La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente al señalar que irá hacia adelante en la investigación del llamado huachicol fiscal, al que prefiere describir como contrabando, evasión fiscal y competencia desleal hacia Pemex y a quienes importan combustible legalmente.
La responsabilidad de un jefe de Estado tiene momentos cumbre en la dinámica de gobernar, y este es sin duda uno de esos momentos para la presidenta de México.
El caso implica un enorme desafío político, pues hay una alta expectativa de la población para que se esclarezcan los hechos y se lleve ante la justicia a todos los involucrados
El desafío incluye cuidar que las acciones y omisiones delictivas de algunos marinos no dañen el prestigio y reconocimiento del que goza la Marina Armada de México, cuya participación ha sido relevante a lo largo del combate a la inseguridad y la violencia en busca de la pacificación del país.
Hasta ahora las operaciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad han incluido inspecciones en terminales marítimas, aduanas fronterizas y bodegas clandestinas, de las que se han derivado detenciones de empresarios, personal de Aduanas y marinos, así como la incautación de documentos falsificados, facturación apócrifa y equipos de transporte adaptados para ocultar combustible.
Se han anunciado, asimismo, reformas a la Ley Aduanera para eliminar lagunas legales que facilitan prácticas de simulación en la importación de hidrocarburos, así como reforzamiento de la supervisión digital al traslado o distribución de los volúmenes de gasolinas y diésel de importación.
Debe considerarse que el combate eficaz a las actividades delictivas implica necesariamente acciones en materia financiera a fin de conocer la ruta del dinero y tomar medidas para reducir las capacidades operativas de las organizaciones delincuenciales.
Esta vía es aún más relevante en este caso, dada la dimensión de los recursos que mediante el huachicol fiscal han ido a parar a cuentas ilícitas en lugar de ingresar a las arcas públicas, es decir, al daño causado a la nación hay que agregar el riesgo que representan redes criminales fortalecidas por tales montos.
Así, el mayúsculo fraude pone en relieve la necesidad de combatir las estructuras financieras de las bandas delictivas que con esta actividad han hecho crecer sus capacidades a costa de la operación financiera del Estado mexicano.
Lograr la desarticulación de las redes de contrabando, lo que incluye la recuperación de los recursos robados, puede tener diversos efectos, empezando por restaurar la legalidad fiscal, que lleva al menos dos décadas de fragilidad frente a factureras y otras formas de evasión, así como contener el crecimiento de esta actividad delictiva.
La Secretaría de Hacienda estima, por ejemplo, que la erradicación del huachicol conllevaría el ingreso de montos estimados en 200 mil millones de pesos en 2026.
La presidenta ya ha puesto las coordenadas de esta operación contra el huachicol fiscal: habrá más detenciones y cero impunidad.
Por ello las expectativas son altas tanto en México como en el exterior, porque de la resolución del caso, incluyendo su desenlace judicial, se desprenderá un claro mensaje que debe ser en el sentido de que ahora sí se combate la ilegalidad, lo que fortalecería el ánimo social interno y daría a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, las certezas que requiere la sana convivencia entre nuestros países.
Especialista en derechos humanos. @mfarahg
