nombrar este paquete de medidas correctivas, a las que el régimen chavista ha sido obligado, el gobierno dice que se trata de “una transición política, en el marco de reformas institucionales”. Dicho de otra forma: son ellos mismos, los que perseguían y reprimían, quienes, apremiados, deben dar marcha atrás sobre sus propias huellas.
Es lamentable que un pueblo sometido por un régimen autoritario encuentre auxilio mediante la intervención de otro país. Los hechos habían confirmado que no había voluntad política del régimen para corregirse a sí mismo ni para aceptar las demandas de un pueblo que reclamaba libertad y democracia.
Más allá de esta circunstancia, es indiscutible el derecho de los venezolanos de reconstruir con soberanía la legalidad en su país y de dar cauce a sus aspiraciones de paz, justicia, democracia y prosperidad.
La ONU vive momentos complicados, pero su Carta sigue siendo el marco de referencia mundial en cuanto al derecho de los pueblos a la libre determinación, así como al “principio de la igualdad soberana de todos sus miembros”.
Especialista en derechos humanos. @mfarahg