Las elecciones democráticas tienen que cumplir con una serie de requisitos para ser consideradas como tales. Más allá de las formalidades que se derivan de la teoría democrática liberal, quisiera destacar los elementos mínimos necesarios para una elección popular, como la prometida por el oficialismo en su reforma judicial. Estamos a poco más de un mes de la jornada electoral y lo que desde un inicio parecía fatídico sólo ha ido empeorando. Ya ni las consignas populistas de un inicio se pueden sostener. Ni quienes han promovido este proceso se lo toman en serio. Me explico.
En primer lugar, las elecciones populares requieren que la ciudadanía sea consciente de sus responsabilidades en la toma de decisiones, el proceso exige cierto esfuerzo de su parte. Para garantizar la participación de la mayor cantidad de ciudadanos, el esfuerzo debe ser mínimo. Sabemos que la ciudadanía tiene otras ocupaciones que le impiden dedicar todo su tiempo a los procesos democráticos. Por eso tenemos una democracia representativa. Aun así, para que la elección sea auténtica, la ciudadanía debe conocer las opciones disponibles para identificar las más afines a sus propios intereses. Quienes hemos criticado este proceso hemos advertido desde un inicio que, dada la cantidad de candidatos y puestos a cubrir, es absurdo asumir que una persona pueda recordar los nombres de todos los aspirantes, ya no hablemos de conocer bien sus perfiles.
Dada esta complejidad y la naturaleza de los procesos electorales, buena parte de los aspirantes ha acudido al espectáculo. En este teatro del absurdo vemos Tik Toks de aspirantes tirando papeles, comparándose con chicharrones, paseando por el centro histórico vestidas de guinda y más. Entre sus ocurrencias simplonas para atraer la atención se puede encontrar una que otra propuesta. Vemos consignas y declaraciones de afinidades partidistas, pero es prácticamente imposible encontrar propuestas que entren dentro de las facultades de los juzgadores.
En este proceso hemos aprendido, como bien dice Alan Jiménez, que “el lenguaje electoral no se acomoda bien a la función judicial”.[1] Esto se puede explicar por muchas razones, una de ellas es que la ciudadanía necesita criterios —aunque sean subjetivos o poco técnicos— para poder evaluar los distintos perfiles y tomar decisiones informadas. Por más culta que sea una persona, si no tiene una formación en Derecho, difícilmente sabrá qué hace un juez de distrito, un magistrado de sala superior, otro de circuito y otro del TEPJF. De la Suprema Corte podemos conceder que se sabe un poco más, aunque sin entender bien el Derecho Constitucional difícilmente se puede evaluar un trabajo adecuado o problemático de una ministra o ministro. Será aún más difícil evaluar objetivamente a quienes aspiran a una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué conocimientos y rasgos son preferibles para conformar este tribunal inventado?
Todo esto ilustra un problema de origen en la elección judicial: no se han llevado a cabo los esfuerzos pedagógicos necesarios para explicar las funciones de cada juzgador sometido a elección. La democracia exige, en su cualidad deliberativa, un mínimo de conocimientos necesarios para que el voto sea informado y, por lo tanto, válido. La legitimidad del voto popular recae en el supuesto de que es una auténtica expresión de la voluntad de los ciudadanos. Las decisiones democráticas son actos epistémicos, implican el desarrollo de creencias y la discusión sobre tales creencias para aumentar nuestro conocimiento. Lo que tenemos más bien es una lista de personajes entre los cuales es prácticamente imposible identificar las diferencias relevantes, lo que vuelve a uno u otro una mejor o peor opción en cada caso. Se nos pide votar a oscuras.
La única luz que hay es un foco artificial: el portal del INE donde se presentan los perfiles de todos los aspirantes.[2] Para informarse hay que leer los perfiles de más de 170 personas, salvo en algunos estados donde sólo habría que leer unos 117 perfiles. Aquella ciudadana o ciudadano que realmente quiera emitir un voto informado tendrá que empezar a dedicarle días enteros de aquí al 1º de junio para poder revisar los perfiles de todos los aspirantes de entre los cuales debe elegir.
Más allá de los perfiles problemáticos que han salido a la luz en los últimos días, hay que detenernos en lo fársico que resulta este proceso. Cuando las autoridades mismas no se toman en serio los procedimientos democráticos, no pueden esperar que la ciudadanía lo haga. Lo que estamos por vivir no es una elección, sino el reemplazo masivo de juzgadores por capricho de un expresidente. Ni más ni menos. Con todos los peligros que eso representa para la impartición de justicia y la construcción de un Estado de Derecho.
Abogado y analista político
X: @MartinVivanco
[1] Jiménez Díaz, Alan Mauricio, “¿Cuánta justicia vabe en una urna?”, Nexos, abril de 2025, disponible en: https://anticorrupcion.nexos.com.mx/cuanta-justicia-cabe-en-una-urna/?_gl=1*169ia1e*_ga*NTk0NDg2ODc2LjE3MzIzOTQ2NzI.*_ga_M343X0P3QV*MTc0NTM2OTU3Ni4zMi4xLjE3NDUzNjk2MTAuMjYuMC4w
[2] https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/
